Lilia Amador Ruiz
Expediente 744/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lilia Amador Ruiz
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta. El Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, comunica el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés. El órgano de su adscripción se avocó al conocimiento del asunto y admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Radicado como expediente ******************** de su estadística. Notifíquese.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la impetrante **********, con el que interpone recurso de queja contra el proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso. Ríndase el informe relativo a la queja de que se trata. Manifestando que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítase de inmediato -vía interconexión- el ocurso citado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Xalapa, Veracruz, así como las constancias digitalizadas del presente sumario para su resolución. Entre las que se encuentran las documentales a que se hace referencia en el escrito de cuenta. Habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente electrónico. Notifíquese; y, personalmente al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes..."
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********; contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Veracruz. Regístrese con el número 744/2023-IV que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: Todo lo actuado en los autos del expediente ********** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, desde el auto de inicio. Asimismo, la impetrante comparece con el carácter de tercera extraña en estricto sentido al citado expediente (**********), a fin de que se le siga pagando la pensión alimenticia provisional del sueldo y prestaciones de **********, decretada en el diverso juicio ********** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz. Esto es, en esencia, combate la falta de llamamiento a un juicio ordinario civil de alimentos, en el que las partes son personas distintas de la aquí promovente. Donde se estableció pensión alimenticia a favor de **********, a cargo de **********. Ahora, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; el numeral 107, fracción I, de la Constitución General de la República; así como los preceptos 5°y 6º del ordenamiento legal citado en primero término, establecen:... De los preceptos trascritos deriva el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada. Relacionado en el caso con el concepto legitimación procesal activa. Tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica. Ya sea de manera indirecta o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Estableciendo el presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, legítimo. Igualmente, en el juicio de amparo la parte quejosa es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo al cual se le realiza una afectación real y actual a su esfera jurídica. En tratándose de resoluciones judiciales, la parte quejosa deberá aducir una violación a un derecho subjetivo. Cuando están en la materia del amparo solo cabe el interés jurídico. Así, la tutela que puede obtenerse en el amparo sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos. Las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Por lo tanto, el interés jurídico debe acreditarse de forma fehaciente. No puede inferirse en con base en presunciones. La naturaleza intrínseca del acto es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular. Sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir derivados de una resolución jurisdiccional no lo afecten en calidad de parte o tercero extraño pero bajo esa clase de interés. El derecho en esencia que se denuncia afectado en esta clase de juicios es el de audiencia. Derivado de ello otros que se ven afectados en consecuencia. Para acreditar el interés jurídico, la promovente debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Sin que el interés legítimo pueda traducirse en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo acuda al juicio de amparo. Es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. En ese sentido, el amparo indirecto procede: a) Cuando se siga a instancia de parte agraviada. b) Teniendo ese carácter quien aduzca ser titular de un derecho o interés legítimo individual o colectivo. c) Siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal. d) Y que con ello afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aislado 2a. LXXX/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, Décima Época, Materia Común, registro digital: 2004501, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS... En el caso, de los antecedentes del acto reclamado, se desprende la impetrante no es parte dentro de los autos del juicio ordinario civil ********** del índice del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz. Lo promovió **********, contra **********, por el pago de la pensión alimenticia. Y su derecho lo hace consistir en una pensión alimenticia fijada en su favor, respecto del mismo deudor, en un diverso juicio civil. Por ende, el juicio de amparo es improcedente. Al no formar parte de la contienda del juicio del que emana el acto reclamado, en ese litigio no