Lidia Teresa Herrera Pérez

Expediente 625/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
625/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
23/08/2018

Partes del expediente

  • Lidia Teresa Herrera Pérez
  • Ana Cristina Romero Rugerio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Por otra parte, ya que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto. Lo anterior comuníquese al Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial, para los efectos legales procedentes.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 816, de doce de julio del año en curso, signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial; atento a su contenido, infórmese al tribunal en cita que el once anterior, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, por tanto remítasele copia certificada de la citada resolución; asimismo, hágase de su conocimiento que una vez que cause estado la misma o se interponga el medio de impugnación respectivo se le hará de su conocimiento. Notifíquese. Lo acordó y firma la Magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a once de julio de dos mil dieciocho Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 65/2008, 18/2011 que modifica al diverso 10/2008 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/234/2015, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dictó sentencia en el juicio de amparo directo administrativo 625/2017, en la que concedió la protección constitucional a Lidia Teresa Herrera Pérez, en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión de "amparo. La protección de la Justicia Federal solicitada "que se concede, es para que la sala fiscal responsable "restituya a la quejosa en el pleno goce de los derechos "fundamentales vulnerados, en términos de lo dispuesto "en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para lo cual "deberá: - - - 1) Dejar insubsistente la sentencia reclamada "dictada por la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal "Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el veintitrés de "febrero de 2017, dentro del juicio fiscal 6/16-28-01-5; - - - "2) Emitir otra, en la que se pronuncie en relación con la "totalidad de los argumentos que hizo valer la parte "demandante en sus dos conceptos de impugnación que se "identificaron como séptimo, visibles en las fojas 34 y 43 de "la demanda que dio origen al juicio natural; y - - - 3) Con "plenitud de jurisdicción, resolver lo que en derecho "corresponda, fundando y motivando su convicción." (Foja 67). Respecto de los argumentos que hizo valer la parte demandante en sus "dos" conceptos de impugnación que se identificaron como "séptimo", visibles en las fojas 34 y 43 de la demanda que dio origen al juicio natural, en relación con los cuales se ordenó a la responsable darles respuesta, en el fallo protector se estableció lo siguiente: "En el caso se aprecia que, la ahora quejosa "en los conceptos de nulidad "séptimo" (son dos así "identificados) en lo conducente expuso: "1. En el primer argumento expuesto como "séptimo" señaló que, es ilegal la resolución de "rectificación de la clase de empresas del seguro de "riesgo "de trabajo, al violentar el artículo 38, fracción IV del "Código Fiscal de la Federación, por estar indebidamente "fundado y motivado el acto y no esgrimir razonamiento del "por qué los hechos conocidos durante la visita, se "encontraba subsumida en la hipótesis de la fracción 897, "del artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro "Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresa, "Recaudación y Fiscalización y no en otra, y, con ello, "tener la seguridad de que la actividad real se describe en "la fracción citada por la autoridad. "Lo anterior, en razón de que la demandada se "limitó a transcribir las cláusulas contenidas en los "contratos de trabajo que se proporcionaron en la revisión y "concluir que le correspondía a la fracción 898 del "multicitado catálogo, sin razonar por qué encuadraba en "servicios de aseo y limpieza con maquinaria y/o equipo "motorizado, ventanas y fachadas, y no en una similar del "citado numeral 196 y, después de trascribir el acta, en la "que citó la cláusula tercera de los contratos, en cuanto a "las actividades que pueden desarrollar los trabajadores, "determinó que su actividad encuadraba en servicio de "limpieza de fachadas y ventanas, sin fundar ni motivar esa "determinación, ya que de los contratos no