Lidia Téllez García.

Expediente 24/2019 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
24/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Lidia Téllez García.
  • Alfonso Martín del Campo Dodd.
  • José Luis Miranda Martínez.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes sin que se hubieran inconformado con el proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la mencionada resolución. Mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la presente determinación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Vistos los presentes autos y de conformidad al proveído de veintidós de agosto de la presente anualidad, se procede a analizar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informado por la autoridad responsable Secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, sin que al respecto las partes hubieran hecho manifestación alguna. En efecto, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento a la sentencia constitucional, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control constitucional, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que una ejecutoria de amparo se declare cumplida es necesario que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Asimismo, dicha Superioridad estableció sobre tales características que existe exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, hay defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente, en el entendido de que al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que establece lo siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Ahora bien, en la ejecutoria dictada el dos de agosto de dos mil diecinueve, por este Tercer Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional solicitados a efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente número 79/2018, reitere la condena realizada respecto de las prestaciones reclamadas por la hoy quejosa en su escrito de demanda e identificadas con los incisos A, B, C, D y E por no ser materia de la concesión y acorde a sus atribuciones dicte una nueva resolución en la que, de conformidad con el material probatorio existente en autos resuelva con plenitud de jurisdicción lo relativo a las prestaciones reclamadas por la hoy quejosa en dicho libelo e identificadas con los incisos F) y G). [...]". Atento a lo anterior, la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, remitió el comunicado oficial 32802/2019, en el cual informa que dejó insubsistente la sentencia dictada en audiencia de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, transcribiendo la sentencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve dictada en el juicio oral mercantil 79/2018-IV; documento que goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo ordena su numeral 2º. De la sentencia en mención, se advierte que la autoridad responsable dictó diversa resolución en la que condenó a la parte demandada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, al cumplimiento de la prestación reclamada por la accionante identificada en el inciso G), de su escrito de demanda, consistente en el rembolso de los cargos efectuados a su cuenta número 1120797944, bajo el concepto de "Cobro automático recibo 9623230444", los días cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, tres de enero, dos de febrero y cinco de marzo, todos de dos mil dieciocho, por las cantidades de (1) $1,445.37 (un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 37/100 moneda nacional); (2) $1,562.99 (un mil quinientos sesenta y dos mil pesos 99/100 moneda nacional), (3) $1,562.99 (un mil quinientos sesenta y dos mil pesos 99/100 moneda nacional), (4) $1,588.27 (un mil quinientos ochenta y ocho pesos 27/100 moneda nacional), respectivamente, así como todos aquellos cargos que por dicho concepto se hayan generado hasta el momento en que la sentencia de mérito sea ejecutable. Respecto de la prestación identificada bajo el rubro F), (no obstante que la citó como inciso G), sin embargo, ello se advierte como mero error de identificación, sin que incida en el fondo del asunto) consistente en la restitución del numerario que obraba en la cuenta de la accionante, previo a los cargos se condenó a la institución bancaria al pago de la cantidad total de $28,997.43 (veintiocho mil novecientos noventa y siete pesos 43/100 moneda nacional), la cual resulta de sumar los recursos que tenía la actora previo al cargo del préstamo no reconocido en cantidad de $27,861.70 (veintisiete mil ochocientos sesenta y un pesos 70/100 moneda nacional) como se corrobora con el estado de la cuenta bancaria en mención, correspondiente al período del uno de octubre al seis de noviembre de dos mil diecisiete (foja 45), más la cantidad de $1,135.73 (un mil ciento treinta y cinco pesos 73/100 moneda nacional), por concepto de "Seguro de Prest 9623230444" Reflejándose lo anteriormente expuesto en los siguientes puntos resolutivos de la sentencia sujeta a análisis, y cuyo contenido es el siguiente: "[.] PRIMERO. Ha sido procedente la vía oral mercantil, en la que la parte actora acreditó su acción y la parte demandada no demostró sus excepciones y defensas; en consecuencia: SEGUNDO. Se declara la nulidad absoluta por ausencia de consentimiento, y por ende, se determina la cancelación de las siguientes operaciones: Los cargos realizados el dos y tres de noviembre de dos mil diecisiete, bajo los conceptos de 