Lilia Eugenia Feregrino López
Expediente 494/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2017
Partes del expediente
- Lilia Eugenia Feregrino López
Actuaciones
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa *****, hubiese recurrido el acuerdo dictado el seis de abril de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....VI
- Principal
REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 494/2017-VI, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, como se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo que nos ocupa, habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En el caso, por un lado, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 6, ambos de la Ley de Amparo, en vigor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no causa una afectación real y actual a la parte quejosa. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de quien esto resuelve, el acto que se combate por un lado, no afecta derechos fundamentales de la aquí quejosa. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Así pues, en el caso se advierte que el acto reclamado no afecta a la parte quejosa. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualizan dos causas de improcedencia, por un lado el acto que se combate no afecta derechos fundamentales de la hoy quejosa. ACTO RECLAMADO En el caso, los actos reclamados por la promovente, consisten esencialmente en: 1.- El cobro del servicio de agua potable. Sin embargo del propio recibo de agua potable correspondiente al periodo de consumo del mes de febrero a marzo del año en curso, se advierte que el total a pagar por parte de la quejosa es de $0.00; con lo anterior se evidencia que la promovente no está en presencia de una afectación que transgreda un derecho legítimamente tutelado. En ese orden de ideas, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. Así, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 175-180 Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en la foja 77, que dice: "PERJUICIO JURIDICO, NOCION DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Ahora bien, tenemos que la fracción I, del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y a su vez el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de garantías, lo que en el caso no acontece, toda vez que como ya se adelantó, sin bien la parte quejosa reclama el pago del servicio de agua potable, lo cierto es que del recibo en cuestión, se advierte que el total a pagar de es $0.00, razón por la cual se insiste que a la impetrante del amparo no le causa un agravio personal y directo, esto es, que materialmente se ve afectada en su intereses con motivo de dicho pago, de ahí que la substanciación del presente juicio de amparo, por cuanto deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. Ahora, por otro lado, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. A fin de entender el alcance del sentido de la presente determinación, resulta conveniente abordar el siguiente marco jurídico. Así, el artículo 72, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece: "El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará dotado de plena autonomía y será independiente de cualquier autoridad administrativa. Tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las dependencias administrativas estatales con los particulares. Tendrá la organización jurisdicción y competencia que le atribuye la ley que apruebe la Legislatura." Por su parte, los artículos 1, 3, 4 y 5 del título segundo, relativo a la Organización y Competencia, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso- Administrativo del Estado de Querétaro, establecen: "ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos y tienen por objeto regular el proceso jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado." "ARTÍCULO 3.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, es un organismo autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa y ejercerá por si el presupuesto que le asigne la Legislatura, dotado de plena jurisdicción en todo el territorio estatal, con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones y con sede en la ciudad de Santiago de Querétaro." "ARTÍCULO 4.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se integra por los siguientes órganos: La Sala Unitaria; Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo; y Defensoría de Oficio." "ARTÍCULO 5.- El Tribunal tendrá la siguiente competencia: Ejercer su función jurisdiccional administrativa de manera pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita; Ajustar sus actos, procedimientos y resoluciones a las leyes, solicitando en su caso, el apoyo de las autoridades estatales municipales y federales. Diligenciar exhortos, requisitorias y despachos en materia contencioso-administrativa que les envíen los jueces de otras entidades federativas y de otras instancias jurisdiccionales, que se ajusten a la ley; Proporcionar a las autoridades competentes los datos e informes que soliciten de acuerdo a la ley; Auxiliar a las demás autoridades en los términos que determine la ley; y Las demás que señalen los ordenamientos legales aplicables." En tanto que, el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro, dice: "Serán partes en el juicio: (.) II.- El demandado, que podrá ser: a. La autoridad estatal, municipal, el organismo descentralizado o fideicomiso que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado o que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares ." De los numerales en comento, se advierte claramente que contra el acto que la quejosa reclama en su demanda, procede un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado y en esas condiciones, como la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, es concluyente que el juicio de amparo es improcedente. En efecto, las autoridades responsables en este asunto, son de aquéllos a los que hace referencia el citado artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, dicho Tribunal es competente para conocer y resolver en relación con el acto que aquí se combate, en razón de que se trata de un acto administrativo dictado por una autoridad Estatal, en agravio de un particular (aquí quejosa). De esta suerte, la existencia de la instancia de justicia administrativa, tiene como fundamento teleológico el de proporcionar un sistema integral de medios de defensa contra los actos de autoridades administrativas y, por tanto, constituye un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis que estatuye: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando en la demanda de amparo formulada en contra de actos de autoridades administrativas locales sólo se invoquen como violados artículos de la Constitución General de la República y no preceptos de alguna ley secundaria, el afectado debió previamente promover ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado el juicio de nulidad correspondiente, a virtud de que las cuestiones de derecho que plantea se refieren a problemas de legalidad, y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad, ya que aceptar lo contrario traería como consecuencia que con alegar únicamente violación a disposiciones de la propia Constitución se eludiría el agotamiento del recurso, juicio o medio de defensa ordinarios, según sea el caso, desacatándose así el requisito de definitividad que rige al juicio constitucional." (Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre, página 463.) Ahora bien, la fracción IV del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa, el amparo procede, además, contra acto u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar esos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.