Lilian MartìNez MartìNez
Expediente 863/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lilian MartìNez MartìNez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de once de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el auto que SOBRESEE fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por la quejosa Lilian Martínez Martínez, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al sobreseerse el juicio de amparo y el incidente de suspensión relativo es destruible al negarse la suspensión provisional y definitiva, por lo que se ubican en las hipótesis previstas en el capítulo octavo, artículo 21, incisos a) y c), del Acuerdo General citado. Devolución de constancias. Ahora bien, toda vez que el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, las constancias que acompaño a su informe justificado, consistente en legajo de copias certificadas del expediente 1011/2018. Notifíquese...MESA 3
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de diciembre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con el mismo a las partes y hágase relación de él al celebrarse la audiencia constitucional. Sin que se advierta que el correo electrónico que señala la oficiante sea para que se le haga llegar el vínculo para la audiencia respectiva, por lo que se entiende que es su deseo no comparecer. Sin perjuicio de que pueda manifestar lo contrario con posterioridad. Tomo de pruebas. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexa la autoridad responsable al oficio de cuenta, fórmese legajo de pruebas con las copias certificadas del expediente 1011/2018, de su índice, por separado en un tomo, mismo que se encuentra debidamente sellado, foliado y rubricado, con la certificación correspondiente en la parte posterior del tomo; por ende quien esto juzga considera que no ha lugar a colocar en el entresello de este juzgado en cada una de las fojas dado a que las mismas se encuentran certificadas por la autoridad responsable y por tanto a dichas documentales este juzgador federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama la omisión del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, de acordar la prueba documental ofrecida en el expediente 1011/2018, consistente en copia certificada de la audiencia previa de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el Juicio Oral Familiar de Perdida de Patria Potestad 567/2019, del índice del Juzgado Séptimo Oral en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, en esta data se tiene por recibido el informe justificado del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en el que anexa copias certificadas del Juicio de Controversia de Violencia Familiar 1011/2018, de su índice, en las que se advierte que emitió un acuerdo de veinte de noviembre del año en curso, en el que en esencia refiere que en virtud que el veintiséis de octubre del año en curso, no realizó pronunciamiento en relación a la documental pública consistente en copia certificada de la audiencia previa de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida en el Juicio Oral Familiar de Pedida de Patria Potestad, promovido por Lilian Martínez Martínez, por propio derecho y en representación de sus hijos de identidad reservada e iniciales S.B.M y S.B.M., en contra de Marco Antonio Batalla Rodríguez, radicado en el Juzgado Séptimo Oral en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el expediente 567/2019. Determinó regularizar el procedimiento en el Juicio de Controversia de Violencia Familiar 1011/2018, y en términos de los artículos 1.250, 1.251, 1.265, fracción II, 1.293 y 1.359, del Código adjetivo de la materia, admitió y tuvo por desahogada la prueba ofrecida por la quejosa en el juicio de origen y que constituye el acto reclamado, consistente en copia certificada de la audiencia previa de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el Juicio Ora Familiar de Perdida de Patria Potestad 567/2019, del índice del Juzgado Séptimo Oral en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De conformidad con lo establecido con los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este juzgador le da pleno valor probatorio a las constancias remitidas por la autoridad responsable, donde acredita su dicho. De lo anterior, antes expuesto se advierte la actualización de la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, del dispositivo legal invocado, mismos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. En efecto de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En el caso en concreto, la quejosa acudió a la presente instancia reclamando la omisión del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, de acordar la prueba documental ofrecida en el expediente 1011/2018, consistente en copia certificada de la audiencia previa de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el Juicio Oral Familiar de Perdida de Patria Potestad 567/2019, del índice del Juzgado Séptimo Oral en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, como ya se estableció en párrafos que anteceden el Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, regularizó el procedimiento en el Juicio de Controversia de Violencia Familiar 1011/2018, y en términos de los artículos 1.250, 1.251, 1.265, fracción II, 1.293 y 1.359, del Código adjetivo de la materia, teniendo por admitida y desahogada la prueba documental ofrecida por la quejosa, consistente en copia certificada de la audiencia previa de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el Juicio Oral Familiar de Perdida de Patria Potestad 567/2019, del índice del Juzgado Séptimo Oral en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por tanto, los actos reclamados de los que se duele la parte quejosa, como se advierte de las constancias que obran en autos, han cesado, en tal circunstancia, es dable sostener que éste ha quedado insubsistente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. De ahí que al haber cesado la conducta que reclamó el peticionario de amparo, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, del dispositivo legal invocado; en consecuencia, se sobresee el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados al Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta y minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese.
