Lilia Susana Mendoza Díaz
Expediente 2363/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2363/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/03/2017
Partes del expediente
- Lilia Susana Mendoza Díaz
- Magistrados de la Segunda Sala Del Tribunal Del Trabajo Burocrático
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento 103/2017, signado por la agente de la Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en virtud que la vista otorgada en proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, fue para el quejoso y tercera interesada, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del plazo legal, la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la quejosa ********, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y AUTORIDADES QUE INVOLUCRA. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, en restitución al derecho fundamental violado, la protección constitucional que se concede es para los efectos de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, en el plazo de tres días, la Sala responsable, emita resolución interlocutoria en el incidente de liquidación relativo al juicio laboral del que emana el acto reclamado y remita dentro de dicho termino la copia certificada de la misma, pues sólo de esa manera podrá respetar y cumplir lo que el derecho en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa [.]". Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, este Juzgador se pronunciará sobre el incumplimiento, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, la que asciende a la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete y remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para el trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 193 y 258 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo Resultando: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el once de noviembre de dos mil dieciséis,************ por propio derecho y en representación de los menores cuyos nombres se omiten para proteger su identidad solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal de Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: ". LA NEGATIVA DE EMITIR RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA a la liquidación del expediente ************ que fue presentada ante la Responsable con fecha 17 diecisiete de abril del 2015 dos mil quince.". Actos que la promovente estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la citada legislación. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se registró bajo el número ***************** se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 (relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito); por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra la resolución de una autoridad judicial que reside dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, de una interpretación de la demanda, se colige que la quejosa *********** parte actora en el expediente **************** del índice de la responsable, reclama en esta vía constitucional, lo siguiente: La dilación para emitir la resolución interlocutoria, en el incidente de liquidación presentado ante la responsable el diecisiete de abril de dos mil quince. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala del Tribunal de Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, como lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 20); además, porque su existencia aparece demostrada con las actuaciones originales del expediente laboral ********* que acompañó como justificación de sus actos, las cuales tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI - Materia Común, sección: jurisprudencia SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2000, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De la misma forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". En ese orden, al no haber invocado causal de improcedencia las partes en este juicio, y este juzgador de oficio no advertir alguna, lo procedente es abordar el estudio de los conceptos de violación vertidos por la quejosa. QUINTO. EXAMEN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El concepto de violación que hace valer la accionante del amparo resulta esencialmente fundado, suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, razón por la que este juzgador abordará el estudio del acto reclamado con base en las constancias que integran el sumario, con el objeto de determinar si se satisfacen los derechos fundamentales previstos en la constitución. Ello, en virtud a que el presente juicio de amparo deriva de una cuestión de índole laboral, en el que la demandante del amparo instó el juicio de origen como trabajadora de una relación laboral. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 496, tomo V, Trabajo, Apéndice del 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones." Así es, la quejosa señaló como acto reclamado la dilación en que incurrió la Sala responsable al no emitir la resolución interlocutoria en el expediente ********** por considerar que conculca en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, manifiesta la solicitante del amparo que violenta en su perjuicio los artículos 1º, 14 y 16 de la Carta Magna y expresa los conceptos de violación de su intención en el capítulo respectivo de su ocurso inicial, los que se dan por reproducidos en este apartado, al no existir precepto legal alguno que obligue a su transcripción en la sentencia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala, publicada en la página 830, tomo 81, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que literalmente dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, cabe decir que la quejosa, señala en sus conceptos de violación que el acto reclamado es violatorio de los artículos 735, 761 al 765 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, así como los diversos numerales 1º, 14 y 16 de la Constitución, porque ha transcurrido en exceso el término que para que la responsable emita la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación de laudo en el expediente ************ , sin que exista causa justificada. En el caso, tal concepto de violación se estima fundado, al ser suplido en su deficiencia, pues de autos se advierte que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece: "Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. . ." Si bien el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que la autoridad emita sus resoluciones, sí refiere que se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Por tal motivo, en el caso examinado, la autoridad responsable debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo que rige su actuar, al ser aplicada de manera supletoria en términos del artículo 9º transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas y 11 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, como indica la tesis que a continuación se transcribe. "SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DERIVADA