Lilia Ixtlapale Guerra, Sindico Municipal

Expediente 1339/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1339/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Lilia Ixtlapale Guerra, Sindico Municipal
  • Ayuntamiento del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala.

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de ********************, en el que desechó la demanda de amparo promovida por********************; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.dlos

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. ? Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Lilia Ixtlapale Guerra, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tepeyanco, Tlaxcala, contra actos del Magistrado de la Tercera Ponencia que integra el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1339/2022-II. ? Desechamiento de demanda. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y 1 PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es DE IMPROCEDENCIA, EN PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 JUICIO DE AMPARO 1339/2022-II pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese entendido, este juzgado advierte que se materializan dos supuestos de improcedencia de la demanda que impiden conocerla. El primero se deduce de la intelección de los artículos 7 y 61, fracción XXIII, de la Ley, que disponen: "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." 3 PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 7o. de la Ley establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar el amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública, no pueden considerarse titulares de derechos humanos. Así, la Ley reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: 1. La existencia de una afectación patrimonial. 2. Que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Luego, de la interpretación sistemática de los artículos aludidos se colige que el juicio de amparo es improcedente PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 JUICIO DE AMPARO 1339/2022-II cuando lo promueva una persona jurídica pública en una relación de igualdad con los particulares y el acto reclamado no afecte su patrimonio. Ahora, sobre este tema el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la tesis III.3o. T.8 K (10a.), sostuvo que los actos intraprocesales, en general, no producen una afectación patrimonial a las personas morales oficiales, en razón de que solo generan consecuencias de carácter de formal, las cuales se extinguen al momento de obtener un fallo favorable. En ese sentido, si la resolución reclamada sólo produce una afectación adjetiva, que si bien causa un perjuicio predominante, lo cierto es que por sí misma no trasciende en el patrimonio o presupuesto de la persona moral oficial demandada, en razón de que no se trata de un acto que menoscabe su presupuesto directo o que afecte derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sea titular la persona moral oficial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.3o.T.8 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera 5 PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir." A partir de las premisas de hecho y de derecho apuntadas, se concluye que si bien el acto reclamado, por sí mismo, produce una afectación en el patrimonio de Lilia Ixtlapale PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 JUICIO DE AMPARO 1339/2022-II Guerra en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tepeyanco, Tlaxcala, en razón de que se advierte como acto reclamado destacado: ? El embargo de la cuenta bancaria 1199132093 de la Institución de Banca Múltiple Banorte, a nombre del Ayuntamiento de Tepeyanco, Tlaxcala, decretado en el recurso de revisión 39/2018-3 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Lo que limita en forma presente y actual un derecho sustantivo relacionado con el patrimonio de la persona moral oficial quejosa; por advertirse presuntamente la existencia de un menoscabo en su peculio, lo cierto es que dicha afectación no le es producida en un plano de igualdad con el gobernado. Ello es así, en razón de que dentro del recurso de revisión de origen, la moral oficial quejosa mantiene el carácter de autoridad ante su contraparte, es decir, durante la substanciación del mismo no se encontró en las mismas condiciones que el particular señalado como tercero interesado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, octubre de dos mil diecisiete, tomo II, página 1022, con número de registro en el IUS: 2015321; cuyo rubro y texto son: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el 7 PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Por las razones que la informan, es aplicable el criterio aislado de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1584, que reza: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LA PERSONA MORAL OFICIAL QUE ACTUÓ COMO AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE DONDE EMANA LA SENTENCIA RECLAMADA, EN EL CUAL SE IMPUGNÓ UN ACTO QUE DICTÓ EN UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 7o., párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Esa disposición, aunque aparentemente está referida sólo al amparo principal, pues no establece que opere igualmente para el adhesivo, aplica también para éste, en virtud de que es una regla generalizada, según la doctrina y la jurisprudencia, que los medios de defensa adhesivos son accesorios del principal, al cual están supeditados. Esto PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 JUICIO DE AMPARO 1339/2022-II se corrobora con el artículo 182, párrafo primero, de la legislación invocada, según el cual, la presentación y trámite del amparo directo adhesivo se regirán, en lo conducente, por lo previsto para el principal y seguirá la misma suerte procesal de éste. En esa lógica, el amparo adhesivo, como sucede con el principal, es improcedente cuando lo promueve una persona moral oficial que actuó como autoridad demandada en el juicio de donde emana la sentencia reclamada, en el que se impugnó un acto que dictó en una relación de supra a subordinación, es decir, en ejercicio de su potestad de imperio sobre el particular, pues en ese supuesto no es un ente sujeto de dicha protección, en tanto que el acto que defiende no afecta su patrimonio y tampoco es emitido en relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Por tanto, carece de la legitimación correspondiente". Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que el acto reclamado emana de la resolución de un recurso de revisión emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, lo cual constituye una sentencia definitiva, pues no obstante su denominación como "recurso", ésta no es una segunda instancia, ni un recurso, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual se otorga garantía de audiencia a las partes, y de él conoce una autoridad judicial, como en el caso, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Tiene aplicación, la Tesis XXVIII.1 A, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 1610, Tomo XIX, Marzo de 2004, Época: Novena Época, Registro: 181878, de texto y rubro siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CONFORME A SU NATURALEZA JURÍDICA ES PROPIAMENTE UN JUICIO DE NULIDAD. El recurso que se encuentra previsto en los artículos 124 a 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y 9 PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 sus Municipios, a pesar de denominarse de revisión y registrarse en la práctica el expediente respectivo como toca administrativo, no constituye una segunda instancia, ni un recurso, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual se otorga garantía de audiencia a las partes, y de él conoce una autoridad judicial, como lo es la Sala Electoral- Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de conformidad con los citados preceptos legales y del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual, en materia procesal, es de aplicación supletoria a la citada ley, pues así lo establece el segundo párrafo de su artículo 3o." Establecido lo anterior, resulta de vital importancia traer a colación lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito judicial, en el recurso de revisión 82/2016, el cual se invoca como un evidente hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles1, en el cual se estableció lo siguiente: 1 Criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en P./J. 16/2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio 2018, cuyo rubro y texto dicen: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 JUICIO DE AMPARO 1339/2022-II "QUINTO. En acatamiento al artículo 44 de la Ley de Amparo, este Tribunal debe declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento del juicio de amparo en la vía directa. En efecto, en el precepto invocado se establece lo siguiente: "Artículo 44. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito. Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la revisión es un tribunal colegiado de circuito, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento en la vía directa." Conforme al numeral transcrito, el tribunal colegiado de circuito, cuando conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, debe declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento del asunto en la vía directa. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada 1a. XXV/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008316, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, Materia Común, página 771, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTIMA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ERA INCOMPETENTE PARA EMITIR LA SENTENCIA IMPUGNADA, POR TRATARSE DE ACTOS RECLAMADOS EN LA VÍA DIRECTA, DEBERÁ DECLARARLA INSUBSISTENTE Y AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA EN LA VÍA DIRECTA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Esta Primera Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 62/2009, interpretó el artículo 94 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía que en el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito resolvieran un recurso de revisión en el que se analizara una sentencia dictada por un juez de distrito que debió emitirse en un juicio de amparo directo, aquellos órganos debían, por una parte, declarar insubsistente la sentencia recurrida y, por otra, tenían dos opciones para subsanar la incompetencia del juez de distrito y enderezar la vía procesal: 1) remitir el asunto a un tribunal colegiado de circuito; o, 2) avocarse al conocimiento del amparo. Así, esta Primera Sala estimó que la opción 1) sería aplicable en aquellos casos en que hubiera dos o más tribunales colegiados en el mismo circuito, en cuyo caso, el del conocimiento debía enviar los autos a la Oficina de Correspondencia Común, quien a su vez, lo remitiría al tribunal colegiado de circuito que corresponda, de conformidad con el turno o las reglas establecidas en el Acuerdo General 50/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2001. En 11 PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 consecuencia, la opción 2), esto es, avocarse al conocimiento del asunto, sólo sería aplicable cuando hubiera un único tribunal colegiado en el circuito de que se tratara. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, cambió el tratamiento que debe aplicarse, pues proporciona una regla específica en su artículo 44 para resolver el problema, que ya no establece una alternativa. En efecto, del citado precepto se colige que cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca del recurso de revisión de que se trata, advierta que la sentencia que se recurre deriva de un juicio de amparo indirecto y estime que dicho juicio debió tramitarse en la vía directa, será el propio tribunal colegiado de circuito quien declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento de la demanda, debiendo darle trámite en la vía directa. Esto es, por disposición del citado artículo 44, existe el imperativo legal de que los tribunales referidos, en dicho supuesto, cumplan con dos obligaciones jurisdiccionales: declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento de la demanda de amparo en la vía directa. Sin que para ello sea obstáculo la jurisprudencia citada, pues como fue explicado, lo señalado en ese criterio fue emitido a partir de lo que disponía el artículo 94 de la Ley de Amparo abrogada, el cual permitía esa interpretación, que ya no admite la ley vigente y, por tanto, se encuentra superada, en los términos del artículo sexto transitorio de la ley vigente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"." En ese sentido, también conviene señalar que los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (...)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (...)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 JUICIO DE AMPARO 1339/2022-II libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (...)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." En las relatadas circunstancias, es claro que en relación a la demanda de amparo promovida por Lilia Ixtlapale Guerra en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tepeyanco, Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6o. y 7o. del mismo ordenamiento legal,2 por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es DESECHARLA DE PLANO. ? Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las 2 "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes. 13 PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. ? Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Ernesto Pérez Rojas y Kennedy Muñoz Ramírez, por así haberlo solicitado. ? Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ? Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. ? Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ? Supresión de datos. PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 JUICIO DE AMPARO 1339/2022-II Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 15 PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. ? Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 JUICIO DE AMPARO 1339/2022-II jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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