Lilia Aurora Galván Méndez
Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Lilia Aurora Galván Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".Realizar en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral ********************, es decir, para que se le cubra a la parte actora la cantidad de ******************** por concepto de prima de antigüedad; observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin. ." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese.
- Principal
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con quince minutos del dos de septiembre de dos mil veintidós hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 927/2022, promovido por Lilia Aurora Galván Méndez, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretaria de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. El Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, así como el informe justificado de la autoridad responsable. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: el Secretario da nueva cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable; el Juez acuerda: se tiene por recibidas, admitidas y desahogadas las documentales de cuenta, y no habiendo más pruebas que desahogar, se cierra el periodo. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 927/2022, promovido por Lilia Aurora Galván Méndez. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, recibido en este juzgado el veinticinco siguiente, compareció Lilia Aurora Galván Méndez. a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La omisión de las autoridades señaladas como responsables al dejar de dar cumplimiento al laudo de fecha 03 de febrero de 2021, dentro de los autos del expediente laboral número 392/E/2018 y hacer entrega de manera personal al trabajador del documento mercantil (cheque) que ampara la condena y violación al derecho de petición.'' Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de junio de dos mil veintidós, previo requerimiento que se formuló a la promovente el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda registrada con el número 927/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de lograr la ejecución del laudo de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 392/E/2018, y se cubra las cantidades condenadas en dicho laudo. TERCERO. Certeza de acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. Lo anterior se corrobora con las constancias allegadas, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, se tiene por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Dentro del presente asunto, por cuanto hace al acto reclamado al Gobierno del Estado de Tamaulipas por conducto de la Secretaría de Finanzas, este juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1º, fracción I y 5º fracción II, primer párrafo, del cuerpo normativo en consulta. Lo anterior, toda vez que a dicha autoridad, no le resulta el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de esta entidad. Esto, pues su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, ya que la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en el precepto aludido deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral. Tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.38/2007, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y cinco, Tomo XXV, correspondiente al mes de marzo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1º, fracción I y 5º fracción II, primer párrafo, del cuerpo normativo en consulta, se SOBRESEE el presente juicio de amparo por cuanto hace a la autoridad Gobierno del Estado de Tamaulipas por conducto de la Secretaría de Finanzas. No advirtiendo este Juzgador la actualización de diversa causal de improcedencia, se procede al estudio del presente juicio de amparo. Quinto. Estudio. Es sustancialmente fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, relativo a la omisión de lograr la ejecución del laudo de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 392/E/2018, ya que existe retraso en la administración de justicia por parte de la autoridad responsable, en virtud de que, efectivamente la autoridad responsable ha inobservado lo dispuesto en el numeral 118 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Lo anterior es así, pues, dicha resolución fue emitida desde el tres de febrero de dos mil veintiuno; y, la responsable ha emitido únicamente el acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós tendiente al cumplimiento y por el cual despachó ejecución a petición del apoderado legal de la ahora quejosa. Sobre el tema, en la contradicción de tesis PC27.XIX.T.8.2016.C, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, la cual fue terminada de engrosar el once de mayo de dos mil diecisiete, de la ejecutoria pronunciada por el Pleno del Décimo Noveno Circuito, sostuvo que del contenido de los artículos 88, 101, 105, 106, 107, 108, 112, 117, 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, la substanciación del proceso burocrático, una vez recibida la contestación a la demanda o transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, se concentra en una audiencia de pruebas y alegatos, después de la cual debe dictarse el laudo, sin que se contenga un capítulo de ejecución de laudo. Sin embargo, la Máxima autoridad jurisdiccional en este circuito destacó lo siguiente: El artículo 118 dispone, que el laudo debe ser cumplido dentro de los quince días hábiles a partir de su notificación; El artículo 88 establece, que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos prescriben en dos años "a partir de que sea ejecutable la resolución respectiva"; y, Dicha superioridad, concluyo que el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, en la ejecución de laudos no da mayores lineamientos salvo que la resolución deberá ser cumplida dentro de los quince días hábiles a partir de su notificación, es decir, no se exige el impulso procesal del ejecutante o de las partes al respecto, una vez iniciado. Inclusive, el término de