Lilian Natalia Huerta Núñez

Expediente 529/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
529/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
06/02/2018

Partes del expediente

  • Lilian Natalia Huerta Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio que suscribe la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso 16635/2017 del índice de este Juzgado, a través del cual se le envió el billete de depósito número N084605, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), cuya prescripción a favor del erario federal, se declaró en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que aún obra en la caja de valores de este tribunal el billete de depósito número N084605, que ampara la cantidad de $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), mismo que fue exhibido por la quejosa para garantizar la suspensión provisional que se le concedió en el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo número 529/2015-II, y que ha transcurrido el término de dos años previsto en los artículos 36 y 45 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, sin que la depositante haya solicitado la devolución del referido billete; por tanto, con apoyo en los preceptos en cita y además en los artículos 38 y 48 de la Ley de referencia, se declara la prescripción a favor del erario federal de la suma que ampara el mencionado certificado de depósito. Con trascripción de este proveído, envíese dicho documento transferido al Tesorero de la Federación; solicítese que acuse recibo, y en acatamiento de la circular DGT/04/2007, no se hace necesario informar sobre la transferencia a la Dirección General de Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, hágase del conocimiento el contenido de este proveído a la encargada de la caja de seguridad de este Juzgado, a fin de que haga la anotación correspondiente.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de diecinueve de agosto de dos mil quince, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por la quejosa *********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, en vista de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos; en el entendido que al tratarse de un asunto en materia penal, solo podrán hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la presente determinación.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual, en atención al requerimiento de once de los actuales, informa que el siete de julio del año en curso, la quejosa Lilian Natalia Huerta Núñez, compareció ante su potestad a rendir su testimonio en calidad de testigo dentro de la averiguación previa 493/2015 de su índice, remitiendo copia certificada de la constancia de referencia. Como de la referida documental, a la cual el suscrito le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que el siete de julio pasado, la quejosa compareció ante la citada responsable, dentro de la averiguación previa 493/2015. Lo anterior obliga a este Juzgado de Distrito a decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Como se puede observar, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos por la parte quejosa. En el caso, la solicitante del amparo reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Guanajuato, capital, el citatorio emitido dentro la averiguación previa 493/2015, para que se presentara ante dicha agencia el diez de junio de dos mil quince, a efecto de recabar su declaración ministerial en calidad testigo en el ilícito que se investiga; con el apericibimiento que de no presentarse en la fecha y hora señalada, se haría acreedora a una sanción prevista en el artículo 42 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Sin embargo, como se advierte de la constancia remitida por la autoridad responsable, resulta que al haber comparecido la quejosa ante el Agente Investigador a rendir su declaración, y cumplir así, con el fin del citatorio reclamado, que implicaba únicamente la presentación de la agraviada ante dicha agencia, es incuestionable que consintió el referido acto (el citatorio), por lo que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIII de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 del citado ordenamiento legal, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la referida audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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