Lidia Senyase Muzquis Muñoz
Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/11/2023
Partes del expediente
- Lidia Senyase Muzquis Muñoz
- Juez de Control del Poder Judicial de Baja California, Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Juicio de amparo 843/2022 El siete de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el pretendido cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, es imperativo analizar las constancias relativas para determinar si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida o no. En el presente asunto, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] se otorga la protección constitucional impetrada por Lidia Senyase Muzquis Muñoz, para el efecto de que la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: i) Requiera a Mayra Aldai Velázquez, para que en audiencia exhiba original de su cédula profesional o título que la acredite como profesionista del derecho; posteriormente, proceda al cotejo de la documentación exhibida ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, para establecer si efectivamente se avala la calidad técnica; o bien, deberá constatar que el auxiliar de sala realizó dicho ejercicio, debiendo obrar tal circunstancia en los registros de audio y vídeo; ii) En el supuesto de que no se logre la referida acreditación, deberá dejar insubsistentes las audiencias de diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, celebradas en la causa penal 6587/2022, debiéndose señalar nueva data para su verificativo, a efecto de reponer el procedimiento ante un juez de control distinto, con plena observancia de los derechos humanos de los coimputados (entre ellos, la aquí quejosa) -incluido el de adecuada defensa-, de lo que se deberá dejar constancia fehaciente; o, iii) Si se logra la acreditación de la defensora, se continuará con la secuela procesal, dejando intocado la juez responsable lo que se externó, acaeció y resolvió en las audiencias de mérito, en el entendido que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará el término legal para la presentación de los medios de impugnación que las partes consideren, con la única excepción de lo resuelto en los términos del considerando cuarto del fallo dictado en el juicio de amparo 921/2022 de este índice, por lo que hace a Eduardo Alberto Magaña Gómez." Una vez que causó ejecutoria la sentencia se requirió su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En atención a lo solicitado, la autoridad informó haber dado cumplimiento con la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió las constancias atinentes; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego, del examen de las citadas constancias, se considera que la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, virtud que en audiencia celebrada el seis de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 6587/2022, se verificó la cedula profesional en licenciatura en derecho número 2946641, correspondiente a la licenciada Mayra Guadalupe Aldai Velázquez, la cual se cotejó con los registros de la referida defensora pública en el Sistema Integral de Administración Judicial (SIAJ), así como con el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; una vez acreditado lo anterior, procedió a dejar subsistentes e intocadas las resoluciones emitidas en audiencias de los días diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, continuando con la secuela procesal quedando fijada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Razones anteriores por las que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, ordenándose el archivo definitivo del mismo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, de conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento con el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es conservable, por haberse otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el diez de noviembre de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente y solicítese la transferencia del expediente principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en cumplimiento al último párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el documento proveniente de la autoridad responsable, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y al efecto, allega las constancias con las que refiere acreditar su aserto. En consecuencia, con el contenido de las constancias relativas al acato del fallo protector, dese vista a las partes por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad vinculada; lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente
- Principal
