Lilia María de los Ángeles Ochoa López
Expediente 819/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lilia María de los Ángeles Ochoa López
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual, remite copia autorizada de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente Q.C.*, en la cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Liliana María *, contra el acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, desechó la demanda de amparo en el juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo al citado órgano colegiado. Determinaciones relacionadas con el cuaderno principal. Por tanto, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, en tanto que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Documentos. Se hace constar que no obran documentos originales en el presente juicio de amparo. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a los autos, con el oficio remitido vía electrónica por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, hace del conocimiento el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja civil número R.Q.C.****, a través del cual se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Lilia********************por conducto de su autorizado ********************contra el acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese en el portal.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito remitido vía electrónica por **********, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho******************** en términos del Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del proveído de seis de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a) 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente interponiendo recurso de queja en contra del proveído de seis de julio de dos mil veintitrés; en tal virtud ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja, en el sentido de que este órgano jurisdiccional sí dictó el acuerdo mencionado y remítase el mismo, así como el escrito de agravios Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, además hágase disponible el presente expediente para su consulta. En esas condiciones, una vez que se encuentre integrado el recurso remítase el escrito de agravios mencionado, así como las constancias necesarias al órgano colegiado al cual le tocará conocer de dicho asunto. Notifíquese por lista.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Lilia María ***** por propio derecho, contra el acto del Juez Décimo Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y secretario actuario adscrito a dicho juzgado, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Radicación. Fórmese expediente tanto físico como electrónico y regístrese con el número 819/2023 en el libro uno, relativo al registro de juicios de amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Auto de desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, este órgano jurisdiccional considera, que en el presente caso, se surte la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del numeral 61, en vínculo al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que, de la lectura integral de la demanda de amparo que se analiza, se advierte que la promovente reclama: ( El acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Décimo Tercero de Proceso Oral de la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente 108/2020, por el que admitió a trámite el incidente de liquidación de sentencia promovido por la parte actora. En efecto, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la parte promovente algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha causal instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición legal, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala en forma genérica la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los establecidos concretamente en el propio artículo 61 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, sin que ello implique que se restrinja el acceso al juicio de amparo. De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: " a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución.Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...).". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Ciertamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia favorable a sus pretensiones al impugnar las providencias precautorias. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre la base expuesta, debe estimarse que el acto reclamado, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afecta directa e inmediatamente prerrogativas fundamentales (propiedades, posesiones o derechos) y las consecuencias de las posibles violaciones se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese contexto, se puede determinar que el acto reclamado no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho fundamental y, por ende, no puede considerarse que dicho acto sea irreparable en su naturaleza. De ahí que se insiste, de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos fundamentales; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo final en la impugnación de las providencias precautorias. Es así en atención a que pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos fundamentales en forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la promovente es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el promovido contra actos de esa naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada, así como de constreñirla a impulsar el procedimiento. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos fundamentales de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; empero, ello por sí solo, es insuficiente para considerar procedente el amparo, ya que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento. Más aún, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente, pues no pueden ser estudiados a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión incidental culminatoria (incidente de liquidación de sentencia), momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que hubieren sido oportunamente preparadas le hayan dejado sin defensa y trascendido a dicha resolución, siempre y cuando ésta incidencia sea de imposible reaparición o de autonomía destacada. Además, el acto reclamado no está en alguno de los casos de excepción a la regla, dado que no es de aquellos actos que a su vez gocen de autonomía propia para establecer la procedencia del amparo indirecto. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la citada ley, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente en el escrito de demanda. En diverso aspecto, se tiene como autorizados de su parte a las personas que indica y para los efectos que precisa; en la inteligencia que para poder actuar en el presente asunto en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, será así siempre y cuando cuenten con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se les tendrá únicamente en términos de la parte final del numeral en cita. Acceso al expediente digital. Como lo solicita la promovente, se le autoriza para consultar y promover vía internet en el presente juicio de amparo con el nombre del usuario "NicolasSa*******", con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se ordena que el analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes proceda a otorgar los permisos correspondientes para la consulta del expediente electrónico en el presente asunto se realicen a través del usuario señalado en líneas que anteceden. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico litis@saldanaysaldana.com.mx que indica como medio de comunicación no procesal, en términos de lo dispuesto por los artículos 5 y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Autorización para obtener imágenes. Hágase del conocimiento de las partes, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. De igual forma, se faculta a los secretarios y a los actuarios para que firmen los oficios que se generen en este sumario. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la promovente.
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