Lilian Karina Beltrán Corchado
Expediente 554/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Lilian Karina Beltrán Corchado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, para conocimiento de la quejosa Lilian Karina Beltrán Corchado, como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. II. Se desahoga prevención. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa Lilian Karina Beltrán Corchado, donde desahoga la prevención ordenada en acuerdo de veinte de agosto del año en curso. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen, así como del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.". (Octava Época. Registro 221353.Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, noviembre de 1991, materia común, página 198). En el caso, del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La negativa a otorgarle la pensión por invalidez no obstante de tener un dictamen de incapacidad permanente. Negativa que reclama al Subdelegado en Mazatlán del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación Mazatlán, pues expresa que el veintiocho de diciembre de dos mil quince, le fue emitido dictamen de invalidez definitiva, por lo que el seis de febrero de dos mil dieciséis, inició su trámite de pensión por incapacidad. Asimismo, de las constancias que anexa a su escrito de demanda se advierte que el dos de julio del presente año, el Encargado de Departamento de Pensiones Subdelegacional, emitió resolución en la que determinó negar a la aquí quejosa la pensión por invalidez, en virtud de no tener el periodo mínimo de doscientas cincuenta semanas de cotización que establece el artículo 122 de la Ley del Seguro Social para su procedencia. En tal escenario, es evidente que se trata de actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con motivo de una controversia entre la aquí quejosa como asegurada y el mencionado Instituto sobre las prestaciones que la ley del Seguro Social otorga. Por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que previo a instar el juicio constitucional, la promovente debió impugnar el acto reclamado a través del recurso de inconformidad a que refieren los artículos 292 y 294 de la Ley del Seguro Social, o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo señala el numeral 295 del señalado cuerpo legal. El precepto constitucional inicialmente invocado, textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (...)" El texto del artículo transcrito consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, el cual establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le afecta, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Sentado lo anterior, los artículos 292, 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, establecen: "Artículo 292. En los acuerdos relativos a la concesión, al rechazo, o a la modificación de una pensión, se expondrán los motivos y preceptos legales en que se funden y, asimismo, se expresará la cuantía de tal prestación, el método de cálculo empleado para determinarla, y, en su caso, la fecha a partir de la cual tendrá vigencia. En el oficio en que se comunique el acuerdo relativo, se hará saber al interesado el término en que puede impugnarlo, mediante el recurso de inconformidad. Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos. Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." De la interpretación armónica de tal dispositivo, se aprecia que el acto que por esta vía se reclaman, es impugnable a través del recurso de inconformidad del que conoce el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que procede dicho recurso en contra de la negativa a otorgarle la pensión por invalidez que reclama en esta vía constitucional, en tanto se trata de un acto emitido por dicho Instituto como ente asegurador que fija una controversia con la aquí quejosa como asegurada. Asimismo, tiene opción la quejosa de acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en demanda de dicha prestación, sin que para ello sea necesario que agote el recurso de inconformidad, como lo establece el precitado artículo 295 de la Ley del Seguro Social. Lo anterior, por así considerarlo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Conforme a lo dispuesto en el citado artículo 295, las controversias entre los asegurados y sus beneficiarios, por una parte, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, relacionadas con las prestaciones que prevé el propio ordenamiento podrán plantearse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, siempre y cuando se agote previamente el recurso de inconformidad. Ante tal condición o presupuesto procesal, tomando en cuenta que las prestaciones contempladas en la Ley del Seguro Social tienen su origen en una relación jurídica en la que tanto los asegurados y sus beneficiarios, como el mencionado instituto, acuden desprovistos de imperio, pues aquélla deriva por lo general de una relación laboral o de la celebración de un convenio, y que a través de las diversas disposiciones aplicables el legislador ha reconocido, por su origen constitucional, la naturaleza laboral del derecho de acción que tienen aquéllos para acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a solicitar el cumplimiento de las respectivas prestaciones de seguridad social, esta Suprema Corte arriba a la conclusión de que la referida obligación condiciona en forma injustificada el derecho de acceso efectivo a la justicia que garantiza el artículo 17 de la Constitución General de la República, ya que tratándose de la tutela de prerrogativas derivadas de una relación entablada entre sujetos de derecho que acuden a ella en un mismo plano, desprovistos de imperio, no existe en la propia Norma Fundamental motivo alguno que justifique obligar a alguna de las partes a agotar una instancia administrativa antes de solicitar el reconocimiento de aquellos derechos ante un tribunal, máxime que en el caso en estudio la instancia cuyo agotamiento se exige debe sustanciarse y resolverse por una de las partes que acudió a la relación jurídica de origen; destacando, incluso, que tratándose de controversias de las que corresponde conocer a una Junta de Conciliación y Arbitraje, en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la propia Constitución, no se sujetó el acceso efectivo de los gobernados a requisitos de esa naturaleza. Debe considerarse, además, que la regulación del referido recurso administrativo, prevista en el reglamento respectivo, desconoce los requisitos y prerrogativas que para hacer valer la mencionada acción laboral prevé la Ley Federal del Trabajo, generando un grave menoscabo a los derechos cuya tutela jurisdiccional puede solicitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje." (Novena Época, Registro: 188737, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): Constitucional, Laboral, Tesis: P./J. 114/2001, Página: 7 ) Por tanto, en todos los casos derivados de las controversias señaladas, antes de acudir al juicio de amparo, necesariamente se debe impugnar el acto administrativo a través del recurso del recurso ordinario (inconformidad), o bien ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que corresponda. Máxime que en la especie no se advierte que se esté en los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, la medida suspensional y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal; tales hipótesis son las siguientes: 1.- Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; 2.- Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o; 3.- Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Bajo tales premisas, la quejosa reclama la resolución por la que se le niega el otorgamiento de la pensión por invalidez, por considerar que no reúne el periodo mínimo de doscientas cincuenta semanas de cotización que para su procedencia prevé el artículo 122 de la Ley del Seguro Social, que le fue comunicada el veintinueve de julio de este año. Entonces, el acto reclamado no carece de fundamentación, en tanto se expresa el dispositivo legal que lo sustenta. Tampoco se combaten sólo violaciones directas la Constitución, porque en la demanda la impetrante señala que no se consideraron las trescientas treinta semanas cotizadas, lo que la priva de una pensión decorosa; aspecto este que implica una cuestión de legalidad. Asimismo, los medios ordinarios de impugnación procedentes se encuentran previstos en la Ley aplicable. De ahí que, al no ubicarse en ningún supuesto de excepción, la quejosa se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien acudir a juicio laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establecen los numerales 292, 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, previo a la promoción del juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." (Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable a página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación). Por las razones expuestas, resulta operante de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Anel Peña Solís, Secretaria que autoriza y da fe. Lic. Sergio López Valdez Actuario Judicial
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Notifíquese en términos de ley.
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