Juicio de amparo 843/2022 El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con el estado de autos y la certificación secretarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: "[.] se otorga la protección constitucional impetrada por Lidia Senyase Muzquis Muñoz, para el efecto de que la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: i) Requiera a Mayra Aldai Velázquez, para que en audiencia exhiba original de su cédula profesional o título que la acredite como profesionista del derecho; posteriormente, proceda al cotejo de la documentación exhibida ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, para establecer si efectivamente se avala la calidad técnica; o bien, deberá constatar que el auxiliar de sala realizó dicho ejercicio, debiendo obrar tal circunstancia en los registros de audio y vídeo; ii) En el supuesto de que no se logre la referida acreditación, deberá dejar insubsistentes las audiencias de diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, celebradas en la causa penal 6587/2022, debiéndose señalar nueva data para su verificativo, a efecto de reponer el procedimiento ante un juez de control distinto, con plena observancia de los derechos humanos de los coimputados (entre ellos, la aquí quejosa) -incluido el de adecuada defensa-, de lo que se deberá dejar constancia fehaciente; o, iii) Si se logra la acreditación de la defensora, se continuará con la secuela procesal, dejando intocado la juez responsable lo que se externó, acaeció y resolvió en las audiencias de mérito, en el entendido que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará el término legal para la presentación de los medios de impugnación que las partes consideren, con la única excepción de lo resuelto en los términos del considerando cuarto del fallo dictado en el juicio de amparo ******************** de este índice, por lo que hace a ********************." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, dé cumplimiento con el fallo protector. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el término concedido a la autoridad responsable, dese nueva cuenta para acordar lo conducente.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 843/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Lidia Senyase Muzquis Muñoz, por el conducto habido, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. La demanda fue admitida bajo número 843/2022 y tramitado el juicio, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, virtud que lo reclamado guarda consecuencias materiales en la 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA 2 circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que los actos de reclamo destacados son la calificación de legal detención de Lidia Senyase Muzquis Muñoz, realizada por la juez de control responsable en la audiencia inicial celebrada en la causa penal 6587/2022 primigenia el diez de octubre de dos mil veintidós, y el auto de vinculación a proceso emitido en dicho procedimiento de origen el día catorce del mismo mes y año, contra la aquí quejosa (y otra persona), por el hecho ilícito - homicidio calificado en grado de coautoría- que le fue imputado por el fiscal tercero interesado. TERCERO. Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida a la autoridad responsable, pues así se desprende de su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias que se allegaron al presente juicio, relativas a la causa penal primigenia. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA Juicio de amparo 843/2022 Juez: Francisco Caballero Green Secretario: Carlos Ignacio Pérez Ibarra 3 A su vez, debe apuntarse que gozan de igual valor probatorio los discos compactos remitidos, continentes de los archivos digitales relativos a las audiencias que sirvieron de sustento para tomar las determinaciones aquí reclamadas, pues los mismos poseen el carácter de documentales públicas. CUARTO. Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que la peticionaria tiene la calidad de imputada en la causa penal de origen. Determinación que se toma en ese sentido, tomando como hecho notorio lo resuelto en esta misma fecha en el diverso juicio de amparo 921/2022 del índice de este tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, ya que de las constancias obrantes en autos, se advierte que el presente asunto se encuentra estrechamente enlazado con el sumario constitucional en cita, pues en ambos casos se tratan de demandas de amparo en que se reclaman actos a la juez de control responsable, emitidos en la misma causa penal 6587/2022 de origen, virtud que Eduardo Alberto Magaña Gómez (promovente del diverso juicio de derechos humanos) y Lidia Senyase Muzquis Muñoz (aquí impetrante) son los dos coimputados en dicho proceso penal primigenio, quienes en las 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA 4 audiencias de diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, fueron sometidos al control de detención realizado por la jurisdiccional responsable, y posteriormente, vinculados a proceso por su probable participación como coautores en un hecho considerado por la ley como delito de homicidio calificado. De ahí que ambos peticionarios se encuentren sujetos a un mismo proceso, en el que participaron como partes intervinientes -coimputados- en las referidas audiencias, con sus respectivas defensas frente a la puesta a disposición, formulación de imputación y solicitud de vinculación efectuadas por el fiscal actuante, quien presentó determinados datos de prueba para exponer la teoría de su caso por la que justificó ante la juez de control la detención en flagrancia de las personas condignas, así como la probable participación de éstas [como coautoras] en el hecho imputado. Por lo que este tribunal considera que lo fallado en el diverso juicio de amparo 921/2022 en comento, incide esencialmente en la materia de este controvertido constitucional, de manera que en congruencia con lo resuelto en aquel juicio, se emite esta sentencia bajo las consideraciones siguientes. En la audiencia inicial