Ligia Margarita Torres Yama
Expediente 2878/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2878/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ligia Margarita Torres Yama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía interconexión IOJ (Interconexión Órganos Jurisdiccionales) dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Yucatán "1", en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con el cual se suma al recurso de revisión interpuesto por la quejosa Ligia Margarita Torres Yama, contra la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Circunstancia de la cual, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 4416/2023, de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; del que se advierte que en autos del toca 304/2023, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Jesús Baltazar Dzul Huchim, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Ligia Margarita Torres Yama, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa ********************, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, a la parte tercero interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. En consecuencia, se ordena dar acceso al expediente electrónico del presente asunto a la mencionada Superioridad, a fin de que se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada, a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y cúmplase.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria (denominación correcta) y de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada bajo el número 2878/2022-III-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ******************** y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: El embargo trabado sobre el predio número ********************, de la calle ********************, del municipio de ********************, Yucatán, dentro del procedimiento administrativo de ejecución ********************y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán TERCERA. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria, y de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir su respectivo informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitieron las responsables en justificación a su informe de ley, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última. CUARTA. Análisis de las causas de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." [.]. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107, fracción I, constitucional, 5º y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico. Este tipo de interés no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica. Es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos, en respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional, consistente en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, con número de registro 200234, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. En el presente asunto, la quejosa se ostenta como persona extraña al procedimiento administrativo de ejecución********************, seguido ante la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, y aduce que sin ser oída y vencida en el procedimiento, se le pretende conculcar su derecho de propiedad sobre un bien inmueble que forma parte integrante del patrimonio del deudor en el citado procedimiento,******************** o ********************, con quien se encuentra unida en matrimonio bajo el régimen de sociedad legal. Para acreditar su interés jurídico, la quejosa aporta como medios de prueba los siguientes: a) El original del acta de matrimonio con número de folio ********************, celebrado el veinte de enero de mil novecientos setenta y cinco, entre la aquí quejosa ******************** y el deudor******************** o ********************, bajo el régimen de sociedad legal; documento expedido por el Director del Registro Civil de esta entidad, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós; y, b) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, del predio número ********************, de la calle ********************, del municipio de ********************, Yucatán, con número de registro ********************, en la que consta el embargo trabado por la Administración Local de Recaudación de esta ciudad, sobre el mencionado predio, inscrito a nombre de******************** o ********************, equiparándose a un documento original por contener el sello y cadena digital correspondiente. Asimismo, el tercero interesado********************, exhibió en autos copia certificada de la escritura pública con número de acta ********************, pasada ante la fe del Notario Público Número ********************, del Estado de Yucatán, el ********************, de la cual se advierte la operación de compraventa del predio número ********************, de la calle ********************, del municipio de ********************, Yucatán. Documento que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, tiene pleno valor probatorio, por haber sido expedido por un fedatario en el ejercicio de sus funciones. Dicho contrato se celebró entre ********************como vendedora, a favor del menor ********************, como comprador, representado en ese acto por su padre********************. Así, aun cuando la parte quejosa efectivamente no ha formado parte de la relación jurídica procesal en el procedimiento administrativo de ejecución********************, seguido ante la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria, en contra de********************, lo cierto es que con la escritura pública del bien inmueble materia de reclamo exhibida por el tercero interesado, se desvirtúa que dicho bien pertenezca a la sociedad conyugal como adujo la quejosa, ya que no fue adquirido por su cónyuge a título personal. En efecto, en dicha escritura el Notario Público expresamente hizo constar que********************, únicamente compareció a efectuar la operación de compraventa, en representación del menor ********************; lo que indudablemente acredita que dicho bien raíz no es de la propiedad de********************; y como consecuencia, se desvanece la circunstancia alegada por la quejosa, en cuanto al derecho que defiende en su carácter de cónyuge del deudor en el procedimiento administrativo de origen. De ahí, que ante la ausencia de algún medio de convicción idóneo que justifique el derecho que reclama respecto del inmueble antes citado, es que no acredita el interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo. En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar debidamente probado, lo que no fue así, resulta inconcuso que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo. De manera que al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio constitucional invocada en el presente considerando, motiva decretar, con fundamento en el diverso numeral 63 fracción V, del ordenamiento legal en cita, el sobreseimiento en este juicio. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, resulta innecesario analizar las causas de improcedencia que plantea la autoridad tributaria responsable, ya que su análisis no variaría el sentido del fallo. Al caso, se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." QUINTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria, y de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Ligia Esther Argáez495/2019
- Ligia Esther Medina Rosado1476/2017
- Ligia Linda Martín Várguez540/2021
- Ligia Linda Martin Varguez659/2021
- Ligia Linda Martin Varguez736/2017
- Ligia Magaly Gutierrez Flores2079/2021
- Ligia María Solís Berdugo648/2016
- Ligia María Tamayo Pool624/2016
- Ligia Mercedes García Pompeyo391/2021
- Ligia Patricia Magaña Mena809/2020
- Ligia Teresita Canto Lugo582/2021
- Lilia Adanely Pérez Flores973/2022