Ligas Unidas de Futbol de Celaya
Expediente 173/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ligas Unidas de Futbol de Celaya
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ************, representante legal de ************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicada supletoriamente a en cita se declara que la ley reglamentaria se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda formulada por ************, representante legal de ***********. Fórmese expediente físico y digital, en el entendido que se encuentra registrado bajo el número 173/2018. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, del juicio de amparo 1142/2016 , radicado ante este juzgado, se desprende que reclama el mismo acto, a saber el dictamen de la Comisión de Hacienda del Municipio, número 358/2014, y que manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de esa conducta el once de noviembre de dos mil dieciséis (f. 29); por tanto, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, que es del tenor, en lo que interesa, siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Bajo ese tenor, el legislador dispuso de tres momentos a partir de los cuales debe contabilizarse el plazo de quince días, para la presentación de la demanda de amparo. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que de constancias se advierta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, como ya se dijo la demanda se presentó de forma extemporánea, en lo que se refiere al acto combatido consistente en el dictamen de la Comisión de Hacienda del Municipio, número 358/2014, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que como se advierte en el escrito de demanda que presentó el dos de diciembre de dos mil dieciséis, y turnado el día cinco de ese mes y año a este juzgado federal, la quejosa expuso: ".El día once de noviembre de dos mil dieciséis al presentarme en las instalaciones delos campos LUYC, se me informó por medio del personal, que se había presentado personal del Sistema de Cultura Física y Deportiva del Municipio de Celaya y por órdenes del Director Marco Heroldo Gaxiola Romo quitaron lo que se había pintado en la barda de los campos LUC con un fondo de color blanco y en su lugar puso un rotulo "CAMPOS DEPORTIVOS CELAYA (LUC), INMUBEL PÚBLICO MUNICIPAL BAJO RESGUARDO DEL SIDEC CONFORME DICTAMEN HDA-358/2014" de lo cual exhibió fotografías."(f. 29) Por tanto, si tuvo conocimiento de dicho dictamen desde el día once de noviembre de dos mil dieciséis; es por ello que el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del catorce de noviembre al dos de diciembre de dos mil dieciséis, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre, por ser inhábiles, presentando la misma el día dos de diciembre de ese mes y año y por proveído de seis de diciembre de dos mil dieciséis se le previno para que bajo protesta de decir verdad aclarara y subsanara su escrito de demanda, apercibido que de ser omiso se tendrá por no presentada y mediante auto de veinte de diciembre se hizo efectivo dicho apercibimiento, en términos del artículo 19 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, si la demanda de amparo se volvió a presentar hasta el uno de marzo del presente año, según se aprecia del sello de recepción estampado en el escrito inicial de demanda, es evidente que ha transcurrido el término de quince días concedido al peticionario de amparo para promover el juicio, por lo que resulta notoriamente extemporánea, por cuanto hace al acto reclamado ya referido, puesto que ahora se presentó después de los quince días hábiles a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, lo que hace manifiesta la actualización de la causal de improcedencia invocada por tratarse de un acto consentido tácitamente. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por ende, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo, dictamen de la Comisión de Hacienda del Municipio, número 358/2014; al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando la hubiera presentado en tiempo, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé ésta ley, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Ya se dijo que la moral quejosa reclama el dictamen número 358/2014, emitido por la Comisión de Hacienda del Municipio de Celaya, Guanajuato, así como su ejecución que se traduce en el desposeimiento del inmueble del que, según su dicho, tienen l acorde con el contrato de comodato que celebraron con la autoridad, el cual exhibieron. Este es el acto reclamado. Ahora bien, la improcedencia del juicio constitucional deriva de que dicho acto, debió ser combatido por la quejosa de conformidad a través del medio de impugnación que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevé para ello, concretamente los artículos 1 y 226. En la inteligencia que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión. Cobra vigencia sobre el particular, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, publicada el diecisiete de abril de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo". De igual forma, debe decirse que no es óbice para la determinación anterior que tal y como se transcribió, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Por otra parte, tampoco se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Además, debe señalarse que el Proceso Administrativo analizado no esté previsto en el reglamento sino en una ley, como es el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. De ahí que, al no operar las excepciones de la ley, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa en caso de haber presentado la demanda en tiempo, debió agotar el Proceso Administrativo en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los actos reclamados. Por tanto, al actualizarse las causales de improcedencia y previstos en el artículo 61, fracciones XIV y XX a estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *** de esta ciudad, y autorizando en términos restringidos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, a ************, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, *********** y ***********, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el primer numeral en cita. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa.
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