Lilia de los Dolores Gaspar González
Expediente 1970/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1970/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/12/2018
Partes del expediente
- Lilia de los Dolores Gaspar González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
*SE ESTIMA QUE LA RESPONSABLE ACATO EL FALLO PROTECTOR... ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO... ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN...
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AVISO PRINCIPAL.- POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE EN SINTESIS DICE.- ...SE ESTIMA QUE LA RESPONSABLE ACATÓ EL FALLO PROTECTOR. ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO...SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA.ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN...NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL...
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Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (folio 72), con las documentales aportadas por la responsable, las cuales remitió en cumplimiento al fallo protector, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, lo cual se advierte de la constancia de notificación correspondiente (folios 74), sin que desahogara la vista contenida en ese proveído. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho (folios 27 a 34), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco (sin importar que el acto haya sido inexistente por cuanto a esa autoridad): b1) Aplique a la parte quejosa la cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que es la cantidad mínima contemplada en dicho artículo, por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, y no la contenida en el inciso h) reclamado. b2) Por consiguiente, deberá devolver las cantidades que, descontando el citado monto, pagó por concepto de derechos de registro de los actos jurídicos en el Registro Público de la Propiedad, mediante recibos oficiales números A38968956, A38968957 y A38968958, respecto de las escrituras públicas números cuarenta y un mil veintidós, cuarenta y un mil veintitrés y cuarenta mil setecientos ochenta y tres, por los cuales pagó una cantidad superior a la cuota mínima establecida en el dispositivo combatido." Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho (folios 42 a 44), causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a la responsable por su cumplimiento. Luego, en auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 72), se tuvo por recibido un oficio por medio del cual la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de la orden de pago 1769480 emitida a favor del quejoso, por la cual le sería entregada la cantidad cuya devolución se ordenó en el presente juicio de amparo, así como la constancia en la que se hizo constar la imposibilidad de notificarle al quejoso de ello, lo que hace colegir que no se ha entregado a la parte quejosa el documento mercantil correspondiente. En ese tenor, toda vez que el cumplimiento de la sentencia de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes, ya que, se insiste, es de orden público, este órgano de control constitucional señala las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que la parte quejosa y la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo, en el caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de cualquiera de sus delegados, comparezcan al local que ocupa este órgano jurisdiccional, con identificación oficial vigente, para que ante la presencia judicial se haga la entrega del documento mercantil emitido en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior es bajo apercibimiento que en caso de no comparecer el día y hora señalados en el presente proveído, tratándose de la parte quejosa, éste órgano de control constitucional emitirá pronunciamiento en el que declarara cumplida la sentencia de amparo y, en el caso de la incomparecencia de la autoridad en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en la data en que se le haga efectiva dicha sanción, lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
RAZÓN POR AVISO PRAL: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el contenido del acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, misma que en síntesis dice: "Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (folio 72), con las documentales aportadas por la responsable, las cuales remitió en cumplimiento al fallo protector, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, lo cual se advierte de la constancia de notificación correspondiente (folios 74), sin que desahogara la vista contenida en ese proveído. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho (folios 27 a 34), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco (sin importar que el acto haya sido inexistente por cuanto a esa autoridad): b1) Aplique a la parte quejosa la cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que es la cantidad mínima contemplada en dicho artículo, por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, y no la contenida en el inciso h) reclamado. b2) Por consiguiente, deberá devolver las cantidades que, descontando el citado monto, pagó por concepto de derechos de registro de los actos jurídicos en el Registro Público de la Propiedad, mediante recibos oficiales números A38968956, A38968957 y A38968958, respecto de las escrituras públicas números cuarenta y un mil veintidós, cuarenta y un mil veintitrés y cuarenta mil setecientos ochenta y tres, por los cuales pagó una cantidad superior a la cuota mínima establecida en el dispositivo combatido." Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho (folios 42 a 44), causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a la responsable por su cumplimiento. Luego, en auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 72), se tuvo por recibido un oficio por medio del cual la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de la orden de pago 1769480 emitida a favor del quejoso, por la cual le sería entregada la cantidad cuya devolución se ordenó en el presente juicio de amparo, así como la constancia en la que se hizo constar la imposibilidad de notificarle al quejoso de ello, lo que hace colegir que no se ha entregado a la parte quejosa el documento mercantil correspondiente. En ese tenor, toda vez que el cumplimiento de la sentencia de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes, ya que, se insiste, es de orden público, este órgano de control constitucional señala las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que la parte quejosa y la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo, en el caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de cualquiera de sus delegados, comparezcan al local que ocupa este órgano jurisdiccional, con identificación oficial vigente, para que ante la presencia judicial se haga la entrega del documento mercantil emitido en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior es bajo apercibimiento que en caso de no comparecer el día y hora señalados en el presente proveído, tratándose de la parte quejosa, éste órgano de control constitucional emitirá pronunciamiento en el que declarara cumplida la sentencia de amparo y, en el caso de la incomparecencia de la autoridad en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en la data en que se le haga efectiva dicha sanción, lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo."
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