se aprecia esa "actividad; de ahí que, la autoridad debió explicar cómo "arribó a esa conclusión y que las actividades contractuales "se subsumían a la misma; máxime que, en los contratos "se lista un número mayor de actividades a las referidas en "la citada fracción 898. "Así, era necesario que razonara de manera "lógica y jurídica el nexo entre la documentación revisada y "la determinación para encuadrar la actividad y "reclasificarla, pues la rectificada no se ubica exactamente "en la actividad desarrollada; máxime que, ante el cúmulo "de actividades, también se aprecia la cláusula 897, en "cuanto al servicio de aseo y limpieza en interiores de "inmuebles (lavado, pulido, encerado y similares); de ahí "que, las actividades pactadas en los contratos, constituyen "indicios que en determinado momento están obligados a "desarrollar, por lo que se sustenta la autoridad en "conjeturas. "Tampoco puede sustentar su resolución en los "pedidos realizados y facturas exhibidas por el período "revisado, porque no se le proporcionó esa documentación "en la visita (como se aprecia en la solicitud de información "y documentación de 30 de junio de 2014 y acta parcial 4), "por lo que se sustenta en hechos falsos y apreció los "mismos en forma equivocada. "2. Mientras que, en el segundo concepto de "nulidad que citó como séptimo refirió que, la demandada "violentó el principio de tipicidad, ya que la normatividad "aplicable no encuadra en los hechos, pues la actividad "real no tiene cabida en la clasificación y clase invocada "(clase IV), conforme a lo expuesto por la propia autoridad "corresponde a una diversa (clase III) con incomparable "prima; ello, al determinar que la actividad correspondía a "servicio de aseo y limpieza con maquinaria y equipo "motorizado, empero en la resolución dijo que, su actividad "era de servicio de limpieza de ventanas y fachadas, por lo "que los hechos descritos en la visita, no encuentran "subsunción en la porción normativa invocada, pero "conforme a la descripción de actividades realizada en la "visita, la clasificación es fracción 898, clase III, del artículo "196 del reglamento en comento y no una distinta. "(.) "En tal virtud, si bien la responsable hace "referencia a los conceptos de nulidad identificados como ""séptimo", lo cierto es que, no los atendió en la forma que "le fueron planteados. "Lo anterior, en la medida en que no dio cabal "contestación a las inconformidades del justiciable en el "sentido de que: "1. El acto impugnado estaba indebidamente "fundado y motivado, al no esgrimir razonamiento del por "qué los hechos conocidos durante la visita, se encontraba "subsumida en la hipótesis de la fracción 897, del artículo "196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en "Materia de Afiliación, Clasificación de Empresa, "Recaudación y Fiscalización y no en otra, y con ello, tener "la seguridad de que la actividad real se describe en la "fracción citada por la autoridad. "2. La demandada se limitó a transcribir las "cláusulas contenidas en los contratos de trabajo que se "proporcionaron en la revisión y concluir que le "correspondía la fracción 898 del multicitado catálogo, sin "razonar por qué encuadraba en "servicios de aseo y "limpieza con maquinaria y/o equipo motorizado, ventanas "y fachadas", y no en una similar del citado numeral 196; "3. La demandada después de trascribir el "acta, en la que citó la cláusula tercera de los contratos, en "cuanto a las actividades que pueden desarrollar los "trabajadores determinó que, su actividad encuadra en ""servicio de limpieza de fachadas y ventanas", sin fundar "ni motivar esa determinación, ya que de los contratos no "se aprecia esa actividad; "4. La autoridad debió explicar cómo arribó a "esa conclusión y que las actividades contractuales se "subsumen a la misma; máxime que, en los contratos se "lista un número mayor de actividades a las referidas en la citada fracción 898; "5. Era necesario que, la enjuiciada razonara "de manera lógica y jurídica, el nexo entre la "documentación revisada y la determinación para "encuadrar la actividad y reclasificarla, pues la rectificada "no se ubica exactamente en la actividad desarrollada, "pues ante el cúmulo de actividades también se aprecia la cláusula 897, en cuanto al servicio de aseo y limpieza en interiores de inmuebles (lavado, pulido, encerado y "similares); de ahí que, las actividades pactadas en los "contratos constituyen indicios