Lilian Natalia Huerta Nuñez
Expediente 619/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lilian Natalia Huerta Nuñez
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, en la que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo de mérito, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, promovida por **, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Juez Único Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Juez Único Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato y Actuarios adscritos a dichos Juzgados, por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 619/2017-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida, así como las documentales agregadas, se estima que debe ser desechada de plano por su notoria e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, la cual es de estudio preferente, oficioso y de orden público; al efecto, dicho numeral señala: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de cuenta, se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: DE LA ORDENADORA. "LA ILEGAL E INMINENTE ORDEN DE DESPOSESION que pretende realizar en mi perjuicio del bien inmueble de mi propiedad, identificada como CASA HABITACIÓN UBICADA EN CARRETERA PANAMERICANA CELAYA-QUERETARO NUMERO 414 CUATROCIENTOS CATORCE CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE NUMERO 17 DIECISIETE, DE LA MANZANA 06, ZONA 02, DE LA CIUDAD DE APASEO EL ALTO, CON UNA SUPERFICIE DE 279.00 m 2, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE, EN 10.75 DIEZ METROS SETENTA Y CINCO CENTIMETROS CON CARRETERA PANAMERICANA; AL SURESTE, EN 29.50 VEINTINUEVE METROS CINCUENTA CENTIMETROS CON LOTES 02 DOS Y 18 DIECIOCHO; AL SUROESTE, EN 10.00 DIEZ METROS CON LOTE 03 TRES; AL NOROESTE, EN 27.50 VEINTISIETE METROS CINCUENTA CENTIMETROS CON LOTE 16 DIECISEIS". Tales actos, según lo señalado por la quejosa fueron de su conocimiento el día nueve de junio de dos mil diecisiete, al acudir al Juzgado Único de Partido Civil, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato y enterarse de que existe el expediente 354/2014. Afirmación de la que se desprende que *********, se ostenta tercera extraña al juicio C354/2014 del índice del Juzgado Único Civil de Partido, en Apaseo el Grande, Guanajuato, a partir de esa primera fecha. Ahora bien, dado que es un hecho notorio que dentro del juicio de amparo 784/2014 del índice de este Órgano de Control Constitucional, el cual se tiene a la vista, y se invoca como un hecho notorio para el suscrito, se advierte que en fecha dos de septiembre de dos mil catorce, la quejosa ***, promovió juicio de amparo contra de actos que a continuación se transcriben: ".DE LA ORDENADORA. Del C. Juez Único de Partido Civil de la Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato reclamo "LA ILEGAL ORDEN DE INSCRIPCION PARA MANTENER LAS COSAS EN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN, DE LA DEMANDA INICIAL PRESENTADA EN EL JUZGADO UNICO DE PARTIDO CIVIL DE LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, PROMOVIDO POR HILDA MARTHA CALLEJAS URIBE EN CONTRA DE KARLA PATRICIA RODRIGUEZ CAMACHO Y MARIA EUGENIA REYES GARCIA RADICADO COMO JUICIO ORDINARIO CIVIL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 354/2014 A EFECTO DE QUE SE PREVENCA A TERCEROS DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES MAERIA DE ESE JUICIO ENTRE ELLOS EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA CELAYA-QUERETARO NUMERO 414 CUATROCIENTOS CATORCE CONSTUIDA SOBRE EL LOTE NUMERO 17 DIECISIETE, DE LA MANZANA 06 SEIS, ZONA 2 DOS, DE LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, CON UNA SUPERFICIE DE 279.00 m 2, DOSCIENTOS SETENA Y NUEVE METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE, EN 10.75 DIEZ METROS SETENA Y CINCO CENTIMETROS CON CARRETERA PANAMERICANA; AL SURESTE, EN 29.50 VEINTINUEVE METROS CINCUENTA CENTIMETROS CON LOTES 02 DOS Y 18 DIECIOCHO; AL SUROESTE, EN 10.00 DIEZ METROS CON LOTE 03 TRES; AL NOROESTE, EN 27.50 VEINTISIETE METROS CINCUENTRA CENTIMETROS CON LOTE 16 DIECISEIS. INMUEBLE DEL CUAL SOY LA UNICA Y LEGITIMA PROPIETARIA Y POSEEDORA, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE INMOVILIZACION JUDICIAL DEL INMUEBLE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y LA INMINENTE DESPOSESIÓN DEL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD DERIVADA DE DICHO JUICIO, LO ANTERIOR SIN QUE HAYA SIDO OÍDA Y VENCIDA EN JUICIO Y EN FLAGRANTE VIOLACIÓN DE MI DERECHO DE AUDIENCIA. ".DE LA EJECUTORA. Del C. Actuario adscrito al Juzgado Único de Partido Civil de la Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato reclamo la ejecución del acto de autoridad emitido por la responsable ordenadora. Del C. