Liliana Alvarado Tecalco

Expediente 604/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
604/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Liliana Alvarado Tecalco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 604/2023-III-A AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Torreón, Coahuila, a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, quien actúa en unión del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y con los informes con justificación rendidos por las autoridades responsable, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación adscrito. . La Secretaria encargada del Despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con las pruebas existentes en este juicio. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ********************solicitó el amparo protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículo 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 604/2023-III, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto fracción VIII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una legislación estatal, con motivo de un acto de aplicación, en el que se aduce tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 324, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que ésta exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. i. La aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de los artículos 54, fracción II, inciso 1) 60, fracción II, inciso 3), 53-A, 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Administrador Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. ii. La aplicación de la norma reclamada, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenido en el recibo con número de folio ********************de tres de abril de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En lo que respecta a los actos de aplicación atribuidos a la autoridad responsable Administrador Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, debe destacarse que para los efectos de este juicio de amparo, no existen. Es así, pues el acto de ejecución que se le reclama, no puede ser imputado a esa autoridad, ya que la parte quejosa acreditó haberse autoaplicado los preceptos legales que reclama. Consecuentemente, el cumplimiento de la norma no puede ser atribuido a esa autoridad. De esta forma, sin prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de esa autoridad responsable. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuyen a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forman parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Máxime, que la norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV, febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados alegaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada, al constituir formatos de pago y no comprobantes de liquidación en institución bancaria. Debe desestimarse la actualización de esa causal de improcedencia. En efecto, contrariamente a lo aducido por las autoridades responsables, la parte quejosa sí exhibió documento idóneo para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, ofreció como prueba el recibo con número de folio ********************de tres de abril de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa, el cual cuenta con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia del mencionado formato único de pago, como si se tratara del documento con firma autógrafa, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por tanto, el recibo de pago en cuestión tiene plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, y gozan de valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2000, página 112, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS". Por otro lado, sí se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no demostró el acto de aplicación de los artículos 60 fracciones II, incisos 3), 53-A, 169 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, ya que dichos preceptos se refieren a diversos supuestos cuyas contribuciones no aparecen en el recibo de pago. Es así, pues del recibo electrónico con número de folio ********************de tres de abril de dos mil veintitrés, sólo se advierte que la parte quejosa realizó el pago de derechos por inscripción de una operación de compraventa. Por consiguiente, la parte quejosa no acreditó, en el caso concreto, que se hubieren aplicado en su perjuicio las disposiciones normativas antes citadas, y por ende, su interés jurídico; por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 4/99, sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, febrero de 1999, página 103, de rubro siguiente: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO". Luego, al no advertirse otra causal de improcedencia, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU RANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Decisión judicial. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda. La parte quejosa sostiene, en esencia, que el artículo 54, fracción II, inciso 1) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil veintitrés, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. Es así, debido a que los derechos por inscripción o registro de documentos que fueron motivo de los cobros reclamados se establecieron tomando en consideración al tipo de acto u operación que se contiene en el documento a inscribirse y al monto de la operación; y en el caso, para fijar el monto del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado representa la prestación del servicio independientemente del valor de la operación. En ese sentido, la tasa o cuota establecida no va en relación directa con el costo que representa para el Estado la prestación de ese servicio, ya que la cantidad a pagar depende del monto o valor de la operación que se contenga en el documento a inscribir; por lo que, el monto a pagar será distinto, atendiendo al valor de la operación, no obstante que para el Estado representa el mismo costo prestar el servicio de inscripción de los documentos cuando su valor sea de cierta cantidad, exceda de la anterior cantidad, o bien cuando se refiere a la cancelación de inscripciones en el registro o por inscripción de avisos preventivos por cada lote o inmueble, otorgando así un trato inequitativo y desproporcional. Asimismo, la parte quejosa argumenta que los preceptos impugnados al establecer que por los mismos servicios se cobren cantidades distintas, atendiendo tanto al valor de la operación como al contenido o denominación del documento a inscribir, se traduce en un trato desigual y desproporcional para sujetos que reciben el mismo servicio por parte del Estado, ya que contrariamente a ello, a la autoridad le genera el mismo esfuerzo y costo al inscribir un título o documento que contenga la transmisión de un inmueble que el cancelar la inscripción, aún y cuando no se conozca el importe de los derechos pagados para su inscripción. Así, en concepto de la parte quejosa, el artículo combatido es inconstitucional, porque otorga un trato distinto para sujetos que se encuentran en la misma situación, pues no obstante que el hecho generador del derecho es el mismo para todos -la inscripción o cancelación de inscripción-, la ley otorga un trato desproporcional e inequitativo, ya que atienden al valor de la operación y a la denominación formal del concepto. En conclusión, la parte quejosa sostiene que si existen diferentes cantidades, cuotas o montos para el pago de los derechos registrales, pero es igual el procedimiento que debe realizar el Registro Público de la Propiedad en todos los casos, es evidente que las cantidades o cuotas no guardan relación con el servicio prestado, pues atienden a un elemento ajeno que es, en el caso particular, el monto o valor de la operación a inscribir, así como la denominación formal del concepto, inscripción o cancelación. