Lilia Elías Camacho

Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
720/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Lilia Elías Camacho
  • Juez Primero Civil de Partido con sede en Pénjamo, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    Vistos los autos y toda vez que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, por tanto, de conformidad con lo dispuesto el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.-

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto en la cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. -Con fundamento en el artículo que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído, lo cual deberá ocurrir dentro de los treinta días siguientes de que se cumplan los tres años citados y remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.-Devuélvase a la autoridad responsable el tomo de prueba que remitió en apoyo a su informe justificado, pues resulta innecesario su resguardo en este juzgado.-Acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión que deriva del presente asunto.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que en proveído de diecisiete de septiembre del año en curso, se reservó proveer respecto de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa en tanto se encontrara integado el presente asunto, lo cual ya aconteció; por tanto, se provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se desecha la testimonial ofrecida por la quejosa, toda vez que los principios básicos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que derivan de su naturaleza sumaria, prevén parámetros ineludibles para el ofrecimiento de pruebas, entre ellos, que la prueba testimonial debe ser ofrecida a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. En el caso, el escrito por el cual se ofrecen las pruebas testimoniales se presentó el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de este juzgado; en tanto que la fecha que inicialmente se programó para la celebración de la audiencia constitucional fue el veintidós de septiembre del año en curso. De ahí que el ofrecimiento de dicha prueba resulte extemporáneo, ya que el último día que la quejosa tenía para ofrecer la testimonial fue el diez de septiembre de dos mil veintiuno, que es el sexto día hábil anterior a la primera fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Es así, dado que los cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia fueron el trece, quince, diecisiete, veinte y veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P./J./96, del Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable en el tomo III, página 53, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal.". En el entendido de que en el cómputo del plazo que la quejosa tenía para ofrecer la testimonial no se incluyó el quince de septiembre de dos mil veintiuno, dado que fue declarado inhábil de conformidad con la circular 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin encontrarse previsto en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ni en el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P./J. 19/2003, del Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable en el tomo XVIII, Julio de 2003, página 16, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 183844, de rubro y texto: "DÍAS INHÁBILES PARA EL ANUNCIO DE LAS PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL E INSPECCIÓN OCULAR EN EL AMPARO. SÓLO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ESTABLECIDOS EN DISPOSICIONES GENERALES EXPEDIDAS POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO, SIN INCLUIR LOS DÍAS EN QUE SE SUSPENDAN LAS LABORES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL POR ACUERDO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL O DEL PROPIO TRIBUNAL O JUZGADO. Los artículos 23, 24, 26 y 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los artículos 281, 282, 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, establecen cuáles son los días hábiles para la realización de las actuaciones judiciales, determinando asimismo cuáles son los inhábiles y, por ende, en los que no deben realizarse tales actuaciones; estos preceptos dan certeza a los litigantes para conocer de antemano cuáles son los días inhábiles que deben deducir del cómputo de los plazos legales previstos para la realización de cualquier actuación procesal; además de esos días predeterminados, hay otros que alteran esa previsión legal, en cuanto provocan modificaciones del plazo respectivo, que por regla general, favorece a los gobernados dado que prolonga en su beneficio el plazo con que originalmente contaban para efectuar determinado acto procesal, los cuales pueden provenir de un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal o de los propios Tribunal Unitario de Circuito o Juzgado de Distrito que conozca del juicio, originados por caso fortuito o fuerza mayor, supuestos en los que el órgano jurisdiccional autoriza administrativamente la suspensión de labores, lo que trae como consecuencia que ese día se considere inhábil conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, provocando casi siempre la prolongación del plazo respectivo; empero, para salvar cualquier eventual confusión cuando la inhabilitación de un día provoca la reducción del plazo, como ocurre verbigracia, respecto al anuncio de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular que habrán de rendirse en el amparo, acto procesal que debe efectuarse cinco días hábiles antes de celebrarse la audiencia constitucional, la autoridad que conozca del amparo no debe deducir del plazo los días en que se haya acordado la suspensión laboral con motivo de los acuerdos referidos, puesto que en este caso la consecuencia que sufre el gobernado le produce perjuicio, dado que ese hecho futuro, incierto e imprevisible puede provocar la deserción de tales pruebas por el anuncio inoportuno, lo que evidentemente resulta injustificado; de ahí que los únicos días que en todo momento pueden considerarse como inhábiles para el anuncio de dichos medios de prueba, son aquellos que previenen las disposiciones legales, en la medida en que su inhabilitación es producto de una decisión adoptada por el legislador, cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haberse publicado en los medios de difusión autorizados, en este caso en el Diario Oficial de la Federación. Sin que se advierta que los hechos materia de la testimonial eran desconocidos para la quejosa al momento de la presentación de la demanda, dado que se aprecia que su objeto es acreditar la posesión que aduce tener sobre el inmueble que defiende y el origen de ésta, aspectos que desde luego eran conocidos por la solicitante del amparo desde la presentación de su demanda. Separación de los actos reclamados Ahora, de la lectura íntegra de la demanda y las constancias que integran el presente expediente, se advierte que la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio y reclama lo actuado dentro del a) juicio ejecutivo mercantil 614/2011 del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Pénjamo, Guanajuato; b) juicio ordinario civil 169/2020 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido con sede en Pénjamo, Guanajuato y c) toca 8/2021 de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y su ejecución, respecto del bien inmueble identificado como Lote número trece, de la manzana dieciséis, de la zona dos, ubicada en el poblado Las Lagunillas, municipio de Pénjamo, Guanajuato, que cuenta con una extensión de 659.10 metros