Lilia Pérez González
Expediente 864/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lilia Pérez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio queda firme, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Intégrense los cuadernos incidentales. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Contralor Jurídico Interno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, por medio del cual informa que el quince de agosto de dos mil veintitrés, el autorizado de la quejosa en el procedimiento de origen, recibió copia simple del expediente de investigación C.J.I./JLCAVCT/P.J/06/2023, Queja Q/06/2023. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; sin que se haga mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Contralor Jurídico Interno de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Lo anterior, en virtud de que en auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ******, mediante el cual hace del conocimiento que el nueve de agosto de dos mil veintitrés, se le notificó personalmente el oficio 400H/JLCAVCT/CJI/106/2023 en el que se adjuntó el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable Contralor Jurídico Interno de la Junta Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco. Téngase por recibidas las constancias que remite la parte quejosa, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la mencionada autoridad, a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora bien, de las constancias remitidas por la quejosa Lilia Pérez González, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que amerita el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: - - - I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.) Del contenido de dichos preceptos, se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así, que el primero de los artículos en cita refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral establece la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite se conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a dicho principio, en el caso concreto se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable realice una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos; como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye: El acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del procedimiento de investigación C.J.I./JLCAVCT/P.J/06/2023, Queja Q/06/2023, en el que la responsable se reservó proveer en torno a la solicitud de la aquí quejosa de expedición de copias del expediente. Sin embargo, de las constancias que anexó la parte quejosa junto con el escrito de cuenta, se advierte que el cuatro de julio de dos mil veintitrés, el Contralor Jurídico Interno de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje Cuautitlán-Texcoco, emitió un proveído en el que levanta la reserva decretada en auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, y acuerda conceder las copias simples solicitadas por la aquí quejosa de todo lo actuado en el procedimiento de investigación C.J.I./JLCAVCT/P.J/06/2023, Queja Q/06/2023. En ese contexto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo en la que eventualmente se ordenara a la autoridad responsable emitir un proveído en el que de manera fundada y motivada se pronuncie respecto de las copias simples que solicitó la parte quejosa de todo lo actuado en el procedimiento de investigación C.J.I./JLCAVCT/P.J/06/2023, Queja Q/06/2023, cuando ello ya aconteció. Por lo que, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas quedaron como si se hubiera concedido la protección constitucional. Al respecto, resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURT0E ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de agosto de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 16, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos de los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
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