Lilia Esther Vaquera García
Expediente 1003/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lilia Esther Vaquera García
- Lilia Esther Vaquera García y Otros.
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA Y COMO LA PARTE QUEJOSA Y LA AUTORIDAD NO MANIFESTARON SU INCONFORMIDAD CON EL PROVEÍDO INDICADO, SE DECLARA QUE EL MISMO HA QUEDADO FIRME. ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DELCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.
- Principal
VISTO; POR LO EXPUESTO, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DÍA DE HOY Y EN SU LUGAR, SE FIJAN LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el delegado de la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo y Dirección General del Comité Interdisciplinario Evaluador, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por medio del cual en atención al requerimiento formulado en auto de seis de julio de este año, informa que el Comité Interdisciplinario Evaluador se encuentra recabando constancias para estar en posibilidad de emitir una nueva resolución, asimismo exhibe copia certificada del escrito de diecinueve de julio de este año, presentado por el representante de la parte quejosa, en el cual manifiesta su conformidad con los dictámenes realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y solicita una prórroga prudente, considerando la complejidad del caso, para estar en oportunidad de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con la finalidad analizar la información mencionada y estar en aptitud de emitir la resolución que en derecho corresponda. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. PRÓRROGA Por otra parte, para atender la petición de la oficiante, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, esta juzgadora toma en cuenta lo siguiente: Que mediante el oficio que aquí se acuerda, el delegado de la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo y Dirección General del Comité Interdisciplinario Evaluador, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informa que el Comité Interdisciplinario Evaluador se encuentra recabando constancias para estar en posibilidad de emitir una nueva resolución y solicita una prórroga prudente, considerando la complejidad del caso, para estar en oportunidad de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En consideración de lo anterior, se otorga al Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, PRÓRROGA de QUINCE DÍAS, para que remita a esta juzgadora las constancias en copia certificada con las que acrediten fehacientemente dentro de sus respectivas atribuciones, haber dado cabal cumplimiento a la ETAPA DOS, conforme al Protocolo de Ejecución establecido mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, esto es: Desahogar una prueba pericial psicológica que determine la afectación en la integridad moral de José Ashmad Gatica Morales, así como de Carlos Gatica Ensaldo, María Guadalupe Morales Agatón, Santiago Gatica Morales, Carlos Axel Gatica Morales, Gualberta Ensaldo Escudero, Macario Gatica Vázquez y Petra Agatón Bello, con motivo de la violación a sus derechos humanos, en la que se les valore físicamente, tomando en cuenta las constancias que se estimen necesarias, como son el expediente clínico, las facturas de la atención médica y tratamientos recibidos, terapias, la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, y todos los demás elementos que se estimen suficientes para determinar el daño sufrido en su integridad y estar en posibilidad de justificar de manera individualizada, fundada y motivada la compensación por concepto de daño moral sufrido. Requerir las constancias necesarias, tanto de la institución educativa en que esté inscrita la víctima directa (en su caso), como las que obren en su poder, así como de las víctimas indirectas, para que tenga la posibilidad de emitir una nueva resolución a título de medidas de rehabilitación, como parte de la reparación integral del daño. De igual forma, se otorga prórroga al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para que dentro del mismo plazo le ORDENE y conmine a cumplir con el presente proveído; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. APERCIBIMIENTO Apercibidos en caso de incumplimiento a lo aquí ordenado, se les impondrá una multa de cincuenta veces del valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Por otra parte, tomando en consideración el oficio que anexa solicita la confidencialidad de los datos que se proporcionan, se permite la consulta únicamente al quejoso de los anexos del oficio de cuenta para que esté en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga, aunado a que la clasificación de reserva no limita la facultad de este órgano jurisdiccional de allegarse de todos los elementos necesarios para mejor proveer, no obstante lo anterior, no se autoriza la expedición de copias o reproducción alguna de las citadas documentales. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial P./J. 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." ...
- Principal
Ciudad de México, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo presentada por *** por propio derecho y otros, por propio derecho; regístrese en el libro de gobierno con el número 1003/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a ***, como representante común de los quejosos. Ahora, los artículos 114 y 1081 de la Ley de Amparo disponen que si este juzgado al momento de la presentación de la demanda advirtiere alguna irregularidad, debe ordenar prevenir a la parte quejosa para que sea subsanada, para luego determinar lo que en derecho corresponda De los artículos en cita se tiene presente que, si este juzgado al momento de la presentación de la demanda advirtiere alguna irregularidad, debe prevenir a la parte quejosa para que sea subsanada, y luego determinar lo que en derecho corresponda. En este sentido, de la lectura de la demanda de amparo se observa que las promoventes del juicio de amparo aducen ser L*** y la firma que aparece en la página final de la presente demanda de amparo, no se advierte a que promovente corresponde. En relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, fracción I, y 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: 1. Precisen bajo protesta de decir verdad, a quién corresponde la firma estampada en la última foja de la demanda de amparo. No se omite informar al promovente, que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]." 2. Exhiba dos copias del escrito aclaratorio por el que desahogue lo aquí requerido, a fin de correr traslado a las partes, y una copia extra de los escritos de demanda y aclaratorio por cada autoridad novedosa que señale. Cabe precisar que lo anterior, constituye una obligación para la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Apercibido que de no cumplir con dichos requerimientos, se procederá conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en los términos amplios a las personas que tengan inscritas sus cédulas profesionales de licenciados en derecho en el registro correspondiente del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, cabe hacer mención que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su artículo 55, determina que las partes, los representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con las facultades expresas para ello, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo que es necesario que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas, en la que señalen el "nombre de usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea, la cual únicamente surtirá efectos en los expedientes respecto de los cuales se formule dicha solicitud. Lo anterior para evitar en todo momento acciones que requieran de presencia física en los órganos jurisdiccionales y acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 15/2020, se tiene como números telefónicos, los que indica a fin de poder entablar comunicación con ella. Asimismo, se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juzgado determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgadora y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. HABILITACIÓN DE ACTUARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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