Lilia Marcelino Carmona
Expediente 1648/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1648/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lilia Marcelino Carmona
Actuaciones
- Principal
En veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta con el oficio registrado con el número de folio 28210.- Conste.Cuernavaca, Morelos, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno distrito Judicial en el Estado de Morelos, por medio del cual informa los tramites que se encuentra realizando para dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos; al respecto, téngase por hecha la comunicación para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que dentro del plazo de tres días den cumplimiento a lo siguiente: Proporcione el domicilio de Bonifacio Ernesto Eloísa Abarca, en su carácter de albacea de la disposición testamentaria dentro del expediente 41/2014-1, relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de la de cujus de María de Jesús Gómez Gómez.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada, LILIA MARCELINO CARMONA, por medio de lista fijada en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el contenido de las determinaciones emitidas el diecisiete y veintidós de octubre de dos mil dieciocho, cuyo contenido indica: Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lilia Marcelino Carmona, por propio derecho, contra actos del Subdirector de Permisos y Concesiones de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión, o en su caso incompetencia, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17, Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, al tratarse de una cuestión de orden público, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217, de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217, de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". En efecto, respecto del tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8 Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. Tal jurisprudencia aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos setenta y cinco, Quinta Época, página setecientos sesenta y siete, de la parte III, Sección Administrativa, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Tiene igual aplicación la tesis I.4o.A.68 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Febrero de 1994, página 390, de rubro y texto siguiente: "PETICION. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses". En el caso, el escrito de petición fue recibido por la autoridad señalada como responsable el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, y la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el quince de octubre de dos mil dieciocho; es decir, han transcurrido menos de cuatro meses de haber ejercido el derecho de petición, por lo que, es claro que dicha demanda, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. En ese sentido, en el caso concreto, la petición formulada por el quejoso requiere de más tiempo para dar contestación a la misma; por lo tanto, al no haber trascurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la instancia constitucional intentada. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página seiscientos treinta y tres, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizada con los amplios efectos que establece el artículo 27, de la Ley de Amparo, a Marco Antonio Sinahí Domínguez Valdivia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Cuernavaca, Morelos, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón circunstanciada asentada por el actuario adscrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad que existió para notificar personalmente al quejoso la resolución del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ello por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual, informa los actos que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo aplicable al presente juicio, requiérase a Alejandra Cuevas Hernández, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído, remita copia certificada de la audiencia incidental de dieciocho de octubre del año en curso, relativa al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte actora en los autos del juicio laboral 01/958/06. NOTIFÍQUESE.
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