Lilia Rivera Rivera

Expediente 659/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
659/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Lilia Rivera Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ciudad Madero, Tamaulipas, dos de julio de dos mil veintiuno. Parte quejosa cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al articulo 3º de la Ley de Amparo, el escrito signado por la parte quejosa por el cual señala cumple con la prevención realizada por auto de radicación; en esas condiciones se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado. Análisis de demanda. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama: ? La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno por la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de ocho de abril del año citado, ello dentro del incidente de liquidación de sociedad conyugal tramitado en los autos del juicio ordinario civil de divorcio necesario 597/2014. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: (.) El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: (.) Del texto del artículo antes transcrito, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando a pesar de que subsista el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así es, en la causa de improcedencia del juicio de amparo invocada, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa violada se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. (.) Ahora bien, del escrito de demanda y escrito aclaratoria, se advierte lo siguiente: a) El ocho de abril, de dos mil veintiuno la autoridad responsable dictó un auto en el que ordenó traer a la vista los autos para resolver lo que en derecho procediera 5respecto del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, promovido dentro del juicio ordinario civil de dicorcio necesario 597/2014 del índice del Juzgado Segundo de lo Fa,miliar del Segundo Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, Tamaulipas. b) Contra dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revocación. c) Por sentencia interlocutoria dicta el veinte de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable, resolvió el incidente de liquidación de sociedad conyugal referido. d) Mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno el juez responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto, declarándolo improcedente. De lo anteriormente destacado, se advierte que el acto reclamado a través del juicio constitucional que nos ocupa consiste en la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación intentado por la aquí quejosa contra el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno que ordenó traer a la vista los autos para resolver el incidente de liquidación de la sociedad conyugal. Sin embargo, con anterioridad a la resolución de revocación aquí reclamada, el juez responsable el veinte de abril de dos mil veintiuno resolvió en definitiva el incidente de liquidación de la sociedad conyugal. En esas condiciones, se tiene que la resolución interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintiuno, modificó el entorno y la situación jurídica que imperaba en el procedimiento de origen, pues resolvió en definitiva el incidente de liquidación de sociedad conyugal, lo que cambia el estado procesal que imperaba al momento en que el juez dictó el auto recurrido mediante recurso de revocación referido; de ahí que lo resuleto en este medio de defensa ya no puede surtir efectos, pues como se vio., son este se pretendía revocar el auto que citó para el dictado de la resolución interlocutoria, la cual ya se emitió. Se afirma lo anterior, porque, como se vio, en la citada resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno la responsable resolvió en definitva el incidente de liquidación de sociedad conyugal. De ahí que, aun y cuando el recurso de revocación fue resuelto de manera posterior, esto es, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, declarándolo improcedente y, por ende, el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, subsiste en el mundo jurídico, ya no es susceptible de análisis a través del presente juicio de amparo; por tanto, es de concluirse que, dado el actual estado procesal que guarda el juicio de origen, no se está en aptitud de analizar si la referida resolución del recurso de revocación es inconstitucional o no, ya que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, pues, con posterioridad al auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, siendo dicha resolución la que actualmente rige en el procedimiento, y por ende, surte efectos sobre la esfera jurídica de la aquí quejosa. Así las cosas, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Lilia Rivera Rivera, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 597/2014.

  4. Principal

    Parte quejosa cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al articulo 3º de la Ley de Amparo, el escrito signado por la parte quejosa por el cual señala cumple con la prevención realizada por auto de radicación; en esas condiciones se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado. Análisis de demanda. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama: La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno por la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de ocho de abril del año citado, ello dentro del incidente de liquidación de sociedad conyugal tramitado en los autos del juicio ordinario civil de divorcio necesario 597/2014. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del texto del artículo antes transcrito, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando a pesar de que subsista el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así es, en la causa de improcedencia del juicio de amparo invocada, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa violada se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ahora bien, del escrito de demanda y escrito aclaratoria, se advierte lo siguiente: a) El ocho de abril, de dos mil veintiuno la autoridad responsable dictó un auto en el que ordenó traer a la vista los autos para resolver lo que en derecho procediera 5respecto del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, promovido dentro del juicio ordinario civil de dicorcio necesario 597/2014 del índice del Juzgado Segundo de lo Fa,miliar del Segundo Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, Tamaulipas. b) Contra dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revocación. c) Por sentencia interlocutoria dicta el veinte de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable, resolvió el incidente de liquidación de sociedad conyugal referido. d) Mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno el juez responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto, declarándolo improcedente. De lo anteriormente destacado, se advierte que el acto reclamado a través del juicio constitucional que nos ocupa consiste en la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación intentado por la aquí quejosa contra el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno que ordenó traer a la vista los autos para resolver el incidente de liquidación de la sociedad conyugal. Sin embargo, con anterioridad a la resolución de revocación aquí reclamada, el juez responsable el veinte de abril de dos mil veintiuno resolvió en definitiva el incidente de liquidación de la sociedad conyugal. En esas condiciones, se tiene que la resolución interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintiuno, modificó el entorno y la situación jurídica que imperaba en el procedimiento de origen, pues resolvió en definitiva el incidente de liquidación de sociedad conyugal, lo que cambia el estado procesal que imperaba al momento en que el juez dictó el auto recurrido mediante recurso de revocación referido; de ahí que lo resuleto en este medio de defensa ya no puede surtir efectos, pues como se vio., son este se pretendía revocar el auto que citó para el dictado de la resolución interlocutoria, la cual ya se emitió. Se afirma lo anterior, porque, como se vio, en la citada resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno la responsable resolvió en definitva el incidente de liquidación de sociedad conyugal. De ahí que, aun y cuando el recurso de revocación fue resuelto de manera posterior, esto es, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, declarándolo improcedente y, por ende, el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, subsiste en el mundo jurídico, ya no es susceptible de análisis a través del presente juicio de amparo; por tanto, es de concluirse que, dado el actual estado procesal que guarda el juicio de origen, no se está en aptitud de analizar si la referida resolución del recurso de revocación es inconstitucional o no, ya que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, pues, con posterioridad al auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, siendo dicha resolución la que actualmente rige en el procedimiento, y por ende, surte efectos sobre la esfera jurídica de la aquí quejosa. Así las cosas, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Lilia Rivera Rivera, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 597/2014.

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