-." De lo anterior se advierte que la intención del Constituyente no fue que respecto de toda controversia, sin excepción, en la que se alegara que una norma general, acto u omisión de una autoridad generara vulneración a derechos humanos, deba proceder el juicio de amparo, sino que además debe reunir los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 107 de la propia Constitución o en la ley reglamentaria, entre los cuales destaca, para el caso que nos ocupa, el conocido como "principio de definitividad", conforme al cual, previamente a promover el juicio de amparo, es necesario haber agotado los medios ordinarios de defensa que la ley que rija al acto u omisión reclamados prevea. En ese tenor, previo al desarrollo del estudio de la improcedencia citada, cabe destacar que el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, que se encuentra delimitada por una serie de excepciones extraídas de la ley y de su interpretación efectuada por el Supremo Tribunal Constitucional de nuestro país. Así entonces, de los preceptos citados en los párrafos precedentes, de desprenden diversas excepciones al principio citado atendiendo particularmente a la naturaleza del acto reclamado, destacando como tales: Que la ley que prevea el medio de defensa respectivo, no permita la suspensión de los efectos del acto; Que los alcances de la suspensión que establezca la ley aplicable al acto, no sean los mismos que la ley reglamentaria del juicio de amparo; Que la ley que prevea el recurso, exija mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, que aquellos requeridos por la Ley de Amparo; Que la ley ordinaria establezca un plazo mayor que el que señala la ley de la materia, para el otorgamiento de la suspensión provisional (independientemente que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido); Que el acto reclamado carezca de fundamentación; y, Que la parte quejosa sólo alegue violaciones directas a la Constitución. Así, analizando los supuestos previstos en los puntos 1 a 4 enunciados, se estima que con el medio ordinario de defensa de mérito la peticionario del amparo puede obtener la suspensión de los actos que le agravian mediante la satisfacción de los mismos requisitos que se exigen para el caso de la acción constitucional. Ello es así, dado que los numerales 44 a 49 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, disponen lo siguiente: "Artículo 44. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. --- Sólo procede la suspensión de oficio, cuando el juzgador presuma la existencia del buen derecho del administrado y se trate de: --- I. Multa excesiva; --- II. Confiscación de bienes; --- III. Privación de libertad por autoridad administrativa; --- IV. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a particulares de escasos recursos económicos impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia; y --- V. Cuando el acto impugnado, de llegar a consumarse, hiciera materialmente imposible la restitución al actor en el pleno goce de sus derechos. --- En tanto no se pronuncie la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. --- La suspensión en estos casos se decretará de plano en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. --- En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo; ante el juzgador que conozca del asunto. --- Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato e inexcusable cumplimiento." "Artículo 45. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se provoca un perjuicio evidente al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. --- La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, tratándose de los casos previstos en el párrafo segundo y en las fracciones III y IV del artículo que antecede. --- La suspensión podrá ser revocada o modificada por el juzgador, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días si varían las condiciones por las cuales fue otorgada." "Artículo 46. Cuando sea necesario garantizar el interés fiscal o económico, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento del mismo, mediante cualquiera de las formas siguientes: --- I. Depósito en efectivo; --- II. Prenda o hipoteca; --- III. Embargo de bienes; y --- IV. Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite solvencia suficiente con bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Los fiadores deberán renunciar expresamente a los beneficios de orden y excusión y someterse, de igual manera, al procedimiento administrativo de ejecución a que hubiere lugar. --- Si la garantía se hubiese constituido previamente ante la autoridad demandada deberá acreditarlo el particular para los efectos legales del caso. Si la garantía no se otorga dentro de los ocho días siguientes al en que fuere notificado el acuerdo que la hubiera concedido dejará de surtir efectos." "Artículo 47. En los casos en que la suspensión sea procedente, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá sólo si el actor concede garantía bastante para reparar los posibles daños y perjuicios que con su concesión se causaran si no obtuviera sentencia favorable en el juicio. --- Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el juzgador fijará discrecionalmente el importe de dicha garantía. --- La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la violación, así como para garantizar el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la otorgada por el actor." "Artículo 48. La resolución que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos inmediatamente, aunque se interponga el recurso de revisión. --- El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión, pero si la Sala Unitaria revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata." "Artículo 49. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo, vía incidental, dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia." Numerales los reproducidos que, a juicio de quien esto resuelve ponen de manifiesto la posibilidad real y legal de que la parte quejosa pudiera obtener el beneficio de la suspensión de los actos reclamados bajo condiciones que no superan los requisitos que al respecto exige la Ley de Amparo, de ser el caso de que el juicio de amparo procediera; así, al no resultarle el carácter de tercero extraño, y al no haberse demostrado que la norma que regula el medio ordinario de defensa ya explicado exija mayores requisitos para obtener la suspensión del acto en relación de los que prevé la Ley de Amparo, se tiene que las cuatro posibles excepciones esenciales en torno al principio de definitividad no se surten. De igual manera, tampoco se actualiza la excepción señalada en el número 5, esto es, que el acto reclamado carezca de fundamentación, dado que en la especie, la propia quejoso aduce que los cobro los realiza en base a las tarifas establecidas en el decreto que crea la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, por lo que es claro que la solicitante del amparo no desconoce la normatividad en que se apoyan los actos de aplicación reclamados, lo que le permite impugnar su legalidad en sede común como lo pretende, pero no en esta instancia constitucional. En estas condiciones, si las violaciones alegadas por la hoy quejosa, a pesar de lo expresado en su demanda de amparo, no son directas respecto de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y sí pueden ser impugnadas mediante el juicio contencioso administrativo, además de que no se vulneró el principio pro persona, es inconcuso que no se actualiza la excepción al principio de definitividad y, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia que aquí se analiza. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia que indica: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (Tesis LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Igualmente, sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número P./J. 38/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la foja 5, del Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCION FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación." Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época)" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; asimismo, se tiene como autorizado de su parte, únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de la materia a la persona que en su demanda de amparo señala, hasta en tanto acredite ante este Juzgado ser licenciado en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL Finalmente con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte quejosa, con copia del presente proveído.....VI Notifíquese personalmente.
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