se vulnera un derecho subjetivo de la parte quejosa. Porque su derecho de audiencia no puede considerarse vulnerado en forma directa en el actuar del órgano jurisdiccional. Es decir, para que la vulneración al artículo 14 Constitucional fuese reclamable, la parte quejosa tendría que ser parte de la relación jurídica procesal. De ahí que, en su caso, debe promover ante la potestad común la prelación en el pago de alimentos. Combatir el orden de pago que considera le corresponde. Pero no demandar en la vía constitucional, con la calidad de tercera extraña. Dado que, se insiste, no se vulnera en esa contienda su derecho a ser oída y vencida. Es ilustrativo, el criterio aislado VI.2o.76 C, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 416, Octava Época, Materia Civil, registro digital 211065, siguiente: "ALIMENTOS, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA SU FIJACIÓN... Igualmente, la tesis aislada II.1o.C.T.20 K del otrora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 646, Novena Época, Materia Común, registro digital: 202438, siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECE DE, EL CÓNYUGE DE UN DEUDOR ALIMENTISTA, SI SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, LA MEDIDA PROVISIONAL OTORGADA EN EL JUICIO PRINCIPAL... En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. No es ocioso decir que similar criterio se sostuvo en los juicios de amparo ********** y **********, del índice de este Juzgado de Distrito, en donde el reclamó constitucional se planteó esencialmente en los mismos términos. Determinaciones confirmadas por el Primero y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, respectivamente, al resolver las quejas ********** y ********** de sus índices... DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Lilia Amador Ruiz; contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Veracruz. Regístrese con el número 744/2023-IV que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: - Todo lo actuado en los autos del expediente 235/2023 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, desde el auto de inicio. Asimismo, la impetrante comparece con el carácter de tercera extraña en estricto sentido al citado expediente (235/2023), a fin de que se le siga pagando la pensión alimenticia provisional del sueldo y prestaciones de Adrián Sánchez Mendoza, decretada en el diverso juicio 1693/2007 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz. Esto es, en esencia, combate la falta de llamamiento a un juicio ordinario civil de alimentos, en el que las partes son personas distintas de la aquí promovente. Donde se estableció pensión alimenticia a favor de Carmen Serrano González, a cargo de Adrián Sánchez Mendoza. Ahora, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; el numeral 107, fracción I, de la Constitución General de la República; así como los preceptos 5°y 6º del ordenamiento legal citado en primero término, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley." "Artículo 107. (...) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos trascritos deriva el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada. Relacionado en el caso con el concepto legitimación procesal activa. Tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica. Ya sea de manera indirecta o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Estableciendo el presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, legítimo. Igualmente, en el juicio de amparo la parte quejosa es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo al cual se le realiza una afectación real y actual a su esfera jurídica. En tratándose de resoluciones judiciales, la parte quejosa deberá aducir una violación a un derecho subjetivo. Cuando están en la materia del amparo solo cabe el interés jurídico. Así, la tutela que puede obtenerse en el amparo sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos. Las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Por lo tanto, el interés jurídico debe acreditarse de forma fehaciente. No puede inferirse en con base en presunciones. La naturaleza intrínseca del acto es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular. Sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir derivados de una resolución jurisdiccional no lo afecten en calidad de parte o tercero extraño pero bajo esa clase de interés. El derecho en esencia que se denuncia afectado en esta clase de juicios es el de audiencia. Derivado de ello otros que se ven afectados en consecuencia. Para acreditar el interés jurídico, la promovente debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Sin que el interés legítimo pueda traducirse en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo acuda al juicio de amparo. Es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. En ese sentido, el amparo indirecto procede: a) Cuando se siga a instancia de parte agraviada. b) Teniendo ese carácter quien aduzca ser titular de un derecho o interés legítimo individual o colectivo. c) Siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal. d) Y que con ello afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aislado 2a. LXXX/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, Décima Época, Materia Común, registro digital: 