Lilia Muñiz Rodríguez

Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
610/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Lilia Muñiz Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, incido a), del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Sin que resulte obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que no exista constancia en autos de que las autoridades responsables foráneas, hayan quedado debidamente notificadas de la sentencia dictada en este juicio, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión en contra de resoluciones que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Colima, Colima, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 610/2021, promovido por la quejosa ******, contra los actos de las autoridades responsables denominadas Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Manzanillo, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa ******, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad y Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, todos del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, Dirección General de la Policía Estatal Acreditable del Estado de Colima y Presidente de la Colonia Fraccionamiento Bahía Azul, Delegación Santiago, José Galindo "N"; en los términos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese por lista.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 610/2021-IV, promovido por * * contra actos de la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Manzanillo, y otras autoridades. R E S U L T A N D O Q U E : PRIMERO. Presentación de la demanda y datos del incidente de suspensión. El diez de junio de dos mil veintiuno, la parte quejosa incidentista promovió juicio de amparo contra las autoridades antes mencionadas y solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, esencialmente, la orden de desalojo de su área de trabajo. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se formó el incidente de suspensión solicitado, se negó a la parte incidentista la suspensión provisional del acto que reclama; asimismo, en el citado acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental, misma que se llevó a cabo con las formalidades de ley y con el resultado que aparece en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 al 147, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto a suspender, por tanto, del análisis integral de los escritos de demanda, ampliación y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: La orden de lanzamiento del área que ha estado ocupando la quejosa para la venta de pozole, en una esquina del lado norte al interior del local de fiestas, en el Fraccionamiento Bahía Azul, en la Delegación Santiago de Manzanillo, Colima. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Una vez precisados el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados y negativa de la medida suspensional definitiva. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades denominadas Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, Director General de Seguridad Pública y Vialidad y Directora General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, todos ellos adscritos al Ayuntamiento de Manzanillo, por así haberlo manifestado al rendir informe previo en representación de dichas autoridades el Director General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar dicha negativa, por lo que debe negarse la suspensión definitiva respecto de las autoridades de mérito, por falta de materia sobre la cual decretarla. Tiene aplicación tesis número 286, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Apéndice 1917-2000, Tomo VI, materia común, que establece lo siguiente: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. CUARTO. Presunción de certeza del acto reclamado y negativa de la medida suspensional. Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado por la quejosa al Presidente de la Colonia Fraccionamiento Bahía Azul Delegación Santiago, Juan Galindo "N", toda vez que omiso en rendir su informe previo, no obstante haber sido oportunamente notificado del oficio 18209/2021, a través del cual se la requirió dicho informe. La quejosa solicitó la suspensión definitiva del acto reclamado para que no ser desalojada del área que ha estado ocupando para la venta de pozole, esto es, en una esquina del lado norte al interior del local de fiestas, en el Fraccionamiento Bahía Azul, en la Delegación Santiago de Manzanillo, Colima. Los artículos 128, fracción I, y 138 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." ".Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente (.)". El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y, el segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En tales condiciones, se desprende que la quejosa Lilia Muñiz Rodríguez, no cumplió con el requisito a que se refiere la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditó, ni presuntivamente, su interés para el otorgamiento de dicha medida, al no exhibir documento o prueba fehaciente con la cual demostrara de manera indiciaria que cuenta con la licencia o permiso vigente expedido por la autoridad competente para la venta de pozole en el lugar ubicado en la esquina de lado norte al interior del local público de fiestas, perteneciente al fraccionamiento Bahía Azul, Delegación Santiago en Manzanillo, Colima. Ilustra lo anterior, la tesis con registro 220917, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y dos, página 262 cuyo rubro y contenido dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar." Ahora, el hecho de que la parte quejosa se conduzca bajo protesta de decir verdad al redactar la narración de los antecedentes del acto reclamado, esto es, que cuenta con la autorización de la autoridad para llevar a cabo la venta de los productos que refiere, pues con ello no acredita el derecho tutelar que le asiste, ni es elemento de convicción suficiente para otorgarle