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, reclamo la ilegal inscripción realizada en el folio real R4*10483, correspondiente al inmueble de mi propiedad, mismo que ya se encuentra detallado en el presente escrito y que solicito se me tenga por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias, en cumplimiento a la orden emitida por la autoridad responsable ordenadora. Asimismo, reclamo de dicha autoridad, la inmovilización por orden judicial, por hechos posiblemente delictuosos al folio real R$4*10483, correspondiente al inmueble de mi propiedad, mismo que ya se encuentra detallado en el presente escrito y que solicito se me tenga por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias, inmovilización que se estima por demás ilegal y carente de los requisitos mínimos de fundamentación y motivación pues no existe orden judicial que ordene la inmovilización en el folio real de dicho inmueble por "hechos posiblemente delictuosos", pues al efecto refiero que la única orden que existe es la derivada del acto de autoridad que se reclama a la autoridad responsable ordenadora señalada en el presente juicio". Actos los anteriores que se hicieron derivar del expediente C354/2014, del índice del Juzgado Único Civil de Partido, en Apaseo el Grande, Guanajuato. En cuanto al conocimiento de los citados autos, es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De lo anterior expuesto, se advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado; toda vez que la demanda de amparo fue presentada por el promovente en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el segundo de los preceptos legales invocados y con ello consentida, conforme al primero de los mencionados artículos. Es aplicable la jurisprudencia J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página 1035, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Así como la diversa tesis del Semanario Judicial de la Federación, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIII-Enero, Octava Época, consultable a página 201, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición." Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esto es, del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y del diverso numeral 61 fracción XIV, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el indicado artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que como se puso en evidencia, en fecha dos de septiembre de dos mil catorce, la quejosa interpuso demanda de amparo la cual por turno toco conocer a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, la cual quedó registrada con el número 784/2014, lo que se advierte del matasellos estampado a la demanda de amparo. Por tanto, se desprende que la quejosa perdió desde esa fecha la calidad de tercera extraña al juicio del que derivan los actos ahora reclamados, al tener pleno conocimiento de que en dicho juicio es involucrado el bien inmueble cuya propiedad y posesión aduce tener. Por lo que, quedó obligada a reclamar cualquier acto que en relación al mismo pudiere llegar a afectarla, y si no lo hizo así, debe estimarse que los consintió tácitamente al ser ahora la desposesión del bien inmueble identificado como casa habitación ubicada en Carretera Panamericana Celaya-Queretaro, número cuatrocientos catorce y demás actos que fueron identificados en el presente juicio de amparo, una consecuencia lógica y jurídica de lo citado en el diverso juicio C354/2014, del índice del juzgado responsable. Por lo que si la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados el dos de septiembre de dos mil catorce, al formular su nueva demanda hasta el nueve de junio de dos mil diecisiete, es indudable que lo hizo fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que se estima extemporánea. Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que al efecto señala el segundo de los preceptos legales invocados; se desecha la demanda promovida por ****. Es aplicable la Tesis consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, Materia Común, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Y por lo que informa, en su parte conducente, la Jurisprudencia número 27/96, obtenida de la Contradicción de Tesis número 30/94, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, visible en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Materia Común, instancia del Pleno; cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (El subrayado es de este Juzgado de la Federación). Es de precisarse que son aplicables las tesis invocadas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Ahora bien, a efecto de realizar las notificaciones personales que surjan durante la tramitación del presente juicio de amparo, se habilitan días y horas inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. En razón de que la parte quejosa señala los estrados para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente (por conducto de su autorizado), por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizada en amplios términos a la licenciada Alma Guadalupe Solorzano Rodríguez, toda vez que tiene debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos restringidos del artículo invocado a las restantes personas. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : ÚNICO.- Se DESECHA DE PLANO, la demanda de amparo promovida por ******, por las razones y consideraciones expuestas en el presente proveído.
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