de diez de octubre de dos mil veintidós, celebrada en el causa penal 6587/2022, como se advirtió en el expediente de amparo 921/2022, se vulneró el derecho a la defensa técnica adecuada 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA Juicio de amparo 843/2022 Juez: Francisco Caballero Green Secretario: Carlos Ignacio Pérez Ibarra 5 del coimputado Eduardo Alberto Magaña Gómez, como enseguida se expondrá. Conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en múltiples precedentes que toda persona sujeta a un proceso penal debe contar con la asesoría de un profesional del derecho, esto es, una persona habilitada para defender, con conocimiento jurídico y suficiente, los intereses del imputado, tal como lo establece la Constitución Federal en su artículo 20, apartado B, fracción VIII, desde su reforma en junio de dos mil ocho. Que la asistencia técnica es un derecho del cual goza la persona inculpada en todas las etapas que intervenga, incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención; sin que esa capacidad letrada pueda presumirse por el solo hecho de que en la declaración ministerial se asiente que quien asiste al defendido sea incluso un defensor público, cuenta habida que el cumplimiento de este derecho debe quedar total y plenamente acreditado, y no puede, bajo ninguna circunstancia, sujetarse a presunciones. Además, se sostuvo que la asistencia proporcionada por una persona que no tenga la calidad jurídica de abogado o licenciado en derecho, en cualquier etapa procedimental, constituye una violación 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA 6 a la prerrogativa fundamental de defensa adecuada del imputado. En conclusión, el derecho fundamental a una defensa adecuada exige, entre otras cosas, que toda persona sujeta a un proceso penal cuente con la asesoría de un profesional en derecho durante todas las etapas del procedimiento. Relatadas consideraciones que quedaron plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 61/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL MIXTO. CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE EL DEFENSOR ES LICENCIADO EN DERECHO SE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL JUEZ INVESTIGUE. El derecho a una defensa adecuada le impone a las autoridades jurisdiccionales e investigadoras el deber de cerciorarse que el acusado sea asistido por un profesional en derecho. Por lo tanto, cuando en un procedimiento penal mixto no esté acreditado que alguno de los defensores era licenciado en derecho, necesariamente el Juez o el Ministerio Público incumplieron con su deber de cerciorarse de que el inculpado sea asistido por un profesional en derecho. Por lo tanto, en el caso se actualiza una violación a una vertiente del derecho a la defensa adecuada y procede conceder el amparo para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y reponer el procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de la sentencia de primera instancia para que el Juez cumpla con su deber y se cerciore de que las personas que comparecieron como defensores son profesionales en derecho. En dicha investigación, los jueces de instancia podrán decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica. En caso de que no se pueda acreditar que el defensor era licenciado en 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA Juicio de amparo 843/2022 Juez: Francisco Caballero Green Secretario: Carlos Ignacio Pérez Ibarra 7 derecho, entonces deberá repararse la falta de asistencia por un defensor técnico y profesional, para lo cual el Juez deberá: (i) anular las diligencias de averiguación previa en las que participó el defensor en cuestión; y/o (ii) reponer el procedimiento en caso que el defensor que no acreditó ser licenciado en derecho hubiera participado en el juicio." Así, al realizar un análisis de las videograbaciones relativas a la causa penal primigenia, previamente valoradas, se desprende que en la audiencia inicial de diez de octubre de dos mil veintidós, una vez que la juez de control responsable indicó proceder con la individualización de las partes [minuto 00:57], se expresó lo siguiente: "[.] (Juez): ¿Por parte de la defensa pública? (Defensora): Sí, buenas tardes, Mayra Aldai Velázque defensora pública estatal en representación de Eduardo Magaña Gómez. (Juez): Los defensores particulares [.]." De lo reproducido, se obtiene que al individualizarse las partes, la persona de nombre Mayra Aldai Velázque, se ostentó como defensora de Eduardo Magaña Gómez. Empero, la jurisdiccional responsable debió corroborar la calidad de licenciada en derecho de la defensora de mérito, pidiendo a quien se haya ostentado como tal, que en ese acto exhibiera original o copia certificada de la cédula o el título que la avale como profesional del derecho, y, en su caso, cuestionar al auxiliar de la sala, si los datos en dichos documentos se cotejaron con la identificación exhibida momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando si 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA 8 el número de cédula corresponde a quien compareció con la calidad de defensora del coimputado de la aquí quejosa, para que quedara constancia en la videograbación de ese hecho. Resulta importante destacar que el nuevo proceso penal