Liliana Araceli Beltrán Quiroz
Expediente 1210/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Liliana Araceli Beltrán Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes en el presente juicio de amparo, no se inconformaron en contra del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto. En razón de lo anterior, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo no mayor a NOVENTA DÍAS, recoja el documento que fue exhibido en el presente juicio; apercibida que de no cumplir con lo anterior dicho documento será destruido en su oportunidad, junto con el presente expediente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa; a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, del multicitado Acuerdo General. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante aviso de veintiuno de julio de dos mil veintidós y se notifica por medio de lista a la parte quejosa ******, el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes en el presente juicio de amparo, no se inconformaron en contra del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto. En consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por CONSENTIDA la determinación aludida. En razón de lo anterior, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo no mayor a NOVENTA DÍAS, recoja el documento que fue exhibido en el presente juicio; apercibida que de no cumplir con lo anterior dicho documento será destruido en su oportunidad, junto con el presente expediente. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso c, de la Ley de Amparo.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la resolución de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha SENTENCIA EN LA QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LILIANA ARACELI BELTRÁN QUIROZ, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. No obsta a la anterior determinación el hecho de que no haya transcurrido el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California y Actuario adscrito a dicha junta, toda vez que conforme al numeral 87 de la citada ley, carecen de legitimación para recurrir la sentencia correspondiente. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO En consecuencia, requiérase a las autoridades señaladas como responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como el actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la presente notificación, den cumplimiento al fallo protector concedido, a saber: "Deje insubsistente el señalamiento de fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 2304/2020-2B, hecho en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, y en su lugar, señale nueva data para la citada audiencia dentro del plazo de quince días, previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, dicte y ordene los actos necesarios para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada SKYWORKS SOLUTIONS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., en el domicilio señalado por la parte actora, aquí quejosa, de conformidad con el artículo 741 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, dentro de los plazos previsto en el artículo 873 de la invocada Ley". Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 124, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, registro 172759, cuyo rubro y texto dicen: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos - desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o interesesconstitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En el entendido de que los efectos de la protección constitucional aquí otorgada, no se hacen extensivos a los actos procesales posteriores, sino que debe atenderse al acto reclamado y al estudio procesal que guarda el expediente natural, para de ahí determinar con precisión la concesión correspondiente, ello en atención, a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a. CV/2013 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo que deberán informar a este Juzgado de Distrito, lo que hicieron en acatamiento al mismo; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, 192 de la Ley de Amparo. Apercibidas las autoridades responsables, que de no hacerlo así, se harán acreedoras en lo individual a una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con el numeral 258 de la Ley de la Materia, además, se procederá en términos de los artículos 192, 193 y 197 del precepto legal en comento. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Por otra parte, se ordena ingresar el presente asunto con los datos correspondientes en la lista de sentencias de amparo protectoras en la que se hace constar que se encuentran pendiente su cumplimiento. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.
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