Lilia Vera Lima O María Lilia Vera Lima

Expediente 492/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
492/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2017

Partes del expediente

  • Lilia Vera Lima O María Lilia Vera Lima

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el cuaderno original del incidente de suspensión 1085/2016, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de marzo de dos mil diecisiete dentro del toca de incidente en revisión 392/2016; el cual fue resuelto en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión interpuesto contra la resolución de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1085/2016". Por lo anterior, glósese a los autos el expedientillo que se formó con motivo de la interposición del citado recurso de revisión, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente a la superioridad y con lo anterior dese vista en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Lilia Vera Lima o María Lilia Vera Lima, contra actos del Juez Primero Especializado en Materia Civil y Extinción de Dominio de la ciudad de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 492/2017-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, en el expediente en que se actúa. En principio, es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en esta instancia es: El proveído de veinte o veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 361/2016, de la estadística del Juzgado Primero Especializado en Extinción de Dominio de la Ciudad de Puebla, en el que se ordenó el lanzamiento del bien inmueble marcado con el número cuarenta y tres, de la Calle Hacienda, Cerrada, el Batán de la Colonia Exhacienda del Ángel, de la ciudad de Puebla. Precisado lo anterior, el suscrito juez federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, en razón a que el proveído de veinte o veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 361/2016, de la estadística del Juzgado Primero Especializado en Extinción de Dominio de la Ciudad de Puebla, en el que se ordenó el lanzamiento del bien inmueble marcado con el número cuarenta y tres, de la Calle Hacienda, Cerrada, el Batán de la Colonia Exhacienda del Ángel, al margen del recurso ordinario que en su contra proceda, no constituye la última resolución que ha de pronunciarse en el procedimiento de ejecución. Los artículos y fracciones referidas, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". De lo transcrito, se advierte que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Lo anterior es así, porque la mencionada fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparos con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Lo anterior, es suficiente para establecer que el presente juicio de amparo, resulta notoriamente improcedente, ya que el hecho de que el juez señalado como autoridad responsable ordenadora del lanzamiento del bien inmueble marcado con el número cuarenta y tres, de la Calle Hacienda, Cerrada, el Batán de la Colonia Exhacienda del Ángel, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que con tal determinación no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio de origen. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del diverso 107, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Alcántara Muñoz, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 6 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.

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