la medida cautelar solicitada, dado que la protesta es un requisito previsto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pero no es medio de convicción. Resulta aplicable al caso, la tesis visible a foja 328, del Tomo XII-Septiembre, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, de rubro y contenido: "SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE. El hecho de promover un juicio de amparo bajo protesta de decir verdad no implica necesariamente una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues ningún precepto de la Ley de Amparo dispone que la sola presentación de la demanda y la relación de los hechos afirmados en ella, bajo protesta de decir verdad, traiga aparejada esa presunción, sino que únicamente significa que se cumple con uno de los requisitos que debe contener la demanda de garantías. Por lo que el interés jurídico de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, debe probarlo siquiera presuntivamente." De igual modo, resulta orientadora la tesis I. 3o. C. 59 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable por el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, página 446, que a continuación se transcribe: "SUSPENSION, PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. La circunstancia de que todo lo declarado en un juicio de amparo se haya hecho bajo protesta de decir verdad de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, no implica necesariamente una presunción que acredite el interés jurídico y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto, dado que esa situación únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tanto, la mencionada protesta es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico. Además, no es obstáculo el hecho de que se haya presumido la existencia del acto reclamado, al ser omisa la autoridad responsable de mérito en rendir su informe previo, ya que ello no releva a la parte quejosa de cumplir con las exigencias impuestas en el precepto 128 de la ley de la materia. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 7/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 321, Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2005, Novena Época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO. ANTE LA OMISIÓN DE RENDIR EL INFORME PREVIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRESUMIR CIERTOS LOS ACTOS FUTUROS, AUNQUE PRESCINDIENDO DE LOS CALIFICATIVOS A LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS QUE DEBA REALIZAR SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA OTORGARLA. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, la falta de informe previo de las autoridades responsables establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión. En tal virtud, ante la falta de informe previo se debe presumir cierta la realización de actos que el quejoso aduce se van a producir y ejecutar en su contra, aunque sin tomar en cuenta los calificativos sobre ellos, los que en su caso serán materia del juicio en lo principal, sin perjuicio del examen de los requisitos que para otorgar la medida cautelar prevé el artículo 124 y demás aplicables de la Ley de Amparo. Asimismo, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 430, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el tenor literal: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarían daños y perjuicios de difícil reparación. Con la finalidad de establecer que la parte quejosa indiscutiblemente debe acreditar su interés suspensional, se cita la jurisprudencia 1a./4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 515, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, abril de 2009, Novena Época y jurisprudencia 1a./J.71/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 33 del Semanario Judicial de la Federación, XVII, enero de 2003, Novena Época, que a la letra dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien". Se reitera, lo que en el caso no aconteció, ya que en el presente incidente de suspensión la parte quejosa no cumplió con las exigencias del aludido numeral 128, toda vez que no acreditó ni presuntivamente su interés jurídico, pues no exhibió documento o prueba fehaciente con el que demostrara de manera indiciaria que cuenta con el permiso o licencia vigente expedido por la autoridad competente. Cabe destacar que en el caso particular no opera la apariencia del buen derecho, ya que, como se dijo anteriormente, no se reúnen los requisitos del multicitado numeral 128. Siendo aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2009, que a la letra establece: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Tampoco es óbice a lo anterior, el hecho que la parte quejosa haya presentado como prueba de su parte, copia certificada de la constancia expedida por el Delegado Municipal de Santiago, en el municipio de Manzanillo, Colima, dirigida a la Presidenta Municipal de dicha entidad, que contiene el visto bueno del citado delegado para que la aquí quejosa realice la venta de pozole en la esquina del local de fiesta del fraccionamiento Bahía Azul, Delegación Santiago en Manzanillo, Colima, pues en la parte final del citado documento claramente se precisa que tal constancia no autoriza a realizar actividad en espacio público sin contar con la debida licencia emitida por la dependencia competente para expedir el permiso respectivo; de ahí que la citada documental carece de valor probatorio alguno para los fines pretendidos por la quejosa, al no ser la prueba idónea para acreditar ese derecho, como lo es la licencia correspondiente. Mientras que la copia digitalizada de la licencia municipal expedida por el Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, a nombre de la aquí quejosa * * es inconducente e ineficaz, para acreditar que tiene un derecho público subjetivo para la venta de pozole en la esquina de lado norte al interior del local público de fiestas, perteneciente al fraccionamiento Bahía Azul, Delegación Santiago en Manzanillo, Colima, pues el domicilio que aparece en la referida licencia, se ubica en Avenida Manzanillo 133, fraccionamiento La Joya 2 en Manzanillo, Colima, el cual es diverso del lugar en el que aduce la quejosa se le pretende privar de la venta de pozole; de ahí que la citada documental carece de valor probatorio para acreditar el derecho que la quejosa defiende respecto del lugar en el que realiza la venta de pozole, por ser distinto al domicilio que ampara la referida licencia. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 15/2013 (10a.), consultable en la página 1578 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1578, Novena Época que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL INMINENTE DESALOJO, DESTRUCCIÓN O CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES FIJOS O SEMIFIJOS, SI EL INTERESADO NO ACREDITA CONTAR CON LA CÉDULA DE EMPADRONAMIENTO VIGENTE. De los artículos 3o., fracciones II a IV, y 26 a 31 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, deriva que el derecho a ejercer el comercio está condicionado a que el interesado cuente con la cédula de empadronamiento vigente, pues de no contar con dicha cédula se ubica en una situación irregular contraria al referido artículo 31, al ser un requisito indispensable para que tenga derecho a ejercerlo; por tanto, cuando el quejoso no acredite contar con la cédula de empadronamiento vigente, resulta improcedente conceder la suspensión contra el inminente desalojo, destrucción o clausura del local comercial fijo o semifijo, al carecer del derecho cuya preservación pretende obtener, ya que su otorgamiento permitiría el desarrollo de un giro comercial aun a sabiendas de que el titular del establecimiento en el cual se presta ese servicio no cumple con el aludido requisito. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 114/99, publicada en la página 557, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época que establece: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, constitucional, para resolver sobre la suspensión, el juzgador de garantías debe atender, entre otras cuestiones, a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal requisito, si conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 82, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, anualmente debe revalidarse la licencia de funcionamiento, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se han cambiado las condiciones en que se otorgó aquélla originalmente y, ante la falta de esa revalidación, la delegación correspondiente debe, indefectiblemente, clausurar tales establecimientos, resulta inconcuso que la prerrogativa a desarrollar una actividad a través de un establecimiento mercantil en el Distrito Federal se encuentra condicionada tanto a la obtención de una licencia, como a su revalidación anual, pues de no realizarse esto último, se deberá proceder, forzosamente, a la clausura del local respectivo, de donde se sigue que por disposición del legislador el derecho al funcionamiento del establecimiento mercantil se interrumpe temporalmente, en tanto no se realice la revalidación en comento. Por tanto, resulta improcedente la suspensión respecto de la clausura de un establecimiento mercantil cuya licencia no ha sido revalidada, pues el titular de ésta carece del derecho que pretende preservar y la referida medida cautelar no puede tener por efecto, válidamente, constituir derechos de los que se carece; aunado a que, de concederse la medida cautelar, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de revalidación de las licencias de funcionamiento, es reveladora de que la sociedad está interesada en que éstos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad. Es de indicarse que la presente determinación no implica una violación al principio jurídico de petición de principio, habida cuenta que no es dable conceder la medida cautelar solicitada al no cumplirse, como se vio, los requisitos que exige el numeral 128 de la ley de la materia, pues de lo contrario, se le constituiría un derecho que la parte quejosa no tiene, ya que debe recordarse que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no hayan tenido los quejosos antes de la presentación de la demanda; lo anterior, según lo ordena el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues recuérdese que la suspensión es para conservar derechos no para constituirlos. Cabe destacar que en el caso particular no opera la apariencia del buen derecho, ya que, como se dijo anteriormente, no se reúnen los requisitos del multicitado numeral 128. Siendo aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2009, que a la letra establece: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Consecuentemente, de conformidad con los artículos 128, fracción I, y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la quejosa * * . Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en los artículos 125, 128 y 146 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega al incidentista * * * la suspensión definitiva del acto que reclama a las autoridades denominadas Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, Director General de Seguridad Pública y Vialidad y Directora General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, todos ellos adscritos al Ayuntamiento de Manzanillo, así como Presidente de la Colonia Fraccionamiento Bahía Azul Delegación Santiago, Juan Galindo "N"; por los motivos precisado en los considerandos tercero y cuatro de la presente interlocutoria.

  4. Principal

    Colima, Colima, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe rendido por las autoridades responsables pertenecientes al Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con cuatro minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, registro 191995, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista.

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