Liliana Amayo Toribio

Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
580/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Liliana Amayo Toribio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de expresión de agravios del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual interpone recurso de revisión y formula agravios en contra de la resolución interlocutoria de catorce de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de suspensión en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes copias simples del oficio de expresión de agravios y una vez que obren en autos las constancias de notificación de la resolución interlocutoria recurrida y del presente proveído, con apoyo en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, remítase electrónicamente mediante oficio los datos del presente juicio de amparo y del oficio de expresión de agravios, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del correo electrónico correspondiente, a fin de que lo turne al Tribunal Colegiado que deba substanciar el recurso de revisión interpuesto en contra de la citada resolución. Asimismo, hágase del conocimiento de la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este Juzgado en materia de Amparo, que queda a su disposición en la actuaría de este Juzgado copia del oficio de expresión de agravios que le corresponde y que puede pasar a recogerla conforme los lineamientos previstos en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra pendiente el emplazamiento de la tercera interesada Mayerlin Nogeli Romero Balderas, en tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del tenor siguiente: "Registro digital: 238725 Instancia: Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 48, Tercera Parte, página 65 Tipo: Jurisprudencia TERCERO PERJUDICADO. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EFECTOS. La reposición del procedimiento por no haberse emplazado legalmente al tercero perjudicado trae como consecuencia la anulación del procedimiento cuya reposición se ordenó, a partir de la violación procesal cometida, incluyendo el desahogo de las pruebas rendidas en el mismo, motivo por el que dichas pruebas, en cuyo desahogo no tuvo intervención legal una de las partes, no deben tomarse en cuenta para dictar la nueva resolución que corresponda." En ese contexto, toda vez que se encuentra pendiente el emplazamiento de la referida tercera interesada y dado que en las constancias del juicio natural no se advierte algún otro domicilio en el que se pudiera ordenar su emplazamiento al presente juicio de amparo, por tanto; requiérase al quejoso Julio Rodríguez Vivanco para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe el domicilio actual, cierto y exacto de la tercera interesada Mayerlin Nogeli Romero Balderas; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos a su costa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo; previa investigación que se haga sobre la localización de la parte tercera interesada por parte de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, es procedente realizar la investigación de la localización de la tercera interesada; por tanto, gírese atento oficio al Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal en Puebla, para que por su conducto designe elementos a sus órdenes e investiguen el domicilio cierto y exacto de la tercera interesada Mayerlin Nogeli Romero Balderas, debiendo informar a este juzgado en el término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, el resultado de dicha investigación. Así también, gírense sendos oficios a Teléfonos de México, Sociedad Anónima en el Estado de Puebla, Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de Electricidad, Subsecretario de Movilidad y Transporte de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla; Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla "1" y "2", ambos del Servicio de Administración Tributaria, Jefe del Departamento de Registro Ciudadano y Extranjería en Puebla, Concesiones Integrales, sociedad anónima de capital variable, Director de Catastro en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, para el efecto de que se sirvan informar a este juzgado federal, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, si en los registros que se llevan en tal empresa y dependencias, aparece el domicilio cierto y exacto de la tercera interesada Mayerlin Nogeli Romero Balderas. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con residencia en Tehuacán, Puebla, a través de su Presidente y de los representantes de los Trabajadores y de los Patrones, por medio del cual exhiben copia certificada de diversas actuaciones del juicio laboral D-7/295/2020. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que se acompañan al oficio de cuenta. Ahora bien, de las constancias que se remiten al informe justificado se advierte que por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con residencia en Tehuacán, Puebla, tuvo por aprobado el convenio celebrado por la parte actora Liliana Amayo Toribio -aquí quejosa- y parte demandada en el expediente laboral D-7/295/2020, ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido y dejó sin efectos los incidentes de falta de personalidad promovidos por la parte actora en audiencia de catorce de julio de dos mil veintiuno, documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Liliana Amayo Toribio, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de resolver los incidentes de falta de personalidad promovidos en la audiencia de catorce de julio de dos mil veintiuno celebrada en el expediente laboral D-7/295/2020, del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con residencia en Tehuacán, Puebla; y, la junta responsable, por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós tuvo por aprobado el convenio celebrado por la parte actora Liliana Amayo Toribio -aquí quejosa- y parte demandada en el citado expediente laboral, ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido y dejó sin efectos los incidentes de falta de personalidad promovidos por la parte actora en audiencia de catorce de julio de dos mil veintiuno; lo que se acredita con las constancias recibidas. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haber dejado sin efectos los incidentes de falta de personalidad promovidos en el juicio laboral de origen por la parte actora -ahora quejosa- en audiencia de catorce de julio de dos mil veintiuno en el aludido juicio laboral, derivado del convenio celebrado entre las partes, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALESNACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, sin que se desatienda el hecho de que no obre el emplazamiento a juicio de los terceros interesados Universidad Popular de Tehuacán e Instituto Mexicano de Enfermería; toda vez que al advertirse la causa de sobreseimiento en análisis, no se considera necesario su emplazamiento, atendiendo a que la resolución que se dicta no les repara algún perjuicio. Lo anterior, encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia VI.2º.C. J/270 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1274, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN EL JUICIO." Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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