que, en determinado "momento están obligados a desarrollar, por lo que se "sustenta la autoridad en conjeturas. "6. No puede sustentarse la resolución en los "pedidos realizados y facturas exhibidas en el período "revisado, porque no se le proporcionó esa documentación "en la visita (como se aprecia en la solicitud de información "y documentación de 30 de junio de 2014 y acta parcial 4), "por lo que se sustenta en hechos falsos y apreció los "mismos en forma equivocada; "7. La demandada violentó el principio de "tipicidad, ya que la normatividad aplicable no encuadra en "los hechos, ya que la actividad real no tiene cabida en la "clasificación y clase invocada (clase IV), pues conforme a "lo expuesto por la propia autoridad, corresponde a una "diversa (clase III) con prima distinta; y, "8. La demandada en la visita determinó que, la "actividad correspondía a servicio de aseo y limpieza con "maquinaria y equipo motorizado, empero en la resolución "dijo que, su actividad era servicio de limpieza de ventanas "y fachadas, por lo que los hechos descritos en la visita, no "encuentran subsunción en la porción normativa invocada "en la resolución. "A los planteamientos de referencia no se les "dio cabal contestación con el simple hecho de que la sala "fiscal determinó que, la demandada fundó y motivó su "determinación de rectificación de prima de riesgo de "seguro y, correspondía a la patronal demostrar que se "encontraba en una clase diversa a la que se le determinó. "Se afirma lo anterior, ya que atendiendo a los "conceptos de nulidad, la sala debió analizar y resolver si "en la visita se consideró que la actividad era de servicios "de aseo y limpieza con maquinaria y/o equipo motorizado, "ventanas y fachadas, y las razones expuestas en cuanto "al por qué se determinó una distinta servicio de limpieza "de fachadas y ventanas; si la actividad descrita en la visita "no tenía un encuadramiento exacto, entonces motivar su "convicción del por qué la actividad era similar; analizar la "actividad descrita en la cláusula 897 y la relativa 898, "para determinar si encuadraba en una u otra y, en su "caso, verificar si se motivó la determinación; y, verificar si "en la visita se exhibió la documentación en la que se basó "la demandada y dar respuesta a lo planteado." (fojas 62 a 65). Este órgano colegiado, por auto de quince de enero de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 65/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 625/2017, con la sentencia dictada en el mismo, el juicio de nulidad 6/16-28-01-5 y un expediente administrativo en dos tomos, y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y lo informara (foja 222). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y con esas constancias se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada (foja 331), desahogada por la primera (foja 335). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para dar cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia que: I. Por auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia emitida el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio fiscal 6/16-28-01-5, que constituyó el acto reclamado (foja 227). II. El veintitrés de enero de dos mil dieciocho dictó una nueva sentencia (fojas 231 a 330) en la cual se pronunció en relación con la totalidad de los argumentos que hizo valer la parte demandante en sus "dos" conceptos de impugnación que se identificaron como "séptimo"; pues: 1. En páginas 172 a 177 dio respuesta (como infundado) al agravio relativo a que "el acto impugnado "estaba indebidamente fundado y motivado, al no esgrimir "razonamiento del por qué los hechos conocidos durante la "visita, se encontraba subsumida en la hipótesis de la "fracción 897, del artículo 196 del Reglamento de la Ley del "Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de "Empresa, Recaudación y Fiscalización y no en otra, y con "ello, tener la seguridad de que la actividad real se describe "en la fracción citada por la autoridad (fojas 317 vuelta a 321). 2. En páginas 178 vuelta y 179 dio respuesta (como infundado) al agravio relativo a que "la demandada "se limitó a transcribir las cláusulas contenidas en los "contratos de trabajo que se proporcionaron en la revisión y "concluir que le correspondía la fracción 898 del multicitado "catálogo, sin razonar por qué encuadraba en servicios de "aseo y limpieza con maquinaria y/o equipo motorizado, "ventanas y fachadas", y no en una similar del citado "numeral 196 (fojas 320 vuelta y 321). 