2004501, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el caso, de los antecedentes del acto reclamado, se desprende la impetrante no es parte dentro de los autos del juicio ordinario civil 235/2023 del índice del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz. Lo promovió Carmen Serrano González, contra Adrián Sánchez Mendoza, por el pago de la pensión alimenticia. Y su derecho lo hace consistir en una pensión alimenticia fijada en su favor, respecto del mismo deudor, en un diverso juicio civil. Por ende, el juicio de amparo es improcedente. Al no formar parte de la contienda del juicio del que emana el acto reclamado, en ese litigio no se vulnera un derecho subjetivo de la parte quejosa. Porque su derecho de audiencia no puede considerarse vulnerado en forma directa en el actuar del órgano jurisdiccional. Es decir, para que la vulneración al artículo 14 Constitucional fuese reclamable, la parte quejosa tendría que ser parte de la relación jurídica procesal. De ahí que, en su caso, debe promover ante la potestad común la prelación en el pago de alimentos. Combatir el orden de pago que considera le corresponde. Pero no demandar en la vía constitucional, con la calidad de tercera extraña. Dado que, se insiste, no se vulnera en esa contienda su derecho a ser oída y vencida. Es ilustrativo, el criterio aislado VI.2o.76 C, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 416, Octava Época, Materia Civil, registro digital 211065, siguiente: "ALIMENTOS, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA SU FIJACIÓN. Si la esposa del demandado en un juicio alimentario, promovido por una persona ajena al núcleo familiar, acude al juicio de amparo, por sí y en representación de sus hijos, señalando como acto reclamado la orden que el Juez de lo familiar giró a fin de que se le descuente a su esposo un porcentaje del sueldo para entregarlo como pensión alimenticia a dicha persona ajena a la familia, la expresada esposa carece de interés jurídico ya que, la determinación del Juez familiar sólo podrá afectar a la esfera jurídica del propio demandado, por ser el titular del derecho a percibir un salario como retribución de su trabajo, pero no afecta a su esposa ni a sus hijos ya que, si bien puede asistirles el derecho de percibir alimentos, éste no se lesiona mediante la referida determinación que va encaminada directamente en contra de un derecho distinto al de los quejosos como acreedores alimentarios. Lo anterior, aun estimando que el descuento del porcentaje del salario del deudor alimentario, pudiera lesionar al patrimonio familiar, porque en todo caso, tal afectación sería de índole meramente económica, no jurídica. O sea, que el ataque o lesión que podrían resentir los quejosos sería indirecto y ante tal evento carecen de interés jurídico para acudir en la vía constitucional a reclamar la determinación del Juez que señalan como responsable; de conformidad con la tesis de jurisprudencia que se titula "AGRAVIO INDIRECTO. NO DA NINGÚN DERECHO AL QUE LO SUFRA PARA RECURRIR AL JUICIO DE AMPARO"." Igualmente, la tesis aislada II.1o.C.T.20 K del otrora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 646, Novena Época, Materia Común, registro digital: 202438, siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECE DE, EL CÓNYUGE DE UN DEUDOR ALIMENTISTA, SI SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, LA MEDIDA PROVISIONAL OTORGADA EN EL JUICIO PRINCIPAL. La resolución del Juez, de otorgar pensión alimenticia en favor del hijo habido fuera de matrimonio, trae como consecuencia un menoscabo en la economía familiar, pero siendo ésta una afectación indirecta de la futura y probable resolución del Juez, no faculta ni crea un derecho al cónyuge del deudor para acudir al juicio constitucional, toda vez que no es la impetrante, la titular del derecho público transgredido con la decisión del Juez de otorgar alimentos provisionalmente, sino el propio denunciado, pues él es el que puede disponer de la remuneración de su trabajo y por tanto alegar cualquier afectación al mismo. De manera que la medida judicial provisional sí puede afectar su estado económico, pero esta afectación no es directa a su persona; por lo que la fundamentación para desechar el libelo de garantías, es el artículo 73, fracción V, en relación con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, pues sólo el directamente perjudicado (que implica ser titular del derecho público transgredido) con un acto de autoridad puede acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. No es ocioso decir que similar criterio se sostuvo en los juicios de amparo 942/2015-IV y 1053/2021-III, del índice de este Juzgado de Distrito, en donde el reclamó constitucional se planteó esencialmente en los mismos términos. Determinaciones confirmadas por el Primero y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, respectivamente, al resolver las quejas ******************** y ******************** de sus índices. DOMICILIO. Se tiene como tal el lugar señalado en el proemio de la demanda de amparo AUTORIZADO. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a ********************,********************y******************** LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.
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