- Incidental
En Naucalpan de Juárez, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia incidental relativa al juicio de amparo 863/2020, promovido por Lilian Martínez Martínez, por derecho propio, contra actos del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, ante el suscrito Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; con fundamento en el numeral 144 de la Ley de Amparo, y asistido de la licenciada Ingrid Maleny Meraz Marrufo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se declara abierta. La secretaria da cuenta con el escrito de demanda presentado por Lilian Martínez Martínez, por derecho propio, el once de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, proveído de trece siguiente en el que se proveyó acerca de la suspensión provisional, se requirió a la autoridad rindiera informe previo y se fijó fecha y hora para que tuviera lugar la presente diligencia; las constancias de notificación correspondientes y el informe previo rendido por la responsable. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar y por rendido el informe previo. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. Abierto el periodo de pruebas, la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho en este incidente, con lo que se concluye dicha etapa. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se cierra la etapa. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo relativo al juicio de amparo 863/2020, promovido por Lilian Martínez Martínez, por derecho propio, contra actos del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, por violación a los artículos 4°, 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. En la demanda de amparo por Lilian Martínez Martínez, por derecho propio, solicitó la suspensión provisional de los actos que reclamó del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, mismos que hizo consistir en su omisión de pronunciarse en el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el expediente 1011/2018, respecto de la prueba documental consistente en la copia certificada de la audiencia previa de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veinte, dentro del Juicio Oral de Perdida de Perdida de Patria Potestad, promovido por la suscrita en contra de Marco Antonio Batalla Rodríguez, radicado en el expediente 567/2019, del índice del Juzgado Séptimo Oral en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. SEGUNDO. Por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se proveyó sobre la medida precautoria solicitada, se solicitó el informe previo y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental; la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad señalada como responsable Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, consistente en la omisión de pronunciarse en el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el expediente 1011/2018, respecto de la prueba documental consistente en la copia certificada de la audiencia previa de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veinte, dentro del Juicio Oral de Perdida de Perdida de Patria Potestad, promovido por la suscrita en contra de Marco Antonio Batalla Rodríguez, radicado en el expediente 567/2019, del índice del Juzgado Séptimo Oral en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ello, porque así lo manifestó al rendir informe previo. SEGUNDO. Previo al estudio de la suspensión definitiva, es importante señalar que este juzgador se encuentra legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias legales en que deban quedar las cosas de la medida cautelar solicitada, sin importar que los efectos sean diferentes a los señalados por la parte quejosa, pero sin perder de vista el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis 2019200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. En consecuencia, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que puede decretarse mientras no se falla en definitiva y por sentencia firme el amparo y tiene por objeto: a) Mantener viva la materia del juicio o sea el acto reclamado, evitando que llegue a consumarse de modo irreparable y sea necesario decretar el sobreseimiento del amparo; b) Impedir que la quejosa siga sufriendo los daños y perjuicios causados por el acto reclamado, hasta el punto de hacerlo irreparable. La medida cautelar exige, por ello, un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que es el que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales, es decir, sobre la existencia de la apariencia de un derecho; así, cuando existe la presunción de que la demanda es fundada, el juez debe acogerla provisionalmente, pues es suficiente, en tal supuesto, la invocación de un derecho justificado a primera vista de la demanda. Ahora, al proveer sobre la medida cautelar solicitada, primeramente, se debe de tomar en consideración que los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe reunir, para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la quejosa con su ejecución; c) Los daños y perjuicios que la suspensión origine a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la quejosa. En ese sentido, se tiene que en relación con el acto reclamado se está en presencia de un acto consumado, contra el cual resulta improcedente decretar la medida cautelar, pues de hacerlo se estaría dando efectos restitutorios, mismos que son propios de la sentencia que en su caso se pronuncie en el amparo principal, por lo que no es factible otorgar la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a esta consideración, la Jurisprudencia número 37, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, tomo 60, en diciembre de mil novecientos noventa y dos, página 81, cuyo rubro y texto son: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efecto restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Sin que haya lugar a emitir mayor razonamiento al respecto, aun cuando en el caso estén involucrados derechos de menores; ello, porque en el informe previo la autoridad responsable hizo del conocimiento de esta autoridad que el veinte de noviembre de dos mil veinte, regularizó el procedimiento y tuvo por admitida la prueba que ofreció la quejosa e incluso la desahogó en función de su naturaleza. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 140, 142, 144 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Lilian Martínez Martínez, por derecho propio, en contra de los actos que reclamó del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, bajo las consideraciones expuestas en el último considerando. Notifíquese.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el informe previo que rinde la autoridad responsable Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México; dése vista con el mismo a las partes; hágase relación de éste al celebrarse la audiencia incidental, lo anterior, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Correo electrónico. Por su parte, la autoridad responsable Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, señala el correo: jdofamiliar.zumpango@pjedomex.gob.mx, número telefónico 5911005228, y como persona para confirmar la recepción de las comunicaciones relacionadas con este sumario a María Guadalupe Araceli Rico Ramírez. Atento lo anterior, póngase en conocimiento de la sección de Actuaría, a efecto de que tome en cuenta dicha información al momento de realizar las subsecuentes notificaciones relacionadas con el presente asunto. Notifíquese...MESA 3
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