Lilia Araceli Macías Calderón

Expediente 101/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
101/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Lilia Araceli Macías Calderón
  • Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestaran si existía alguna inconformidad contra la resolución de veintiocho de febrero del año en curso, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 101/2021-VII, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por consentida. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la licenciada Paola Janeth Siañez Heredia, autorizada de la quejosa en el juicio que se actúa, mediante el cual manifiesta que el pasado martes la impetrante de amparo acudió a la Tesorería Municipal y se le hizo entrega del cheque 013669, por la cantidad de $2,256.46 (dos mil doscientos cincuenta y seis pesos con cuarenta y seis centavos), moneda nacional y que pudo hacerlo efectivo, por lo que manifiesta su conformidad con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio. Por otra parte, de la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa en acuerdo de diecisiete de febrero del año actual, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la autoridad responsable Tesorera del Municipio Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, haciéndolo en los términos citados en el párrafo que antecede. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso la sentencia está cumplida, si la citada responsable incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa, acorde a las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". De acuerdo con el numeral 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En sentencia emitida el quince de abril de dos mil veintiuno, por este órgano de control constitucional, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Lilia Araceli Macías Calderón, para el efecto siguiente: "(.) Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, respecto al cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, relativo al bien inmueble registrado con la cuenta catastral 01-132-050-034-0000, suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por las razones que a continuación se expondrán. (.) Por todo lo expuesto, debe concluirse que los artículos impugnados son inconstitucionales por transgredir el principio de legalidad en materia tributaria, al no estar definidos en la Ley de Catastro ni en las Tablas de Valores Unitarios la totalidad de los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinado bien en su categoría, atendiendo a su clase o estado de conservación, ni cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para establecer tales categorías y los valores que se les asignaron; lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al destinatario de la norma, pues provoca que uno de los elementos (base) de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa. Por lo que, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte agraviada el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria de la contribuyente. Ahora, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga a la parte quejosa al pago de menor cuantía establecido en la categoría de que se trate, resulta inconcuso que en cumplimiento a la ejecutoria, las autoridades ejecutoras deberán restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Es necesario precisar que a las cantidades que deban devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarles la diferencia de las cantidades que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquélla se efectuó, y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la parte quejosa las cantidades que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenían al momento en que se erogó. (Se trascribe tesis). En consecuencia, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitado por la quejosa Lilia Araceli Macías Calderón, en contra de los actos que reclamó del Congreso del Estado de Chihuahua, para los efectos antes precisados". Posteriormente, por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Luego la licenciada Paola Janeth Siañez Heredia, autorizada de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, señaló que no está conforme con el cumplimiento que la responsable pretendió dar a la ejecutoria de amparo, dado que según argumentó, no estaba aplicando el monto de menor cuantía que se indicó en la sentencia protectora, sino que la responsable adujo, con relación al valor de la construcción de la vivienda, le corresponde uso habitacional y tipología de habitacional bueno, por lo que, a fin de determinar la cantidad que debía devolverse a la parte quejosa en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el cinco de julio del año próximo pasado se abrió incidente innominado, con el propósito de que las partes puedan aportar elementos de prueba fehacientes para determinar la cantidad exacta que había de cubrirse a la agraviada. En resolución de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se determinó la cantidad que el Tesorero de Juárez, Chihuahua, debía devolver a la impetrante de amparo, por lo que en esa misma fecha se requirió su cumplimiento. Tras varios requerimientos, con oficio TM/CJT/0504/2022, de catorce de febrero del año en curso, signado por Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, recibido en este juzgado el dieciséis de febrero del año actual, se allegó copia certificada del cheque 0013669, a cargo de la institución bancaria CITIBANAMEX, por la cantidad de $2,256.46 (dos mil doscientos cincuenta y seis pesos con cuarenta y seis centavos), moneda nacional, a favor de la impetrante de amparo Lilia Araceli Macías Calderón, por concepto de pago de impuesto predial, con lo que, en proveído de diecisiete siguiente, se dio vista para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que