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que por razón de método, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se analizaran de manera conjunta, dada la simetría de su contenido, y en un orden distinto al que fueron planteados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". De inicio, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De la anterior trascripción, se colige que en materia tributaria las leyes y los actos realizados con apoyo en éstas, deben atender entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad, además de que toda contribución, debe cumplir con los requisitos de legalidad, que significa que debe estar prevista en la ley, ser equitativa y proporcional y destinarse a sufragar los gastos públicos; tratándose de derechos fiscales, éstos principios de proporcionalidad y equidad están regidos por un sistema distinto al de los impuestos, dada la naturaleza de este tipo de contribuciones. La contribución en análisis es un derecho, definido en el artículo 3º del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Entonces, los derechos por servicios, son una especie del género de las contribuciones, que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo. Así, la causa generadora de los derechos es la prestación de un servicio, característica que los distingue de las demás contribuciones, y para que cumplan con los principios de equidad y proporcionalidad establecidos el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el estado tenga la ejecución del servicio. Por su parte, el artículo 54, fracción II, inciso 1) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2023, establece lo siguiente: "Artículo 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (.) II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (veintitrés mil Ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. (...) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan". De los precepto legal transcrito, se observa que establece una cuota fija de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.), por la inscripción ante el Registro Público de los documentos que ahí se señalan, tales como la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por medio de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. Asimismo, se advierte que esa tarifa incluye los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Ahora bien, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, el citado artículo en modo alguno establece distintas tarifas ni hace distinción entre los actos jurídicos que son materia de inscripción, pues como se puede advertir de su contenido, éstos establecen la misma tarifa tanto para inscripción de documentos en los que se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado, así como aquéllos en los que conste la celebración de contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Dicho de otro modo, el precepto legal en análisis no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho -como es el valor de lo que ha de inscribirse-, toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $23,089.00 (veintitrés mil Ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.); por tanto, al fijar el legislador una cantidad para todos los casos en los cuales se solicite la inscripción o cancelación de inscripción se cubrirá la misma cuota establecida independientemente del monto de la operación. Además, tampoco existe un mecanismo que tome en consideración el monto de la operación del acto jurídico o documento a inscribir, para cuantificar el derecho por la inscripción, esto es, no se prevé algún elemento extraño para la fijación del costo, sino que, según esa norma, es igual para todos los que reciben el mismo servicio. Por tanto, si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolecen del vicio de inconstitucionalidad aducido, y por ende, no trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, el hecho que sobre la cuota fija señalada como contraprestación por la realización del servicio, el legislador hubiere determinado la aplicación de un estímulo fiscal que será calculado de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral o entre otros factores, ello no implica que se transgredan los principios de justicia tributaria, porque en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio, esto es $23,089.00 (veintitrés mil Ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.) y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal concedido por el legislador, el cual para nada incide o repercute en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, para poder considerar que el estímulo tenga una relevancia impositiva. Es así, porque éste no integra ni forma parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo el estímulo fiscal concedido por el legislador, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, debido a que el estímulo no está adherido a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa; por lo que, la aplicación del estímulo no rompe con la naturaleza del derecho de inscripción impugnado, pues primero se determina la tarifa que se está cobrando como contraprestación de acuerdo al costo fijado por el legislador y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal correspondiente. Así, aun cuando en algunos casos se aplica un estímulo del 80% y en otros no existe estímulo por el monto de la operación a registrar, por el valor de la operación; lo cierto es que ello no significa que la ley dé un trato distinto a personas que se encuentran en situaciones análogas, pues el valor de la contraprestación fijada por el legislador es igual para todos los sujetos que solicitan el servicio; y si bien, posterior a la determinación del pago de la contraprestación, se puede aplicar un estímulo al contribuyente dependiendo del valor de la operación, fijado de acuerdo a una tabla que va de un límite inferior a límite superior, esto de ninguna manera implica que se dé un trato inequitativo o desproporcional a personas que solicitan el mismo servicio, pues en este caso, el estímulo fiscal no incide o repercute en alguno de los elementos del derecho. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J.26/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, marzo de 2010, página 1032, de rubro siguiente: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.185/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, diciembre de 2010, página 497, de rubro siguiente: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA". Máxime, que la parte quejosa omitió aportar medios de prueba a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en el precepto 54, fracción II, inciso 1) de la Ley de Hacienda de Coahuila de Zaragoza, es superior al costo que tiene en el mercado, y por ende, desproporcional, pues únicamente exhibió como probanza la documental consistente en el recibo con número de folio ********************de tres de abril de dos mil veintitrés, el cual si bien tiene valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no es idónea para configurar un parámetro que permita determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1589, que señala lo siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, por lo que hace al artículo 54, fracción II, inciso 1) de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, asistida del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.L'MESC/L´JTV

  2. Principal

    "..."Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de ..., por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..... y la autoridad precisada en el resultando primero de la presente resolución, para los efectos precisados en el considerando séptimo de la misma. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de junio de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número ********************, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo ********************, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- No son materia de estudio los sobreseimientos decretados por el a quo en los considerandos tercero y quinto del fallo recurrido. --- SEGUNDO.- En la materia de revisión, se confirma la sentencia que se revisa. --- TERCERO.- Para los efectos precisados en el considerando octavo, de la sentencia que se revisa, la Justicia de la Unión, ampara y protege a ********************, contra los actos que reclamó del Congreso y Gobernador Constitucional ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Superior Jerárquico. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, para que le ordene a cumplir con la ejecutoria de amparo. Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de veinticuatro de marzo del actual, este juzgado federal se reservó proveer respecto del archivo del presente asunto, hasta en tanto, se tuviera conocimiento del resultado de las revisiones interpuestas en contra de las resoluciones interlocutorias dictadas dentro de los autos del incidente de suspensión derivado del presente asunto, lo que ya aconteció; por tanto, archívese este asunto como totalmente concluido. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

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