cuadrados. En el entendido de que el toca 8/2021 del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 169/2020 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato. De acuerdo con lo anterior, los actos reclamados identificados en el inciso a) no guardan relación con los identificados en los incisos b) y c), pues derivan de dos juicios distintos. De ahí que es necesaria la separación de los actos reclamados, a efecto de que puedan ser estudiados de manera autónoma. En efecto, cuando se reclaman actos emanados de juicios diversos desvinculados entre sí, así como existe la figura de la acumulación de juicios, también existe aquella figura que tiene por objeto separarlos, la cual, si bien no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en torno al tema. Al respecto, se tiene la jurisprudencia P./J. 76/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197671, publicada en la página 118, tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Así como la jurisprudencia 77/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá". De lo anterior se tiene que la separación de juicios podrá realizarse válidamente de oficio, en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, y tiene por objeto en gran medida, lograr una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto se lleguen a formular. Por tanto, si en el asunto que nos ocupa los actos emanan de diversos juicios (juicio ejecutivo mercantil M614/2011 del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Pénjamo, Guanajuato y juicio ordinario civil C169/2020 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, éste último junto con el toca de apelación que se formó con motivo del recurso interpuesto en contra de la sentencia ahí dictada), es por lo que resulta necesario separar los actos reclamados para que sean analizados de manera autónoma, en atención a que en los procedimientos de donde derivan no se aprecia que tengan relación entre sí, y actuar de manera contraria se caería en el absurdo de que en un juicio de amparo se emprendiera el estudio de todos y cada uno de los asuntos de los cuales la quejosa fuera parte o en su defecto le surtiera algún interés. Consecuentemente, toda vez que se colman los extremos para separar los actos derivados la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, sepárense los actos reclamados en el presente juicio de amparo, relativos a los dos procedimientos señalados, para que se conozca de ellos, en dos asuntos diversos. Este órgano jurisdiccional se avocará única y exclusivamente por lo que ve al acto derivado del juicio ejecutivo mercantil M614/2011 del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Pénjamo, Guanajuato. Por consiguiente, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, un juego en copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el presente juicio, así como los cuadernos auxiliares de pruebas relativos al juicio ordinario civil C169/2020 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato y el toca 8/2021 de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dado que se formó con motivo de la apelación interpuesta en contra de la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte dictada en dicho procedimiento civil, para que el juzgado que por razón de turno corresponda, se avoque al conocimiento de ese acto. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y fórmense el cuaderno respectivo, para ser enviado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis integral de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 614/2011 del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Pénjamo, Guanajuato, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" [Énfasis añadido] El primer artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo (plazo de quince días); asimismo, contempla excepciones a dicho término: - Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. - Ocho años: sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. - Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. - Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: a) día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; y c) día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de ésta. De una interpretación sistemática, dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, calificando así a aquellos que no son reclamados en el plazo genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos consentidos tácitamente, calificando a aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en casos previstos por las fracciones l, ll, ll y IV del numeral citado en primer término. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso). c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión, dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días, es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Como ya se precisó, la quejosa como tercera extraña a juicio, reclama todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 614/2011 del índice del Juzgado Único Menor Mixto en Pénjamo, Guanajuato y su ejecución, respecto del bien inmueble identificado como Lote número trece, de la manzana dieciséis, de la zona dos, ubicada en el poblado Las Lagunillas, municipio de Pénjamo, Guanajuato, que cuenta con una extensión de 659.10 metros cuadrados; sin embargo de las constancia que remitió dicha responsable, se aprecia que la promovente del amparo tuvo conocimiento de la existencia de dicho juicio, así como que ese inmueble fue embargado en tal sumario, por lo menos a partir de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado Alfonso Solorio Enríquez, llevada a cabo el dieciocho de agosto de dos mil once, pues la quejosa atendió personalmente dicha diligencia. En ese contexto, se tiene que la quejosa no cumplió con la previsión normativa de promover el juicio de amparo indirecto para defender los derechos que aduce lesionados en el término de quince días, por tanto, su presentación es extemporánea, pues ocurrió después del término legal para acudir a esta instancia constitucional, ya que desde el dieciocho de agosto de dos mil once tuvo conocimiento que en el juicio ejecutivo mercantil 614/2011 del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Pénjamo, Guanajuato el inmueble que aduce es de su propiedad fue embargado. Por lo cual, el plazo con que contaba para promover juicio de amparo trascurrió a partir del día siguiente al en que tuvo verificativo la diligencia antes referida, esto es, del diecinueve de agosto al ocho de septiembre de dos mil once, sin contar por ser días inhábiles los sábados y domingos comprendidos dentro de ese período. Es aplicable la jurisprudencia P./J.115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.". En ese sentido, la parte quejosa dejó transcurrir el plazo previsto para promover el juicio de amparo indirecto en protección de sus derechos respecto del acto que reclama, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Lo anterior se resuelve así, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, ya que estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual se encontraba programada para las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Intégrese para que obre como corresponda el oficio firmado por la Jueza Menor Mixto de Pénjamo, Guanajuato, remite diligenciado el despacho del índice de este juzgado; se tienen legalmente emplazados al presente juicio de amparo a los terceros interesados Víctor Hugo Soria Pérez y Sergio Christian Sánchez Govea.-

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