DE LOS ARTÍCULOS NOVENO TRANSITORIO DE AQUELLA LEY Y 11 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, SE REFIERE TANTO A ASPECTOS SUSTANTIVOS COMO ADJETIVOS. El citado precepto transitorio establece: "En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del Estado."; sin embargo, el Código Burocrático Federal puede no ser suficiente para colmar lagunas de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, surgiendo entonces, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la posibilidad de acudir a la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación que se pretende suplir regule aspectos sustantivos en los primeros ocho títulos, y adjetivos en el título noveno, capítulo tercero, lleva a considerar que la supletoriedad contenida en el referido artículo noveno transitorio es aplicable a cualquier aspecto deficientemente regulado en la ley local, sea sustantivo o adjetivo" . En ese tenor, se analiza el acto reclamado al tenor del contenido de los artículos 761, 762, 763 y 765, que establecen: "Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley." "Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento." "Artículo 765. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley, se resolverán de plano oyendo a las partes". De la lectura anterior, se puede establecer que el incidente de liquidación de planilla, promovido por la quejosa es de aquéllos que no tienen tramitación especial en la legislación de la materia, por lo que, atendiendo a lo dispuesto en las normas trascritas, la resolución correspondiente a tal incidencia debe emitirse de plano oyendo a las partes, para respetar su derecho de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte que en proveído de diecisiete de junio del año dos mil quince admitió a trámite la incidencia referida, otorgando vista a la demandada para que en término de nueve días manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que lo hubiera hecho, por lo que, en acuerdo de tres de noviembre de la misma anualidad, se tuvo por precluido su derecho y al no existir pruebas pendientes a desahogar, ordenó turnar los autos al magistrado ponente para la elaboración de la resolución interlocutoria (fojas 176 a 183). En ese sentido, la autoridad responsable debía emitir la resolución incidental, lo cual, al no existir un término específico para ello, establecido en la ley aplicable a la materia, debía ser el genérico que establece la ley supletoria, es decir, el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, del contenido siguiente. "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles". En el caso, la Sala responsable ha omitido dictar la resolución interlocutoria relativa a la liquidación dentro de los plazos y términos legales, con lo que se viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional. Es así, porque a la presente fecha, la Sala responsable no ha dictado la resolución en el incidente de liquidación que le fue planteado por la parte actora, no obstante que desde el tres de noviembre de dos mil quince, se encuentran turnados los autos para su dictado; de ahí, es inconcuso que ha transcurrido con exceso el término a que se refiere el artículo 735 del ordenamiento legal supletorio citado, lo que sin duda se traduce en una violación flagrante al principio de inmediatez procesal a que se contrae el artículo 17 constitucional, anteriormente transcrito. Se resalta que desde el auto de turno del incidente de liquidación -tres de noviembre de dos mil quince-, a la fecha de presentación de la demanda de amparo transcurrió más de un año, sin que se hubiere emitido la resolución condigna. Lo cual, permite establecer que ha transcurrido demasiado tiempo sin que la responsable resolviera lo planteado ante su potestad (incidente de liquidación), lo que patentiza la dilación procesal de la que se duele la justiciable, pues, se insiste, desde el tres de noviembre de dos mil quince se encontraba en aptitud de resolver el incidente de liquidación. En efecto, de la secuela procesal reseñada se advierte que la sala responsable ha incurrido en omisiones y dilaciones en la tramitación del incidente de liquidación, en contravención al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, ya que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; ello es así, pues la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Conforme a ello, basta que la omisión o el retardo de la autoridad se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del juicio o procedimiento respectivos, para actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta. Como aconteció en el caso en concreto, pues la responsable no ha procurado la celeridad del procedimiento, en la medida que desde el tres de noviembre de dos mil quince se ordenó turnar los autos para el dictado de la resolución respectiva en el incidente de liquidación, sin que a la fecha se haya emitido, no obstante que ya transcurrió más de un año y dos meses desde que la sala responsable está en aptitud de hacerlo, lo que patentiza las dilaciones y omisiones en el procedimiento que se reclaman en el presente juicio de amparo en detrimento del derecho consagrado a favor del demandante del amparo en el artículo 17 Constitucional. En ese orden de ideas, ante la infracción al derecho fundamental de inmediatez mencionado, es suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y AUTORIDADES QUE INVOLUCRA. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, en restitución al derecho fundamental violado, la protección constitucional que se concede es para los efectos de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, en el plazo de tres días, la Sala responsable, emita resolución interlocutoria en el incidente de liquidación relativo al juicio laboral del que emana el acto reclamado y remita dentro de dicho termino la copia certificada de la misma, pues sólo de esa manera podrá respetar y cumplir lo que el derecho en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. OCTAVO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A*************** contra la omisión que reclamó de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en términos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos séptimo y octavo de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, con residencia en aquella localidad, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 455/2016 con número de orden 686/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a la tercera interesada Ayuntamiento Constitucional de Villacorzo, Chiapas, a través de su apoderado legal, el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó le correr traslado a la misma con copia autorizada de la demanda. Acúsese de recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales. Ahora bien, toda vez que ha transcurrido el término de tres días concedido a la citada tercera interesada para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.
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