Lilian Cisneros Martínez

Expediente 641/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
641/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/09/2018

Partes del expediente

  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México
  • Lilian Cisneros Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, y este Juzgado, respecto de la substanciación de la demanda de amparo promovida por Lilian Cisneros Martínez, misma que resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se declara que el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, es legalmente competente para conocer de la demanda y, por ende, del juicio de garantías 623/2018, promovido por Lilian Cisneros Martínez contra los actos y las autoridades que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria, por lo que con testimonio de esta ejecutoria, remítasele ese juicio para los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO. Para su conocimiento, envíese copia certificada de la presente resolución al Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declarado que este Juzgado es incompetente para la substanciación del mismo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado, residente en Córdoba, Veracruz, a través del cual devuelve los autos del juicio de amparo 641/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado en su estadística bajo el número 623/2018, en virtud de que no aceptó la competencia planteada por este juzgado federal, por las razones que ahí expone. Al respecto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y acúsese el recibo de estilo. SE PLANTEA CONFLICTO COMPETENCIAL. Ahora bien, del oficio que se provee se desprende que el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, no aceptó la competencia declinada por este juzgado federal, al considerar que, en el caso, se actualiza la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que las consecuencias jurídicas y materiales del acto reclamado por la quejosa se pueden resentir en diversos lugares, en donde ejercen jurisdicción diferentes Juzgados de Distrito. Al respecto, el suscrito juzgador considera que si bien es cierto que actualmente los usuarios de servicios financieros, dentro de los que se incluyen aquellos prestados por las instituciones de crédito (bancos), pueden disponer de los recursos depositados en las cuentas bancarias de las que son titulares en cualquier sucursal de éstas, e incluso a través de computadoras y demás dispositivos móviles existentes y útiles para dicho fin, por lo que no se encuentran constreñidos a acudir personal y directamente a la sucursal en la cual se contrató la cuenta correspondiente. No menos es cierto es que, tratándose del embargo de una cuenta bancaria, tiene eficacia necesariamente en el lugar en que se materializa o ejecuta el mandamiento relativo, es decir, el lugar en que se encuentre la sucursal bancaria que corresponde a la cuenta, lo que en el caso es la ciudad de Córdoba, Veracruz; ello, pues del escrito aclaratorio presentado por la quejosa Lilian Cisneros Martínez, en la Oficialía de Partes de este Juzgado el diecisiete de julio del año en curso y de los anexos que al mismo acompañó, se desprende que la cuenta Santander PYME 65-50624124-0, de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, fue aperturada en Córdoba, Veracruz, en la sucursal 7743 SHANGRI-LA, con domicilio en Boulevard Córdoba Fortín, sin número, colonia Santa Leticia. Lo anterior, es así pues la orden de embargo no produce por sí misma un cambio material en el orden fáctico, dado que con ella no se ve modificada la situación del particular, sino que es hasta el momento en que propiamente se realiza el embargo en la sucursal correspondiente, cuando se actualiza dicho perjuicio. Ilustra lo anterior la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACION, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZO EL SECUESTRO. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que sí requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material." (Lo subrayado es propio). En esa misma línea se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, en la que analizó la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida contra los artículos 40, fracción III, y 145 A del Código Fiscal de la Federación, que autorizan el aseguramiento de bienes, con motivo de su aplicación consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, concluyendo que para determinar la competencia debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión; de ahí que, estimó que la competencia para conocer de la demanda de amparo, debe fincarse a favor del juez de distrito del lugar que se materialice la orden, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. Robustece lo anterior, la manifestación de la quejosa en relación a que el embargo de la cuenta Santander PYME 65-50624124-0 (acto reclamado), se materializó en la sucursal 7743, SHANGRI-LA, de la institución de crédito Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, ubicada en Córdoba, Veracruz, misma sucursal en la que la quejosa aperturó la referida cuenta, ya que el cinco de julio de dos mil dieciocho, al acudir a las instalaciones de ésta, personal del citado banco le informó que la cuenta se encontraba bloqueada por instrucciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que se considera que el acto reclamado produjo un cambio material en el mundo fáctico en ese lugar (Córdoba, Veracruz) y momento. Por lo anterior, no se considera que actualice la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Artículo 37. [.] Si el acto reclamado puede tener ejecución en un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. [.] Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en la primera regla competencial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer la demanda de amparo el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama se haya ejecutado. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.] Por lo antes expuesto, este Juzgado de Distrito, respetuosamente, no comparte el criterio del homólogo federal, toda vez que, como lo manifiesta la quejosa, bajo protesta de decir verdad, la cuenta bancaria la aperturó en una sucursal de Córdoba, Veracruz; además, el acto reclamado tuvo ejecución dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, actualizándose por ese hecho la regla competencial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, pues como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como lo sostiene este juzgador, la orden de inmovilización no produce por sí misma un cambio material en el mundo fáctico y sólo se materializa cuando el particular se ve imposibilitado para realizar movimientos, disponer de sus fondos o incluso cancelar su cuenta bancaria, lo que en la especie, aconteció en la sucursal 7743, SHANGRI-LA, de la institución de crédito Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, ubicada en Córdoba, Veracruz. Ello en virtud de que la orden de inmovilización no produce por sí misma un cambio material en el mundo fáctico, y sólo se materializa cuando el particular se ve imposibilitado para realizar movimientos, disponer de sus fondos o incluso cancelar su cuenta bancaria, ya que dicha sucursal ha recibido la instrucción de la autoridad responsable para no permitir tales acciones. Aunado a lo anterior, en términos de la ejecutoria analizada por el Juez de Distrito oficiante, de la que derivó la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO", se hace evidente que el criterio de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en vigor es que, cuando sean competentes varios Jueces de Distrito por la naturaleza misma de la ejecución material (del acto), cualquiera de ellos, a prevención, conocerá de la demanda, cuando la orden de aseguramiento se materialice en diversos lugares; esto es, el homólogo federal reconoce que la competencia a prevención de los Jueces de Distrito, está condicionada a que la orden de aseguramiento se materialice en varios lugares. Sin embargo, del escrito inicial de demanda y el diverso aclaratorio, se advierte que el aseguramiento de la cuenta bancaria de la que es cotitular la impetrante de amparo, se ha materializado únicamente en la ciudad de Córdoba, Veracruz; y si bien, los efectos del aseguramiento de la cuenta bancaria podrían resentirse en la ciudad de Xalapa, Veracruz, o cualquier otra dentro del territorio nacional, lo cierto es que sólo se han surtido en la primera ciudad en cita, como se advierte de las manifestaciones realizadas por la quejosa, por lo que es inconcuso que se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de amparo. En ese sentido, se desprende que si bien es cierto, como lo señala el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia Córdoba, la demanda de amparo promovida por Lilian Cisneros Martínez fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, lugar donde la orden de aseguramiento reclamada podría tener ejecución, también lo es que la misma, a decir de la quejosa, sólo ha tenido ejecución en la sucursal de esa institución bancaria con sede en Córdoba, Veracruz, donde precisamente la quejosa realizaba la disposición de los recursos depositados en la cuenta bancaria asegurada, por lo que es evidente que conforme al primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer el presente juicio de garantías recae en cualquiera de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba. En ese orden de ideas, conforme a las consideraciones establecidas en el proveído de diecisiete de julio de dos mil dieciocho y las aquí aducidas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito insiste en declinar la competencia planteada; en consecuencia, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, con sede en Boca del Río, Veracruz, a fin de que sea éste quien resuelva respecto al conflicto competencial suscitado. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juez Decimosexto de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Subprocurador de Asuntos Contenciosos en representación del Director General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento que se le formuló por auto de diez de julio del año en curso, informa que tiene un impedimento legal para dar cumplimiento a este, toda vez que la dependencia a su cargo no ordenó, emitió o ejecutó el bloqueo de la cuenta bancaria Santander PYM 65-50624124-0 de Banco Santander México a nombre de la promovente Lilian Cisneros Martínez; al respecto agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa Lilian Cisneros Martínez, mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló por auto de diez de julio del año en curso; al respecto, se tiene por desahoga la prevención en comento. Ahora, de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La orden de embargo, bloqueo, aseguramiento o congelamiento de la cuenta bancaria Santander PYME 65-50624124-0, clave 014863655062412405, sucursal 7743, SHANGRI-LA, de la institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Ahora, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente el Juez donde se haya presentado la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda de amparo. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Establecido lo anterior, es preciso destacar algunos antecedentes del acto reclamado que señaló la quejosa, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. 1. Que el cinco de julio de dos mil dieciocho, acudió a la sucursal 7743, SHANGRI-LA, de la institución de crédito Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a efecto de realizar un depósito en la cuenta Santander PYME 65-50624124-0, clave 014863655062412405, cuando le informaron que dicha cuenta se encontraba bloqueada por instrucciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Ahora, del escrito por el que la quejosa desahogó la prevención que se le formuló por auto de diez de julio del año en curso, manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. El monto de la cuenta Santander PYME 65-50624124-0, clave 014863655062412405, al cinco de julio del año en curso, era de $127,355.04 (ciento veintisiete mil pesos trescientos cincuenta y cinco pesos 04/100 M.N.). 2. La cuenta Santander PYME 65-50624124-0, clave 014863655062412405, la aperturó en la ciudad de Córdoba, Veracruz, para lo cual anexó diversas documentales entre ellas la que le proporcionó la Institución Financiera al momento de la apertura. Ahora bien, cabe precisar que en tratándose del embargo de una cuenta bancaria, tiene eficacia necesariamente en el lugar en que se materializa o ejecuta el mandamiento relativo, es decir, el lugar en que se encuentre la sucursal bancaria que corresponde a la cuenta. Lo anterior, es así pues la orden de embargo no produce por sí misma un cambio material en el orden fáctico, dado que con ella no se ve modificada la situación del particular, sino que es hasta el momento en que propiamente se realiza el embargo en la sucursal correspondiente, cuando se actualiza dicho perjuicio. Ilustra lo anterior la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACION, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZO EL SECUESTRO. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que sí requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material." En esa misma línea se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, en la que analizó la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida contra los artículos 40, fracción III, y 145 A del Código Fiscal de la Federación, que autorizan el aseguramiento de bienes, con motivo de su aplicación consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, concluyendo que para determinar la competencia debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión. De ahí que estimó que la competencia para conocer de la demanda de amparo, debe fincarse a favor del juez de distrito del lugar que se materialice la orden, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. De lo antes expuesto, se considera que es competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materializó la inmovilización de la citada cuenta, es decir, la ciudad en que se encuentre la sucursal bancaria en la que se aperturó la misma, esto es, Córdoba, Veracruz. Ello en virtud de que la orden de inmovilización no produce por sí misma un cambio material en el mundo fáctico, y sólo se materializa cuando el particular se ve imposibilitado para realizar movimientos, disponer de sus fondos o incluso cancelar su cuenta bancaria, ya que la dicha sucursal ha recibido la instrucción de la autoridad responsable para no permitir tales acciones. Determinación que apoyó, en la jurisprudencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente, por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Córdoba, quien es el que tiene jurisdicción en el lugar donde se materializó el embargo, es decir, donde se encuentra la sucursal respectiva, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer de la presente demanda de garantías y con apoyo en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Córdoba, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a esos Juzgados, para que determine al respecto, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda y autógrafa de este acuerdo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Lilian Cisneros Martínez, contra actos reclamados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 641/2018. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LOS QUEJOSOS PARA QUE ACLAREN LA DEMANDA. Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda conforme de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el artículo 108, fracción V, de la referida ley que en lo referente establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; De este modo, cuando se hubiera omitido en la demanda alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ley de la materia, el Juzgado de Distrito mandará prevenir al promovente a efecto de que la subsane, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que en tiempo el promovente pueda subsanarlas, debiendo contener el auto aclaratorio de demanda el apercibimiento de ley, ordenándose su notificación personal. Así, para el caso de que el promovente no llenare los requisitos omitidos o no hiciere las aclaraciones respectivas deberá tenerse por no presentada la demanda de amparo. Lo que cobra relevancia si se toma en consideración, que a fin de impartir una recta administración de justicia, el juez de amparo debe conocer con exactitud la intención del promovente, armonizando los datos y elementos que conformen la demanda de amparo, lo que debe hacerse, tomando en cuenta los actos señalados por el quejoso en armonía con los demás hechos relatados en la demanda correspondiente. IRREGULARIDAD QUE SE APRECIA EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo. Precisando lo anterior, se advierte lo siguiente: La quejosa en su capítulo de actos reclamados manifestó: "DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, reclamo las órdenes escritas o verbales que hayan girado con el objeto de embargar, bloquear, asegurar o congelar mi cuenta bancaria, misma que a continuación detallo: CUENTA SANTANDER PYME 65-50624124-0, CLABE 014863655062412405, sucursal 7743, SHANGRI-LA, de la Institución de Crédito denominado BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. Asimismo reclamo de dichas autoridades responsables, los efectos y consecuencias materiales y concretas de esas órdenes de embargo, bloqueo, aseguramiento, intervención y/o congelamiento de la cuenta bancaria antes precisada y que se traducen en el bloqueo y congelamiento de los recursos económicos que se encuentran depositados en dicha cuenta bancaria.." PREVENCIÓN. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el artículo 108, fracción V, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, exhiban un escrito de aclaración al que deberá acompañar cinco copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto, en el entendido de que dos son para correr traslado a las autoridades responsables, dos para los incidentes de suspensión relativos al presente asunto, y una más para dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; con el propósito de acordar conforme a derecho la demanda que se intenta, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, deberá cumplir, con lo siguiente: a) Precisará cuál era el saldo que tenía en la cuenta SANTANDER PYME 65-50624124-0, de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, al cinco de julio de dos mil dieciocho. b) Indique en dónde aperturó la cuenta SANTANDER PYME 65-50624124-0, de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, y exhiba copia del contrato de apertura de la aludida cuenta, o manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: I.11o.C.15 K (10a.), aprobada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1985, tomo III, mayo de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA SATISFACCIÓN DE LA PREVENCIÓN POR PARTE DEL QUEJOSO, NO TRAE COMO CONSECUENCIA LÓGICA Y FORZOSA, SU ADMISIÓN (INTERPRETACIÓN LATO SENSU DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AMPARO). APERCIBIMIENTO. Apercibida que de no cumplir con el requisito anterior en el término señalado, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo.

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