quince días hábiles a que se refiere el artículo 118 comienza a partir de la notificación del laudo, esto es, sin necesidad de que lo solicite expresamente la parte que obtuvo resolución favorable; por lo que resultaría incongruente estimar por un lado que la acción de ejecución de sentencia está sujeta a prescripción y por otro, que la ejecución inicia con la notificación de la sentencia. Por lo anterior, el Pleno de este Décimo Noveno Circuito, sostuvo que una vez solicitada la ejecución del laudo se interrumpe la prescripción y ya no se requiere del impulso del ejecutante en las subsecuentes etapas del procedimiento de ejecución forzosa, en atención a que no es factible la ejecución mediante el embargo de bienes; en cambio, para la ejecución sólo el tribunal puede emplear los medios de apremio que prevé el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, que la etapa y procedimiento de ejecución, una vez que se solicita, en sus etapas subsecuentes debe realizarse de manera oficiosa por parte del Tribunal. En este contexto, de las constancias allegadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, se desprende que por laudo de tres de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora por acreditando en parte sus acciones y a la parte demandada por demostrando sus excepciones; y por otra parte, condenó a la demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a pagar a la parte actora Lilia Aurora Galván Méndez, las siguientes cantidades por concepto de prima de antigüedad: $40,432.99 (cuarenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 99/100 M.N.) $13,476.32 (trece mil cuatrocientos setenta y seis pesos 32/100 M.N.) por concepto de prima vacacional. $6,688.00 (seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) $35,015.17 (treinta y cinco mil quince pesos 17/100 M.N.) En virtud del laudo condenatorio en favor de la parte actora, mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, la responsable despachó ejecución, y determinó girar oficio recordatorio al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a fin de que el demandado cubra las cantidades mencionadas en líneas anteriores. Sin embargo, de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que la última actuación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, respecto al cumplimiento del laudo de tres de febrero de dos mil veintiuno, fue precisamente el acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós; sin que dentro del presente sumario obren actuaciones con las que se advierta que dicha situación ha acontecido, es decir, que se dio cumplimiento al laudo, cubriéndose a la parte actora la cantidad de $95,612.45 (noventa y cinco mil seiscientos doce pesos 45/100 M.N.). Luego entonces, si bien la autoridad responsable ha gestionado acciones para lograr la ejecución del laudo, se debe decir que lo anterior no basta para cumplir con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, así como con la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, contenida en el artículo 17 Constitucional, pues no se advierte que la responsable después de la actuación de trece de junio de dos mil veintidós, haya continuado con las medidas necesarias para lograr que se cumplimentara la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 392/E/2018, pues hasta la presente fecha, no se tiene conocimiento de que se haya logrado la ejecución de dicho fallo. Así también, se resalta que de las actuaciones que integran el juicio de amparo no se advierte que a la fecha de la presente resolución exista alguna constancia que ponga de manifiesto que el tribunal responsable agotó todas las medidas establecidas en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, y demás ordenamientos que resulten aplicables, para lograr dicho objetivo de cumplimiento del laudo, actuando en perjuicio de la parte quejosa y de la garantía de impartición de justicia pronta consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna. En consecuencia, lo procedente es otorgar el AMPARO y PROTECCIÓN de la Justicia Federal solicitado por la aquí quejosa Lilia Aurora Galván Méndez para los siguientes efectos: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios deberá: Realizar en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral 392/E/2018, es decir, para que se le cubra a la parte actora la cantidad de $95,612.45 (noventa y cinco mil seiscientos doce pesos 45/100 M.N.) por concepto de prima de antigüedad; observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217, de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado al Gobierno del Estado de Tamaulipas por conducto de la Secretaría de Finanzas, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Lilia Aurora Galván Méndez, respecto al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en seis de julio de dos mil veintidós, remite copia certificada del laudo y constancias posteriores a éste, dentro del juicio laboral ********************. Consecuentemente, con el oficio de cuenta y anexos que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, no obra constancia que determine que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad, se encuentra debidamente notificada del proveído de seis de julio de dos mil veintidós por el cual se solicitó remitiera copia certificada de las constancias posteriores al laudo firme incluyendo el mismo, dentro del expediente laboral 392/E/2018. En consecuencia, hágase del conocimiento a la autoridad responsable el proveído de referencia, para los efectos a que haya lugar, a fin de que esté en condiciones de dar cumplimiento al requerimiento ahí efectuado, debiendo insertar al oficio correspondiente que para tal efecto se libre del presente acuerdo, el contenido del diverso mencionado con los anexos necesarios. Para dar margen de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de la fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS para su verificativo. Notifíquese.
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