Lili Melchi Ventura
Expediente 663/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lili Melchi Ventura
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En el Estado de Veracruz, En Boca del Río, Veracruz
Actuaciones
- Principal
...Por otra parte, visto el oficio signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por ********************, parte quejosa en el presente asunto, en contra del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo en el presente asunto; radicándose el expediente 7/2021 de su índice.
- Principal
.. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el escrito signado por la parte quejosa en este asunto; en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, que desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales; por consiguiente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el escrito mediante el cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que se deberá acompañar copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe, señalando que en el referido auto se desechó la demanda instaurada con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracciones IV y V, interpretadas a contrario sensu, ya que el acto reclamado debe impugnarse junto con la resolución definitiva que le ponga fin a la sección de ejecución en la que se emitió...
- Principal
.. Vista la demanda de cuenta promovida por Lili Melchi Ventura, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 663/2020-III, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, es necesario invocar el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193379, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así, la hipótesis de improcedencia que se considera actualizada está prevista en el artículo 107, fracciones IV y V, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo; como a continuación se explica. A fin de dar claridad a lo anterior, es conveniente citar lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la lectura de la fracción IV, del artículo transcrito se deriva que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos judiciales, administrativos o del trabajo emitidos fuera de juicio o después de concluido; y que tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, sólo procederá contra la última resolución, siendo ésta la que declare cumplida la sentencia o la que decrete la imposibilidad de que se cumpla y, específicamente, tratándose de remates, la que apruebe o desapruebe; tal como indica la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Regla de procedencia -respecto del procedimiento de ejecución de sentencia- que tiene como finalidad evitar que se retarde o entorpezca la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es de orden público, aun en el caso en que el promovente del amparo sea la parte vencedora en el juicio; como indica la jurisprudencia titulada: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." Por otro lado, la fracción V, del mencionado precepto, establece la procedencia del amparo contra actos dentro del juicio cuando tengan una ejecución de imposible reparación, y aclara que ello ocurre cuando dichos actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con las reglas de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos emitidos después de concluido el juicio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 108/2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE"; en la que interpretó las fracciones III y IV del anterior artículo 114 de la Ley de Amparo (equivalentes a las fracciones IV y V del actual artículo 107 del mismo ordenamiento), y estableció que tratándose de actos dictados luego de concluido el juicio, en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, tratándose de actos emitidos en ese periodo, que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama: la resolución dictada el treinta de octubre del año en curso, en el juicio ordinario civil 1689/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la que se resolvió sobre el inventario de bienes de la sociedad conyugal en liquidación; interlocutoria emitida, dentro de la sección de ejecución del expediente referido. En ese tenor, el numeral 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado dispone: "ARTICULO 369. Cuando la sentencia condene a dividir una cosa común y no dé las bases para ello, se convocará a los interesados a una junta para que en la presencia judicial determinen las bases de la partición o designen un partidor y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el juez designará la persona que haga la partición y que sea perito en la materia, si fuere menester conocimientos especiales. Señalará a éste el término prudente para que presente el proyecto partitorio.-------------- Presentado el plan de partición, quedará en la secretaría a la vista de los interesados por seis días, comunes, para que formulen las objeciones dentro de ese mismo tiempo. Si las formulan, se correrá traslado al partidor y se substanciarán en el incidente en la misma forma de los de liquidación de sentencia. El juez, al resolver, mandará hacer las adjudicaciones y extender las hijuelas con una breve relación de los antecedentes respectivos." De la interpretación de dicho precepto legal, se desprende que existen cuatro etapas que deben realizarse para la división de bienes comunes, las cuales consisten en: Junta de partición o designación de partidor. Elaboración del proyecto de partición y objeciones. Substanciación de objeciones y aprobación del proyecto de partición, y Liquidación de la sociedad conyugal y adjudicación de bienes. De ahí que, si bien la resolución de un proyecto de inventario y partición se substancia en forma incidental dentro de la sección de ejecución de sentencia, no es propiamente la determinación que resuelve la liquidación de la sociedad conyugal. En efecto, es evidente que la resolución de treinta de octubre del año en curso, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el juicio ordinario civil 1689/2016 de su índice, en donde se aprueba el inventario de los bienes que conforman la sociedad conyugal, no implica un acto de ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, sino que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, por lo cual la quejosa no sufre una violación de imposible reparación, pues no se le priva de su derecho de propiedad. Ello es así, dado que aún no se ha emitido la resolución de liquidación de la sociedad conyugal, por lo cual, no se puede establecer la afectación al derecho de propiedad, pues a la fecha todos los bienes aún forman parte de la sociedad conyugal, hasta en tanto se realice la liquidación de la misma, por ende, no hay afectación concreta, actual, directa e inmediata a su patrimonio. Consecuentemente, la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna, pues tiene expedito su derecho para promover, en su caso, el juicio de amparo en contra de la resolución que concluya el incidente de liquidación de la sociedad conyugal. Sin que en el caso se actualice algún caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, dado que la resolución reclamada no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio civil 1689/2016, sino únicamente derechos procesales en la tramitación de la liquidación de la sociedad conyugal. Por consiguiente, y tomando en cuenta que en relación con las violaciones cometidas en la tramitación de un procedimiento incidental, promovido dentro o fuera del juicio, aplican por analogía las reglas del principio de definitividad, de tal forma que -por economía procesal- esas violaciones se deben impugnar junto con la resolución definitiva que le ponga fin; es evidente que tal demanda de amparo promovida por Lili Melchi Ventura, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, es improcedente; ya que en todo caso, deberá impugnar el acto que ahora reclama junto con la resolución que decida la liquidación de la sociedad conyugal. Es aplicable al caso, por su sentido, la jurisprudencia P./J. 38/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio". Así como la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Consecuentemente, al actualizarse manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV y V, interpretadas en contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso artículo 113, de esa ley, se desecha de plano la demanda de solicitud de protección de derechos fundamentales. Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en Xalapa, Veracruz, al resolver la queja 17/2018 de su índice y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la misma ciudad, en la ejecutoria relativa a su amparo en revisión 395/2016. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado al así haberlo solicitado en el proemio de su demanda, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Margarito Hugo Paxtian Torres, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Marco Antonio Villegas Domínguez y Gloria Bonilla Hernández, por no encontrarse dados de alta mediante el registro de sus respectivas cédulas en el mencionado sistema, ni proporcionaron los números de su patente con la finalidad de realizar la consulta respectiva en la página web de la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese, por lista de acuerdos a la promovente... ..
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes
- Lidia Martínez Flores467/2022
- Lidia Martínez Flores491/2022
- Lidia Yarely Martínez Viveros97/2019
- Lidia Yarely Martínez Viveros874/2019
- Lila Luna Sánchez219/2020
- Lili Burguete Lievano717/2014
- Lili Valencia Cano498/2019
- Lilia Celaya Fuentes685/2018
- Lilia Concepcion Soto Saldaña849/2014
- Lilia Contreras Sarmiento557/2021
- Lilia del Carmen Perez Gutierrez338/2015
- Lilia Eugenia Blanco Trigos679/2022