acusatorio, se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, siendo precisamente la oralidad la principal herramienta para materializarlos dentro de audiencias públicas, dejándose de lado el sistema anterior que requería un expediente físico donde se asentaba la totalidad de las actuaciones; de modo que será precisamente en las audiencias donde se deban llevar a cabo todas las manifestaciones de importancia para el proceso, de propia voz del juez respectivo y de los intervinientes. Lo anterior justifica que para el procedimiento penal de corte acusatorio y oral, todo aquello que no conste en la audiencia no existe, y para su consulta posterior debe apreciarse en la videograbación correspondiente, como mecanismo introducido al proceso por el legislador. Por tanto, en la audiencia inicial de la causa penal de origen, la juez responsable no satisfizo a plenitud su obligación de corroborar la calidad de licenciada en derecho de la persona designada para la defensa del coimputado Eduardo Alberto Magaña Gómez, cuenta habida que: 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA Juicio de amparo 843/2022 Juez: Francisco Caballero Green Secretario: Carlos Ignacio Pérez Ibarra 9 i) No previno a quien se ostentó como su defensora, que presentara o hiciera referencia a su cédula profesional, por lo que no precisó si el eventual documento de acreditación estuviere cotejado con su original, ni tampoco se aprecia que hubiese corroborado si el número de cédula aparecía registrado a nombre de su portadora ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, con el que avalara que efectivamente dicha persona ostenta tal calidad de profesional del derecho; ii) O bien, que hubiese cuestionado al auxiliar de sala, si había realizado dicho ejercicio con la identificación exhibida momentos previos a la celebración de la audiencia. Estándar normativo que se encuentra desarrollado en la jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 959, libro 71, octubre de 2019, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA 10 PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal. En ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) en el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado." Lo expuesto guarda relevancia dado que el derecho de defensa constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento identificadas con el debido proceso, que no puede tratarse superficialmente, sino con entera certeza, pues está entre las reglas que aseguran a las personas ejercer sus defensas antes que las autoridades afecten su esfera jurídica mediante el dictado de diversos actos en su contra, comprendiéndose entre éstas, todas 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA Juicio de amparo 843/2022 Juez: Francisco Caballero Green Secretario: Carlos Ignacio Pérez Ibarra 11 aquellas prerrogativas que aseguren mantenerlas en una posición de igualdad con el Estado. Tal planteamiento se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) de la primera sala del máximo tribunal del país, visible en la página 396, libro 3, febrero de 2014, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO"; así como la diversa 1a./J. 26/2015 (10a.) de la misma sala, página 240, libro 18, mayo de 2015, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO". Por tanto, este órgano de control constitucional llega a la conclusión de que en la audiencia inicial de la causa penal primigenia no se aseguró el derecho del coimputado de la aquí quejosa, a contar con una defensa adecuada, al existir incertidumbre de que su patrocinadora estuviera en condiciones de ejercer una defensa técnica, en perjuicio del debido proceso. 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA 12 Máxime, que lo expuesto, acontecido y desarrollado en tal audiencia inicial tuvo superlativa relevancia para el pronunciamiento de la calificación de legal detención y el auto de vinculación a proceso aquí reclamados, pues en esa actuación, entre otras cosas: 1) se expusieron los argumentos con los que se justificó ante la responsable la flagrancia en la detención de los dos sujetos activos como copartícipes en el hecho ilícito; 2) se formuló imputación; 3) se solicitó la referida vinculación a proceso -a partir de los datos de prueba verbalizados según la teoría del caso planteada por el fiscal actuante-; y, 4) se previno a los dos coimputados (entre ellos, la aquí peticionaria del amparo) para que consultaran con quienes se ostentaron como sus defensores, respectivamente, si era su interés que se resolviera su situación jurídica en ese momento, en el término constitucional de setenta y dos horas, o en el plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, así como si iban a solicitar determinado auxilio judicial para el ofrecimiento de algún medio de prueba a desahogar en la continuación de la audiencia inicial. De ahí que, en efecto, resultare de imperativa necesidad la corroboración de la calidad técnica de quien asistió al coimputado de la aquí impetrante, en su defensa en tal audiencia inicial; circunstancia que, como ha quedado apuntado, no aconteció en la especie. Sin que este tribunal esté en posibilidad material de verificar (de oficio) las credenciales de la persona 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA Juicio de amparo 843/2022 Juez: Francisco Caballero Green Secretario: Carlos Ignacio Pérez Ibarra 13 que se ostentó como defensora del coimputado Eduardo Alberto Magaña Gómez en la citada audiencia -por falta de elementos objetivos-, pues con el solo nombre proporcionado de dicha persona en el registro audiovisual allegado a este juicio, no es dable realizar una búsqueda exitosa e inequívoca en las bases de datos que ofrece la consulta en línea del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; en ese sentido, era necesaria la referencia al número de cédula profesional respectivo, a fin de lograr la correcta verificación de correspondencia entre la persona condigna y el documento acreditante específico, ello además, para evitar incurrir en posibles homonimias que generaren datos equívocos. En las relatadas condiciones, se impone conceder la protección de la Justicia Federal, en los términos del fallo emitido en el juicio de amparo 921/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. QUINTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se otorga la protección constitucional impetrada por Lidia Senyase Muzquis Muñoz, para el efecto de que la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA 14 i) Requiera a Mayra Aldai Velázquez, para que en audiencia exhiba original de su cédula profesional o título que la acredite como profesionista del derecho; posteriormente, proceda al cotejo de la documentación exhibida ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, para establecer si efectivamente se avala la calidad técnica; o bien, deberá constatar que el auxiliar de sala realizó dicho ejercicio, debiendo obrar tal circunstancia en los registros de audio y vídeo; ii) En el supuesto de que no se logre la referida acreditación, deberá dejar insubsistentes las audiencias de diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, celebradas en la causa penal 6587/2022, debiéndose señalar nueva data para su verificativo, a efecto de reponer el procedimiento ante un juez de control distinto, con plena observancia de los derechos humanos de los coimputados (entre ellos, la aquí quejosa) -incluido el de adecuada defensa-, de lo que se deberá dejar constancia fehaciente1 ; o, 1 En este punto, sirve de apoyo lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 62/2020 (10a.) y 1a./J. 19/2021 (10a.), respectivamente, de rubros: "EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE." [Visible en la página 331, libro 81, diciembre de 2020, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación] 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA Juicio de amparo 843/2022 Juez: Francisco Caballero Green Secretario: Carlos Ignacio Pérez Ibarra 15 iii) Si se logra la acreditación de la defensora, se continuará con la secuela procesal, dejando intocado la juez responsable lo que se externó, acaeció y resolvió en las audiencias de mérito, en el entendido que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará el término legal para la presentación de los medios de impugnación que las partes consideren, con la única excepción de lo resuelto en los términos del considerando cuarto del fallo dictado en el juicio de amparo 921/2022 de este índice, por lo que hace a Eduardo Alberto Magaña Gómez. Concesión de amparo en el diverso sumario constitucional 921/2022 de la estadística de este juzgado de distrito, que en este momento se hace extensiva a la coimputada Lidia Senyase Muzquis Muñoz -aquí quejosa-, virtud que ello resulta indispensable para el debido cumplimiento del fallo protector otorgado en aquel juicio; a más, que tal escenario atiende a la observancia de los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y de igualdad entre las partes, que "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. ANTE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR EN LA AUDIENCIA INICIAL, Y SU SUBSISTENCIA HASTA EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR REGLA GENERAL EL TRIBUNAL DE AMPARO SERÁ QUIEN DEBE VERIFICAR SU TRASCENDENCIA AL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA." [Localizable en la página 3424, libro 2, junio de 2021, tomo IV, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación] 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA 16 rigen al proceso penal acusatorio y oral, como lo es el de origen. Finalmente, debe apuntarse que dada la violación procesal denotada en la audiencia inicial de la causa penal primigenia, en esta sentencia se encuentra obstaculizado el análisis de fondo del asunto. SEXTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción III, inciso a), y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Para los efectos apuntados en el considerando quinto del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Lidia Senyase Muzquis 06/06/23 13:43:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.37.a0 CARLOS IGNACIO PEREZ IBARRA Juicio de amparo 843/2022 Juez: Francisco Caballero Green Secretario: Carlos Ignacio Pérez Ibarra 17 Muñoz, contra los actos que reclamó de la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Francisco Caballero Green Titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana El secretario Carlos Ignacio Pérez Ibarra autoriza y da fe de la presente sentencia emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo 843/2022. Doy fe.
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