Lilia Leonor Peña Tapia

Expediente 429/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
429/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Lilia Leonor Peña Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 429/2020-VI. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, la suscrita considera que respecto del acto atribuido a Renata Jiménez Torres, se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma así, porque del contexto hasta aquí reseñado se obtiene con claridad que el acto reclamado consistente en las prácticas psicológicas realizadas al menor de iniciales R.A.M.G., no constituyen acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De acuerdo al contenido del invocado artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, la autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita aquéllos que produzcan similares efectos que vulneren la esfera del gobernado. De ahí que, si el acto reclamado se hace consistir en la evaluación psicológica realizada a los menores de iniciales R.A.M.G. y D.F.M.G., respecto de la cual la particular señalada como autoridad responsable manifestó que realizó prácticas en psicología respecto de uno de los infantes, a petición y en presencia de la madre de dichos menores, es evidente que dicho actuar se llevó a cabo entre particulares, por lo que deviene inconcuso que no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo. En efecto, toda vez que la actuación de la persona señalada como responsable se dio en un plano de igualdad jurídica con los menores quejosos; consecuentemente, aquélla no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al no encontrarse sus actos revestidos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. En esa medida, y por las consideraciones expuestas, es innegable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el diverso dispositivo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el tres de noviembre del año en curso, se tuvo a Saúl Vázquez Tovar, por aceptando el cargo de representante especial de los menores R.A.M.G. y D.F.M.G., sin que a la fecha medie el plazo de ocho días a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, por lo que para no dejarlo en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado vía electrónica por Saúl Vázquez Tovar, representante especial de los menores R.A.M.G. y D.F.M.G.; en atención a su contenido, se provee: De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la citada legislación, se tienen como pruebas de su parte la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser tomadas en consideración al momento de dictar la resolución, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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