3. En páginas 179 a 184 dio respuesta (como infundado) al agravio relativo a que "la demandada "después de trascribir el acta, en la que citó la cláusula "tercera de los contratos, en cuanto a las actividades que "pueden desarrollar los trabajadores determinó que, su "actividad encuadra en "servicio de limpieza de fachadas y "ventanas", sin fundar ni motivar esa determinación, ya "que de los contratos no se aprecia esa actividad (fojas 320 a 322). 4. En páginas 184 y 185 dio respuesta (como infundado) al agravio relativo a que "la autoridad debió "explicar cómo arribó a esa conclusión y que las "actividades contractuales se subsumen a la misma; "máxime que, en los contratos se lista un número mayor "de actividades a las referidas en la citada fracción 898 (fojas 322 vuelta y 323). 5. En páginas 185 a 187 dio respuesta (como infundado) al agravio relativo a que "era necesario que la "enjuiciada razonara de manera lógica y jurídica, el nexo "entre la documentación revisada y la determinación para "encuadrar la actividad y reclasificarla, pues la rectificada "no se ubica exactamente en la actividad desarrollada, "pues ante el cúmulo de actividades también se aprecia la "cláusula 897, en cuanto al servicio de aseo y limpieza en "interiores de inmuebles (lavado, pulido, encerado y "similares); de ahí que, las actividades pactadas en los "contratos constituyen indicios que, en determinado "momento están obligados a desarrollar, por lo que se "sustenta la autoridad en conjeturas" (fojas 323 y 324). 6. En páginas 187 y 188 dio respuesta (como infundado) al agravio relativo a que "la resolución no "puede sustentarse en los pedidos realizados y facturas "exhibidas en el período revisado, porque no se le "proporcionó esa documentación en la visita (como se "aprecia en la solicitud de información y documentación de "30 de junio de 2014 y acta parcial 4), por lo que se "sustenta en hechos falsos y apreció los mismos en forma "equivocada (foja 324). 7. En páginas 188 y 189 dio respuesta (como infundado) a los agravios relativos a que "la demandada "violentó el principio de tipicidad, ya que la normatividad "aplicable no encuadra en los hechos, ya que la actividad "real no tiene cabida en la clasificación y clase invocada "(clase IV), pues conforme a lo expuesto por la propia "autoridad, corresponde a una diversa (clase III) con prima "distinta; y que la demandada en la visita determinó que, la "actividad correspondía a servicio de aseo y limpieza con "maquinaria y equipo motorizado, empero en la resolución "dijo que, su actividad era servicio de limpieza de ventanas "y fachadas, por lo que los hechos descritos en la visita, no "encuentran subsunción en la porción normativa invocada "en la resolución (fojas 324 vuelta y 25). III. Con plenitud de jurisdicción resolvió reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, fundando y motivando su determinación (foja 329). Ahora bien, la parte quejosa, al desahogar la vista dada con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, en esencia señaló que: A) La sala no analizó si en la visita se consideró que la actividad era de "servicios de aseo y limpieza con "maquinaria y/o equipo motorizado, ventanas y fachadas". B) Existe exceso en el cumplimiento del fallo protector porque la responsable se substituyó al Instituto Mexicano del Seguro Social al sostener que la variación entre la actividad asentada en la visita y en la resolución impugnada en el juicio de nulidad derivó de que "era la que más se asimilaba". C) La responsable no analizó la actividad descrita en la cláusula 897, sino sólo la 898, ambas del artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresa, Recaudación y Fiscalización. D) La citada autoridad hizo su estudio a la luz de documentos, consistentes en los "pedidos", introducidos por la parte demandada en el juicio, y no de los exhibidos en la visita. E) La Sala debió resolver si era o no procedente que la autoridad demandada proporcionara a la parte actora el plazo de 15 días previsto en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Los planteamientos que anteceden son inatendibles por lo siguiente: En cuanto al resumido en el inciso A) debe decirse que, contrario a lo sostenido por la quejosa, la sala sí analizó si en la visita se consideró que la actividad era de "servicios de aseo y limpieza con