Liliana Asunción Diaz Pinacho

Expediente 49/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
49/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Liliana Asunción Diaz Pinacho

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, MISMO QUE ES DESTRUIBLE.

  2. Principal

    Agréguese el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, y con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por recibidas las documentales consistentes en copia certificada de del auto de seis de febrero dos mil diecinueve, dictada en el expediente laboral dictado en el expediente laboral J/O/U/18/2014, de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: ".La omisión del señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos del incidente de liquidación en el expediente número J/O/U/18/2014." En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión del señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos del incidente de liquidación en el expediente número J/O/U/18/2014, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad. Ahora bien, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, la junta responsable acordó lo que en derecho corresponde en torno a la omisión de la autoridad responsable, señalando fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio laboral de origen (foja 30). En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos del incidente de liquidación en el expediente número J/O/U/18/2014, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, han cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de los actos que por esta vía se reclamaron, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No presenta obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se emita la presente sentencia no se haya emplazado al tercero interesado, dado que el sentido de esta determinación no modifica en forma alguna su situación jurídica ni se le deja en estado de indefensión. Al respecto, es aplicable por identidad jurídica, la tesis P.V/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 17 vuelta).

  3. Principal

    SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO.- REQUIÉRASE EL INFORME JUSTIFICADO QUE DEBERÁN RENDIR EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS.- SE FIJAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- SE TIENE POR OFRECIDAS LAS PRUEBAS QUE EXHIBE.- DESE LA INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

  4. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la demanda de amparo promovida por Liliana Asunción Díaz Pinacho, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 49/2019-2-C. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Ahora, tomando en consideración que, del contenido integral de la demanda, se advierte que la quejosa, por un lado señala como acto reclamado la omisión de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, de contestar el escrito de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente J/O/U/18/2014, en el cual promueve la planilla de liquidación de laudo. Por otra parte, refiere la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de liquidación. Por lo que, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos que reclama a la junta responsable; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracción IV y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a Liliana Asunción Díaz Pinacho, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído manifieste de forma específica lo siguiente: Si únicamente señala como acto reclamado la omisión de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, de contestar el escrito de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente J/O/U/18/2014, en el cual promueve la planilla de liquidación y los demás actos que refiere son sólo consecuencias del referido en primer término. O bien, si también reclama de forma destacada la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de liquidación relativo al expediente J/O/U/18/2014. Precise si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá POR NO PRESENTADA LA DEMANDA de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que deberá exhibir tres copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que una es para la autoridad responsable, una para el tercero interesado y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la misma. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en los términos que indica, los que señala en el proemio de su demanda. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma el licenciado EDUARDO GARIBAY ALARCÓN, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado HUMBERTO ZAVALA CALDERÓN, Secretario con quien actúa y da fe.

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