Lilia Ivette Cruz Bonilla

Expediente 554/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
554/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Lilia Ivette Cruz Bonilla

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte promovente el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente dice: I. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve *******, contra de actos reclamados al Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales, Tijuana, Baja California por considerar que se vulneran en su perjuicio el derecho fundamental contenido en los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 apartado c), 21constitucionales; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 554/2021-V registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. II. Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, es pertinente establecer lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ****. En relación a lo anterior, del ocurso de demanda se desprende que la quejosa señala como acto reclamado la omisión de la autoridad ministerial de ejercer sus funciones de investigación y como persecutor de delitos en el número único de caso ******/*****, ya que refiere que el veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, fue informada por su asesor jurídico que el agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales Tijuana, Baja California, ha sido omiso en realizar sus funciones como autoridad investigadora. En esa tesitura, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no se cumplió con el principio de definitividad al no haber agotado el medio ordinario de defensa establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales... En consecuencia, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por consiguiente se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintiuno. I. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve Lilia Ivette Cruz Bonilla, contra de actos reclamados al Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales, Tijuana, Baja California por considerar que se vulneran en su perjuicio el derecho fundamental contenido en los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 apartado c), 21constitucionales; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 554/2021- V registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. II. Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, es pertinente establecer lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el numeral 62 de la citada Ley, dispone: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo anterior, se desprende que es obligación de este juzgador, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y deseche una demanda de amparo cuando encuentre motivos para ello. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En relación a lo anterior, del ocurso de demanda se desprende que la quejosa señala como acto reclamado la omisión de la autoridad ministerial de ejercer sus funciones de investigación y como persecutor de delitos en el número único de caso 19495/2021, ya que refiere que el veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, fue informada por su asesor jurídico que el agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales Tijuana, Baja California, ha sido omiso en realizar sus funciones como autoridad investigadora. En esa tesitura, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no se cumplió con el principio de definitividad al no haber agotado el medio ordinario de defensa establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone. "[...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]." Del precepto legal invocado se advierte, que se considera improcedente el juicio de amparo, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Asimismo, prevé que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, para justificar la causal de improcedencia que nos ocupa, resulta necesario destacar que el Sistema Procesal Penal Acusatorio fue instaurado a nivel constitucional desde el dieciocho de junio de dos mil ocho, y que derivado de ello, se estableció que habrían de crearse los ordenamientos legales necesarios, obviamente enfocados en desarrollar dicho sistema procesal, a fin de lograr su instrumentación. Seguidamente, conviene traer a colación los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción I, 109, fracción XXI, 131, fracciones I, III, V y VI, 133, fracción I, 134, fracciones I y IV y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [...] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [...] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 105. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; [...] Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [...] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; [...] III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; [...] V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; [...]" "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio [...]" "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces. En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; [...] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal [...]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la anterior transcripción se aprecia que entre los sujetos del procedimiento penal se encuentran la víctima y el ofendido, quienes tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, por disposición expresa del artículo 20, apartado C), inciso VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la víctima u ofendido tienen la posibilidad de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Así, el Juez de control cuenta con competencia para ejercer sus atribuciones reconocidas por el Código en cita, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura de juicio, entre las que se encuentra el resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional. Por ende, la víctima u ofendido, pueden pedir una audiencia de tutela de derechos, conforme al artículo 20, apartado C), fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para someter ante el Juez de Control, en relación con el artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como diversas resoluciones por él emitidas, pues ello dota de un mecanismo sencillo, rápido e idóneo para ejercer control judicial ordinario sobre el fiscal investigador. Ya que el Ministerio Público tiene entre otras obligaciones, la de iniciar, vigilar, ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, así como recolectar indicios y medios de prueba para determinar si existe o no un delito, así como verificar que en ésta se cumplan los derechos humanos reconocidos por la Constitución y diversos Tratados. Inclusive, desde otra perspectiva, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quiénes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución, quien