maquinaria y/o "equipo motorizado, ventanas y fachadas"; pues al respecto señaló que en la resolución impugnada en el juicio de nulidad se analizó la documentación proporcionada en la visita domiciliaria para concluir que el giro de la negociación es el comercio al pormenor de artículos de limpieza y que a la actora le corresponde la fracción 898 del Catálogo de Actividades para la Clasificación de las Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo, contenido en el artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresa, Recaudación y Fiscalización, pues éste comprende a las empresas que prestan el servicio de limpieza en exteriores de inmuebles, como ventanas, fachadas y otros similares (fojas 317 y 318). En cuanto al resumido en el inciso B) debe señalarse que no existe exceso en el cumplimiento del fallo protector; pues, contrario a lo sostenido por la quejosa, la Sala responsable no se substituyó al Instituto Mexicano del Seguro Social ni sostuvo por sí que la variación entre la actividad asentada en la visita y en la resolución impugnada en el juicio de nulidad derivó de que "era la que más se asimilaba"; sino que se remitió a la fundamentación contenida en el punto resolutivo primero de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, para sostener que ahí se invocaron los artículos 20, 22, 29, fracción I, y 30, fracción I, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en los cuales se faculta al Instituto demandado para determinar la clasificación por analogía o similitud (fojas 318 vuelta y 319). Por lo que ve a la afirmación resumida en el inciso C), debe señalarse que lo relativo a que la responsable analizara las actividades descritas en las cláusulas 897 y 898 del artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresa, Recaudación y Fiscalización, tuvo por objeto que la citada autoridad determinara en cuál de las dos encuadra la actividad de la actora, tal y como se corrobora en el siguiente fragmento del fallo protector: "(.) analizar la actividad descrita en la "cláusula 897 y la relativa 898, para determinar si "encuadraba en una u otra (.)" (Foja 65 vuelta). Obligación que la Sala responsable cumplió, pues clasificó la actividad de la actora en la segunda; es decir, en la 898 (fojas 318 y 319). El argumento resumido en el inciso D), relativo a que la autoridad responsable hizo su estudio a la luz de documentos introducidos por la parte demandada en el juicio, y no de los exhibidos en la visita, se encuentra estrechamente vinculado con el agravio resumido en el fallo protector en el punto 6, consistente en que: "6. No puede sustentarse la resolución en los "pedidos realizados y facturas exhibidas en el período "revisado, porque no se le proporcionó esa documentación "en la visita (como se aprecia en la solicitud de información "y documentación de 30 de junio de 2014 y acta parcial 4), "por lo que se sustenta en hechos falsos y apreció los "mismos en forma equivocada;" Sobre lo cual en la nueva resolución de cumplimiento la Sala responsable determinó que la resolución impugnada no se sustenta en hechos falsos, pues en la visita la actora exhibió las facturas, notas de venta y cédula de concentrado de pedidos (foja 324). Por último, contrario a lo argumentado en el planteamiento resumido en el inciso E), en el fallo protector no se ordenó a la Sala resolver si era o no procedente que la autoridad demandada proporcionara a la parte actora el plazo de 15 días previsto en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación; pues al respecto no se estableció efecto alguno. De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a los terceros interesados. Lo acordó y firma la Magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe. La presente página corresponde a la parte final de la resolución pronunciada el once de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el juicio de amparo directo administrativo número D-625/2017 promovido por Lidia Teresa Herrera Pérez, por propio derecho, en la que se determinó que ha sido cumplida la ejecutoria respectiva.- Conste. SECRETARIA DE ACUERDOS LIC. MIRIAM RAMÍREZ ALANIS.

  4. Juicio de Amparo Directo

    SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE DIEZ DIAS, CONCEDIDO A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA, HACIENDOLO LA PARTE QUEJOSA; PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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