Lidio Omar Ojeda De La Cruz

Expediente 868/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
868/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Lidio Omar Ojeda De La Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción y registro. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, y anexo que acompaña, del que se advierte que por auto de veinticinco de julio del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ********************, contra actos de la jueza de Ejecución Penal, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, y otras autoridades, el cual registró con el número estadístico ********************. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y regístrese la demanda con el número 868/2023-III. II. No se acepta competencia. Ahora bien, a modo de acordar lo conducente respecto de la competencia planteada y en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie y tal y como lo precisó el juzgado declinante, el quejoso reclama de la jueza de Ejecución Penal, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, y otras autoridades, lo siguiente: La omisión de dar cumplimiento a la resolución de ********************, en la que no se calificó de legal su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, y ordenó su reingreso al Centro Penitenciario de León, Guanajuato. Ahora, del comunicado de cuenta se advierte que el órgano declinante fundamenta su falta de competencia en la hipótesis prevista en el primer el párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, al considerar que el acto reclamado se encuentra ejecutando dentro de esta jurisdicción, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución material en el Estado de Guanajuato y, sustenta su postura en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)." Sin embargo, esta juzgadora, si bien es cierto comparte que la omisión reclamada tiene ejecución, también lo es, que se estima que es competente para conocer el presente asunto la jueza declinante, por las razones que a continuación se exponen. En principio, cabe precisar que la autoridad oficiante declinó la competencia a este órgano jurisdiccional respecto al acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a la resolución de ********************, en la que no se calificó de legal su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, y ordenó su reingreso al Centro Penitenciario de León, Guanajuato. En opinión de quien esto determina, en el particular, se actualiza el supuesto de competencia previsto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por virtud del cual, cuando el acto reclamado haya tenido o pueda tener ejecución en más de un distrito judicial, es competente el juez ante quien se presentó el escrito de demanda. Ello es así, porque dada la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se han prolongado con el transcurso del tiempo, es decir, su ejecución no se concreta por el hecho de que el quejoso debería ser trasladado a un centro penitenciario ubicado dentro del espacio territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción (Centro Penitenciario de León, Guanajuato), sino que comenzó a concretarse desde el primer momento en que las autoridades responsables se negaron a cumplir la orden judicial de trasladarlo del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit (donde actualmente se encuentra recluido) al Centro Penitenciario de León, Guanajuato, tan es así que ante la autoridad declinante (con sede en Tepic, Nayarit), presentó su escrito de demanda. En efecto, la ejecución de actos como el que se analiza (de tracto sucesivo), se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin, que en el particular se traducen en no trasladar al quejoso del centro penitenciario con sede en Tepic, Nayarit al diverso ubicado en León, Guanajuato; y por ello, es que se sostiene que se ha ejecutado a partir de que se configuró la negativa de traslado reclamada. Entonces, si la actuación motivo de estudio se ha ejecutado dentro de las circunscripciones territoriales en la que ambos juzgados ejercen jurisdicción, es evidente que se actualiza el supuesto de competencia contemplado en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, siendo competente el que previno de la demanda, esto es, el Juzgado declinante. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.), con registro digital 2020829, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." De igual forma, sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, con número de registro digital 2020828, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Criterios que de acuerdo a lo establecido por el numeral 217 de la Ley de Amparo, son obligatorios para este órgano jurisdiccional, además, de cabe enfatizar que cualquier alegación con respecto a dichas jurisprudencias, implicaría argumentar en contra de lo ahí resuelto y ni el juicio de amparo ni su revisión, son el medio idóneo para ese fin. Aunado a lo antes expuesto, la suscrita, respetuosamente, estima que el criterio jurisprudencial invocado por el juzgado declinante no resulta aplicable al caso concreto, pues es relativo a diversa cuestión ajena al acto reclamado por el quejoso, dado que el mismo se trata de la omisión de trasladarlo al centro penitenciario en el que se encontraba originariamente, y el referido criterio versa acerca del órgano competente ante la omisión de dictar sentencia en un procedimiento del sistema penal tradicional. Además de que dicho criterio jurisprudencial se estima que no es aplicable al caso en particular, puesto que si bien es verdad, la orden de traslado es emitida dentro de la carpeta de ejecución, que se encuentra radicada ante el Juzgado de Ejecución de Valle de Santiago, Guanajuato, también lo es que se estima que la omisión reclamada no repercute en dicha carpeta, caso contrario, sí ocurre en la omisión de dictado de sentencia en una causa penal. Aunado a que el considerar aplicable el criterio jurisprudencial citado por la autoridad declinante, sería competente un juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en términos de los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal no acepta la competencia declinada, razón por la cual se ordena devolver el juicio de amparo ********************, al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándose el acuse de recibo. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

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