Lilia Margarita Diaz de Sandi Gonzalez

Expediente 576/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
576/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Lilia Margarita Diaz de Sandi Gonzalez
  • Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Autoridad informa cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todas del referido instituto; en atención a su contenido, se le tiene informando que iniciaron los trámites derivados del cumplimiento inmediato al fallo protector emitido en el presente asunto, y al efecto remite cotejo del acuerdo SE/503/21-10-19 emitido en la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria de Junta Directiva, celebrada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve Solicitud de prórroga. En atención a la diversa solicitud planteada, en el sentido de que se les otorgue a las autoridades responsables una prórroga de quince días para dar cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto, dígaseles que no ha lugar a acordar de conformidad tal solicitud, toda vez que se considera excesivo el plazo solicitado. En efecto, el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la autoridad de amparo al hacer los requerimientos relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo amplíe el término respectivo tomando en cuenta su complejidad o dificultad; no obstante, se establece que éste debe ser un plazo razonable y estrictamente determinado. En el caso, el delegado de las autoridades responsables solicita una prórroga de quince días atendiendo a que deben realizarse diversos trámites administrativos de conformidad con el artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios. Sin embargo, si bien el referido precepto legal establece plazos determinados para resolver la solicitud de pensión respectiva, lo cierto es que en el caso resultan inaplicables los mismos, toda vez que no se está en el supuesto de un trámite ordinario que las autoridades responsables se encuentran obligadas a atender y seguir conforme a los términos contemplados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, sino que se trata de un cumplimiento a una ejecutoria de amparo que no admite demora alguna y cuyo acatamiento se rige por la Ley de Amparo y, por ende, por los plazos que se indican en ésta. Lo anterior, ya que el restablecimiento del derecho fundamental violado mediante la ejecución de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, pues estimarlo de otra forma sería contrariar los fines del juicio constitucional alterando la jerarquía de las normas jurídicas; además de dejar al arbitrio de la autoridad responsable su acatamiento bajo el argumento que la legislación ordinaria establece plazos para su resolución. De ahí, que si justamente el fallo protector fue pronunciado con motivo de la vulneración al derecho de petición de la parte quejosa derivado de la inactividad procesal de las autoridades responsables, resultaría absurdo y contrario al cumplimiento de las ejecutorias de amparo que se otorgara un plazo de quince días más para que las responsables acataran el mismo, puesto que legalmente en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, ha transcurrido en exceso el término con el que contaban para realizar todos los trámites necesarios para la resolución correspondiente. Por tal motivo, atendiendo a las particularidades del caso y a que deben realizarse diversos trámites administrativos, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, únicamente se concede una prórroga de diez días hábiles a las autoridades responsables para que acrediten fehacientemente el cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Finalmente, se dejan sin efectos los oficios 4227, 4228 y 4229 ordenados en fecha treinta y uno de octubre pasado, en atención a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que transcurrió el termino de diez días concedido a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todas del referido instituto, con sede en esta ciudad, para que dieran cumplimiento al fallo protector como fue ordenado en proveído de treinta de septiembre de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables en comento, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído informen el cumplimiento dado al amparo concedido dentro del presente juicio; asimismo, remitan las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante deje el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO."

  3. Principal

    Autoridades informan gestiones. Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todas del referido instituto y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo. Solicitud de prórroga. En atención a la diversa solicitud planteada, en el sentido de que se les otorgue a las autoridades responsables una prórroga de veinte días para dar cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto, dígaseles que no ha lugar a acordar de conformidad tal solicitud, toda vez que se considera excesivo el plazo solicitado. En efecto, el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la autoridad de amparo al hacer los requerimientos relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo amplíe el término respectivo tomando en cuenta su complejidad o dificultad; no obstante, se establece que éste debe ser un plazo razonable y estrictamente determinado. En el caso, el delegado de las autoridades responsables solicita una prórroga de veinte días atendiendo a que deben realizarse diversos trámites administrativos de conformidad con el artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios. Sin embargo, si bien el referido precepto legal establece plazos determinados para resolver la solicitud de pensión respectiva, lo cierto es que en el caso resultan inaplicables los mismos, toda vez que no se está en el supuesto de un trámite ordinario que las autoridades responsables se encuentran obligadas a atender y seguir conforme a los términos contemplados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, sino que se trata de un cumplimiento a una ejecutoria de amparo que no admite demora alguna y cuyo acatamiento se rige por la Ley de Amparo y, por ende, por los plazos que se indican en ésta. Lo anterior, ya que el restablecimiento del derecho fundamental violado mediante la ejecución de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, pues estimarlo de otra forma sería contrariar los fines del juicio constitucional alterando la jerarquía de las normas jurídicas; además de dejar al arbitrio de la autoridad responsable su acatamiento bajo el argumento que la legislación ordinaria establece plazos para su resolución. De ahí, que si justamente el fallo protector fue pronunciado con motivo de la vulneración al derecho de petición de la parte quejosa derivado de la inactividad procesal de las autoridades responsables, resultaría absurdo y contrario al cumplimiento de las ejecutorias de amparo que se otorgara un plazo de veinte días más para que las responsables acataran el mismo, puesto que legalmente en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, ha transcurrido en exceso el término con el que contaban para realizar todos los trámites necesarios para la resolución correspondiente. Por tal motivo, atendiendo a las particularidades del caso y a que deben realizarse diversos trámites administrativos, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, únicamente se concede una prórroga de diez días hábiles a las autoridades responsables para que acrediten fehacientemente el cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO."

  4. Principal

    SE RECIBE TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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