realizara algún pronunciamiento al respecto, no obstante que se encuentra debidamente notificada para ello. Precisado lo anterior, este órgano judicial procede a analizar si el fallo protector está cumplido, si la autoridad obligada al cumplimiento incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirlo. De acuerdo a los efectos de la sentencia de amparo que fueron precisados y a lo informado por la Tesorera responsable, se advierte que se cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, ya que remitió los cálculos aritméticos realizados conforme a los montos de menor cuantía de acuerdo a la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el cálculo del impuesto predial y determinó la cantidad a devolver a la parte quejosa, correspondiente al inmueble con clave catastral 01-132-050-034-0000, respecto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno y reintegró debidamente actualizada la cantidad establecida en interlocutoria de veintidós de julio de dos mil veintiuno, por concepto de pago de predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Por tanto, al haberse expedido el cheque 0013669, de diez de los actuales, recibido en este juzgado el dieciséis del mes y año que transcurre, con el cual se dio vista a la parte quejosa, notificándose el diecisiete siguiente, quien en atención a esta indicó que recibió el citado documento mercantil y lo cobró, por lo que manifestó su conformidad con el cumplimiento dado por la responsable multicitada, en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Hágase del conocimiento de las partes que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que disponen de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, con el que comunica que en la caja general de esa tesorería se encuentra a disposición el cheque 0013669, de diez de los actuales, a favor de la aquí quejosa Lilia Araceli Macías Calderón, por la cantidad de $2,256.46 (dos mil doscientos cincuenta y seis pesos, 46/100), moneda nacional, a cargo de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante de Grupo Financiero Banamex, por concepto de pago de impuesto predial, respecto del inmueble propiedad de la agraviada y a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexa copia certificada del cheque en cita e indica horario para su recepción. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancia de cuenta dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector; igualmente, se le requiere para que dentro del mismo término, se constituya en la Tesorería Municipal, a fin de recoger el cheque descrito y lo informe a este juzgado federal; apercibido que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los dos primeros oficios de cuenta, signados por la Tesorera Municipal, con los que informa, en su orden, el cálculo de la actualización del monto a devolver a la quejosa Lilia Araceli Macías Calderón y comunica las gestiones realizadas a fin de devolver la cantidad determinada $2,256.46 (dos mil doscientos cincuenta y seis pesos con cuarenta y seis centavos), moneda nacional, correspondiente al pago en exceso por concepto de impuesto predial dos mil veintiuno, incluyendo su actualización, correspondiente a la clave catastral 01-132-050-034-0000, lo que acredita con la documentación que para tal efecto exhibe. Por lo que hace a la ampliación de plazo que solicita, a fin de dar cumplimiento al fallo protector emitido por este órgano jurisdiccional, se otorga, por única ocasión, dada la complejidad que manifiesta la responsable para cumplir con la ejecutoria de amparo, un plazo improrrogable de diez días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído y una vez transcurrido éste, deberá informar de inmediato el cumplimiento de la sentencia protectora, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no cumplir con lo ordenado o de no informar a este órgano judicial el impedimento legal que le asista para ello, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 258, de la ley en la materia, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Asimismo, requiérase en términos del citado precepto 192, párrafo tercero, de la ley en aplicación, al Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, como superior jerárquico de la autoridad responsable antes mencionada, para que dentro del plazo de diez días, otorgado en el párrafo que antecede, contado a partir del día siguiente al que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a su inferior dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias que así lo acrediten. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, página 1380, que dispone: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito". En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden para que su inferior cumpla con la ejecutoria de amparo, se impondrá la multa a que se refiere el numeral 258 de la ley en aplicación, esto es, cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales colegiados de Circuito; además de que en su carácter de superior jerárquico incurre en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del numeral 192 de la de la ley de la materia, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminó eficazmente a su inferior a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Finalmente, incorpórese al expediente en que se actúa, la última de las comunicaciones de cuenta, signada por el Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, con el que informa que en cumplimiento al requerimiento de veintisiete de enero último, giró oficio a la contadora pública Dayira Raquel Fernández Martínez, Tesorera Municipal, a fin de que informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los términos y plazo ahí estipulados; lo que acredita con la documental que exhibe. Notifíquese.

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