'Deposito de Pre' por la cantidad de $47,800.00 (cuarenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) y 'Seguro de Prest' por $1,135.73 (mil ciento treinta y cinco pesos 73/100 moneda nacional), 'Retiro Cajero Automático' por $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) y compras en la tienda departamental 'Sam's Calz Zarag', por las cantidades de $57,016.97 (cincuenta y siete mil dieciséis pesos 97/100 moneda nacional) y $11,509.00 (once mil quinientos nueve pesos 00/100 moneda nacional). En el entendido que dicha nulidad surte efectos retroactivos para los efectos legales a que haya lugar. También se condena a la institución bancaria demandada, al cumplimiento de la prestación reclamada por la accionante identificada en el inciso G), de su escrito de demanda, consistente en el rembolso de los cargos efectuados a su cuenta número 1120797944, bajo el concepto de 'Cobro Automático Recibo 9623230444', los días cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, tres de enero, dos de febrero y cinco de marzo, todos de dos mil dieciocho, por las cantidades de (1) $1,445.37 (un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 37/100 moneda nacional); (2) $1,562.99 (un mil quinientos sesenta y dos mil pesos 99/100 moneda nacional), (3) $1,562.99 (un mil quinientos sesenta y dos mil pesos 99/100 moneda nacional), (4) $1,588.27 (un mil quinientos ochenta y ocho pesos 27/100 moneda nacional), respectivamente, así como todos aquellos cargos que por dicho concepto se hayan generado hasta el momento en que la sentencia de mérito sea ejecutable. De igual forma procede condenar a la institución bancaria demandada, al cumplimiento de la prestación reclamada por la accionante identificada en el inciso G), del libelo inicial, consistente en la restitución del numerario que obraba en la cuenta de la accionante número 1120797944, previo a los cargos y por las cantidades cuya nulidad ha sido declarada en párrafos que anteceden, el cual asciende a un total de $28,997.43 (veintiocho mil novecientos noventa y siete pesos 43/100 moneda nacional), cantidad que se obtiene de sumar los recursos que tenía la actora previo al cargo del préstamo no reconocido en cantidad de $27,861.70 (veintisiete mil ochocientos sesenta y un pesos 70/100 moneda nacional) como se corrobora con el estado de la cuenta bancaria en mención, correspondiente al período del uno de octubre al seis de noviembre de dos mil diecisiete, más la cantidad de $1,135.73 (un mil ciento treinta y cinco pesos 73/100 moneda nacional), por concepto de 'Seguro de Prest 9623230444'. Consecuentemente también se declaran nulos los cargos, amortizaciones, intereses, comisiones por disposiciones, impuestos, gastos y toda clase de accesorios que tales operaciones generaron, solo por lo que hace a la tarjeta de débito en mención. TERCERO. Se condena a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a realizar las gestiones necesarias ante la sociedad de información crediticia denominada Buró de Crédito, a efecto de que cancele el registro de la información relacionada con las operaciones ya descritas, relativas a la tarjeta de débito 4152 3132 6956 3032, a nombre de Lidia Téllez García. CUARTO. Se absuelve a la demandada de mérito al pago de costas en el presente juicio. QUINTO. Toda vez que la presente resolución se emite en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo civil 24/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, remítase de inmediato a dicha superioridad, copia certificada de esta sentencia a efecto de que decida lo conducente al cumplimiento de la ejecutoria de mérito. [.]" Así, el Magistrado Presidente de este órgano pluripersonal, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación a la circular número 11/2017-AGP, que modificó el Acuerdo General Plenario 5/2013, una vez analizadas las constancias que integran este cuaderno de amparo, estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable, pues una vez que dejó insubsistente la sentencia que fue reclamada, pronunciada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio oral mercantil 79/2018, en su lugar dictó otra, en la cual reiteró lo que no fue materia de la concesión y con base al material probatorio existente en autos, se pronunció respecto a las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda bajo los incisos F) y G). En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese a las partes como en derecho corresponda.

  3. Amparo en revisión

    Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del diverso oficio 4991/2019, así como de las constancias que se enviaron. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio de cuenta, mediante el cual, la autoridad responsable remite copia certificada de la resolución de veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio oral mercantil 79/2018, con la que dice dar cumplimiento al fallo protector emitido por el Pleno de este órgano colegiado, en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista con copia de la referida sentencia a la quejosa así como a la tercera interesada, por el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación de este acuerdo, dentro del cual podrán alegar lo que a su derecho convenga en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; apercibidas que de ser omisas, este tribunal determinará lo procedente.

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