Ligia Socorro Caballero Soto
Expediente 580/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2016
Partes del expediente
- Ligia Socorro Caballero Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de seis de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, a efecto de determinar lo que corresponda, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Ligia Socorro Caballero Soto, acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de acordar lo relativo al trámite del escrito inicial de demanda que presentó el dos de mayo de dos mil quince, dentro del expediente D-393/2015. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el tribunal responsable exhibió como justificante de su informe, consistente en las copias certificadas de diversas constancias del expediente D-393/2015, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el acuerdo cuya omisión reclama la parte quejosa fue dictado el siete de enero de dos mil dieciséis, donde la responsable, además de registrar el expediente y otorgarle el número D-393/2015, concedió al promovente el término de tres días para exhibir un documento idóneo para acreditar su identidad; en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si la quejosa se duele de la omisión de la responsable de emitir el acuerdo correspondiente a su demanda, en particular en lo relativo al emplazamiento de los demandados, y si la responsable, al rendir su informe, justificó plenamente que el acuerdo que recayó a esa demanda fue emitido el siete de enero de dos mil dieciséis; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que la quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el acuerdo cuya omisión reclama la quejosa, se dictó el siete de enero de dos mil dieciséis, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (uno de abril del mismo año), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior incluye, por supuesto, los restantes actos reclamados consistentes en la omisión de la responsable de emplazar a juicio a la parte demandada, y de señalar fecha para la audiencia de ley, pues al dictarse el aludido acuerdo de requerimiento al demandante para que acredite su identidad, previo a la admisión de la demanda, no existen condiciones para ordenar tal emplazamiento ni de señalar fecha de audiencia, precisamente porque no se ha admitido la demanda, por lo que igualmente, por lógica, tales actos resultan también inexistentes. Así entonces, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existían los actos reclamados, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con doce minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente y Jefe de Actuarios, ambos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la nueva Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9º, de la nueva Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad responsable, designando delegados de su parte. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil dieciséis. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo y toda vez que por acuerdo de treinta de marzo del año en curso, se concedió al perito oficial William Jiménez Martínez, adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Puebla de la Procuraduría General de las República, una prórroga de diez días hábiles más para que se encuentre en condiciones de emitir su dictamen. DIFERIMIENTO En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no causar alguna violación al procedimiento, difiérase la audiencia constitucional y señálense para su celebración las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. INFORME Finalmente, agréguese a los autos el informe justificado respecto de la ampliación de demanda rendido por el Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por sí y en representación del Inspector adscrito a la Dirección de referencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación de su contenido en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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