Liga Sindical Obrera Mexicana

Expediente 87/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
87/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Liga Sindical Obrera Mexicana

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo intentada; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Recepción. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Pablo Franco Hernández, en su carácter de apoderado de Liga Sindical Obrera Mexicana, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Río Grande en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad 1.1 Personalidad. Personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, toda vez que exhibe constancia con la que acredita que tiene reconocida su representación dentro del expediente 27/2023 seguido ante la autoridad responsable Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Río Grande en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 87/2023, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto reclamado. En el caso a estudio se reclama del Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Río Grande en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, el acto consistente en la omisión de notificar al patrón emplazado el procedimiento de huelga iniciado dentro del expediente 27/2023. 3.2 Improcedencia de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es improcedente, en virtud de que se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que interpretado a contrario sensu, importa que si el acto reclamado no es de aquéllos cuyos efectos sean de ejecución irreparable, el juicio de amparo biinstancial es improcedente. Es importante establecer que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutelan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Precisado lo anterior, se reitera que la parte quejosa reclama en esencia, la omisión de notificar al patrón emplazado el procedimiento de huelga iniciado dentro del expediente 27/2023, índice del Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Río Grande en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, acto que no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, según el concepto definido por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que a diferencia de la ley de la materia abrogada, la cual no contenía una definición de los actos de ejecución irreparable, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, estableció que por éstos debe entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, como son la vida, la libertad personal o de tránsito, la propiedad, posesión, entre otros. Ahora, en la jurisprudencia 48/2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que por regla general, el juicio de amparo indirecto promovido contra omisiones de la autoridad jurisdiccional de proseguir en tiempo con el juicio respectivo, era improcedente, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. En ese mismo contexto, el artículo 921, en relación con el diverso numeral 920 de la Ley Federal del Trabajo establece que el tribunal competente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que reciba los autos, hará llegar al patrón copia del escrito de emplazamiento. En el caso concreto, de las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda, se advierte que el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Río Grande en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, recibió y radicó la incompetencia declinada por Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México; por tanto, es innegable que a la fecha de presentación de esta demanda no ha transcurrido ni siquiera el plazo previsto en el artículo 921 de la Ley Federal del Trabajo, para que la autoridad actúe al respecto, es decir, más de cuarenta y ocho horas, pues en esa misma fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés promovió este juicio de amparo. En ese mismo sentido no se puede considerar que ha esta fecha, haya transcurrido un plazo excesivo que configure la paralización del procedimiento, para que de ese modo se advierta la procedencia del amparo. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, debido a que el acto que pretende reclamar no es de aquellos que sean de imposible reparación, pues no afecta el derecho al acceso a la impartición de justicia pronta y expedita como lo señala el artículo 17 Constitucional, es decir, no existe una dilación excesiva en la omisión de notificación al procedimiento de huelga, al no haber transcurrido el plazo señalado en el artículo 921 de la Ley Federal del Trabajo. En la inteligencia que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para una que vez que se cumplan las condiciones antes señaladas, promueva lo que en derecho estime corresponda. 4. Conclusión. Al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, lo procedente conforme a derecho es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. 5. Autorizados. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************por no contar con las cédulas profesionales ******************** y ******************** registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 6. Consulta y notificación electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica al usuario ''********************''. En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente el citado usuario; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 6.1 Instrucción a la oficial judicial A. Se instruye a la Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.

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