convocará a una audiencia para decidir en definitiva. En efecto, toda vez que la parte quejosa reclama del agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales Tijuana, Baja California, la omisión de realizar la investigación correspondiente en el número único de caso 19495/2021, ya que refiere que el veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, fue informada por su asesor jurídico que la citada autoridad ministerial, ha omitido realizar sus funciones como autoridad investigadora, éstas debieron impugnarse ante la autoridad judicial en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del medio de impugnación previsto en el numeral 258 de dicho Código. Lo anterior es así, no obstante que si dicho precepto 258 establece, como se vio con anterioridad, que la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que les afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y en no ejercicio de la acción penal, por similitud de sus efectos, se equipara a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Pues se estima, que no es necesario que exista una determinación por escrito del Ministerio Público en sentido negativo, para que pueda recurrirse a través del medio de impugnación previsto en el numeral 258 antes invocado, sino que dicha omisión, esto es la inactividad o un "no hacer" por JOANNA SANCHEZ SMITH 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.aa 13/10/22 13:34:56 parte de la autoridad investigadora que trae como consecuencia que no se investigue un delito, no queda exenta de control por parte de los jueces ordinarios. Ya que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. No se inadvierte que si bien, el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la facultad de abstenerse de investigar que toma el Ministerio Público de ser fundada y motivada; sin embargo, lo cierto es que, una de las características fundamentales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversativo es que la actuación del Ministerio Público puede estar siempre sujeta a un control judicial; por tanto, si se estima que la determinación de abstenerse de investigar que formalmente o de facto adopta el Ministerio Público adolece de vicios, como pudiera ser una indebida o nula fundamentación o motivación, ello puede y debe ser materia de control judicial, en términos del artículo 258 del Código aludido. De ahí que se concluye que atendiendo a que el nuevo sistema de justicia penal busca que los asuntos de esa materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor, en lo que aquí interesa, de la víctima y el ofendido, las omisiones aquí reclamadas al Ministerio Público responsable, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria ante el Juez de control, en audiencia de tutela de derechos, atento a la fracción VII, apartado C), del artículo 20 Constitucional, o de acuerdo con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En virtud de que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió solicitar una audiencia de tutela de derechos prevista en la fracción VII, apartado C), del artículo 20 Constitucional, o bien, agotar el medio de defensa previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, según lo dispuesto en el citado artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues éste tiene el deber de atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; a más de que no se estima que se encuentra algún supuesto de excepción al principio de definitividad. e estimar lo contario se impone a la víctima u ofendido un gravamen o dilación, ya que en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en Juez de Control en una audiencia resolvería lo conducente, en tanto que el juicio de amparo, conlleva una dilación, lo que resultaría ser en contravención al artículo 17 Constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 27/2018 (10ª.) y 28/2018 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobados con motivo de la contradicción de tesis 233/2017, que en su orden establecen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Si bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no le otorga un nombre específico al medio de impugnación en contra de las omisiones del Ministerio Público, ello no impide a la parte afectada a inconformarse, pues para ello, basta con que haga mención que lo hace en términos del precepto aludido. En consecuencia, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por consiguiente se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Abraham González, número 180, Colonia Morelos, en esta ciudad; y, por autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo al licenciado Edgar Ivan Sánchez Contreras. Por otra parte, únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Daniel López Delgado hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo, por lo que se refiere a Luis Fabricio Polo Román y Karla Denisse García Organez, únicamente se le tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. Por otra lado, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionado por la parte quejosa, como forma especial y expedita de contacto, a través del cual se pueda entablar con ella comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; lo que se hace con fundamento en los artículos 3, de Ley de Amparo; 22 y 28, del aludido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de privilegiar la salud de las partes, personal de este órgano jurisdiccional y quienes intervienen en el presente juicio, dentro del contexto del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; por tanto, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. IV. Solicitud de notificaciones vía electrónica. Ahora, por cuanto hace a la diversa solicitud de recibir por vía electrónica las notificaciones; con fundamento en el numeral 26, fracción IV; 30, fracción II; y, 31, fracción III, de la Ley de Amparo; y, Capítulo Sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa a recibir notificaciones por vía electrónica; consecuentemente; se comisiona a cualesquiera de las actuarias de la adscripción para que practique las subsecuentes notificaciones que deban ser personales, por dicha vía (electrónica). V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que la notificación por lista relativa al acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno efectuada a la parte quejosa, fue realizada en días y horas inhábiles; en consecuencia, túrnense de nueva cuenta los autos a la actuaria ***, a efecto de que de forma inmediata proceda a realizar la notificación de referencia, en términos de los dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, de lo cual deberá levantar la constancia correspondiente. Hecho lo anterior, provéase lo conducente.

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