Lidia Salazar Salazar
Expediente 608/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Lidia Salazar Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
se declara HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE.
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ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, contra el acto que reclamó del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, por lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
agréguese el pedimento del Fiscal Revisor Titular de la Agencia adscrita en Materia de Amparo a este Juzgado, y en atención a su contenido, téngase a la representante social formulando las manifestaciones de su intención, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo.
- Principal
. ..denuncio la repetición del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Al respecto, es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en el diverso juicio de amparo ******************** de nuestro índice, el dieciocho de abril del año en curso, se recibió el informe justificado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios. Por ende, este órgano jurisdiccional procedió al análisis del estudio integral de la demanda que dio origen de dicho controvertido constitucional, en donde el acto reclamado consistía en la omisión de dictar el cierre de instrucción, en el expediente laboral ******************** de índice de la autoridad responsable. En ese sentido, este Juzgado de Distrito, advirtió de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, que el quince de marzo de dos mil veintidós, dicha autoridad dicto acuerdo mediante el cual señala que no quedan pruebas por desahogar previo el cierre de instrucción dentro del juicio laboral de origen y ordenó su notificación a la parte actora para dentro del término de tres días computado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por tal motivo, se sobreseyó el mismo, por actualizarse la causal de prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, siendo notificado de tal determinación el ********************, como se desprende del acuse de notificación. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 66, 199 en relación con el numeral 18 de la Ley de Amparo, se desecha de plano el incidente, en razón de que se presentó en forma extemporánea. En efecto, del primer párrafo del artículo 199 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para que la parte interesada denuncie la existencia de un acto en el que estime que se repiten las violaciones por las que se concedió la protección constitucional en un juicio de control constitucional, es de quince días, sin que se indique a partir de qué momento debe contabilizarse, por ello, debe acudirse a las reglas previstas en el artículo 18 de la ley de la materia que establece que el plazo para la presentación de la demanda de amparo -que se considera aplicable para el caso de la denuncia del acto reclamado-, podrá contarse a partir de que se surta cualquiera de los supuestos siguientes: 1) A aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2) A aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3) A aquel en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación, pero el juzgador debe apreciar las particularidades del caso, para determinar cuál de ellos resulta aplicable. En esas condiciones, se está en el supuesto 1), pues el término de quince días hábiles para presentar la denuncia de la repetición del acto reclamado, debe contabilizarse a partir de que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicho acto, esto es, el ********************, como se advierte del acuse de notificación del juicio de amparo ******************** de nuestra estadística. Así cosas, el plazo de quince días que tenía la promovente para interponer el incidente de repetición del acto reclamado, comprendió del veinticuatro de marzo y dieciocho de abril de dos mil veintidós, descontando los días veintiséis y veintisiete de marzo, así como, dos, tres, nueve y diez, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete de abril por ser inhábiles, conforme a lo establecido en los numerales 19 y 22 de la ley de la materia. Luego, si el escrito de cuenta se presentó hasta el trece de mayo de dos mil veintidós, es inconcuso transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 199 de la Ley de Amparo y por ende, debe desecharse. Para un mejor aprecio, el siguiente cuadro ilustra el plazo trascurrido: Acuerdo Notificación Surte efectos Plazo de quince días Presentación del escrito de denuncia Días inhábiles 18 de marzo de 2022 22 de marzo de 2022 23 de marzo de 2022 Veinticuatro de marzo al 18 de junio de 2022. 13 de mayo de 2022. 26 y 27 de marzo, 2,3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 de abril de 2022. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.P.23 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. MOMENTO PROCESAL PARA REALIZAR LA DENUNCIA RESPECTIVA, ACTO O RESOLUCIÓN CONTRA LA QUE PROCEDE, E INSTANTES A PARTIR DE LOS CUALES CORRE EL PLAZO PARA HACERLO. Del primer párrafo del artículo 199 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para que la parte interesada denuncie la existencia de un acto en el que estime que se repiten las violaciones por las que se concedió la protección constitucional en un juicio de control constitucional, es de quince días. Sin embargo, ese precepto es trunco en precisar: 1) en qué momento procesal puede realizarse la denuncia respectiva; 2) contra qué acto o determinación procede; y, 3) en consideración con lo anterior, a partir de qué instante comienza a correr el plazo para que la excitativa correspondiente se formule ante el órgano de amparo; no obstante, de una interpretación sistemática de los preceptos contenidos en la ley de la materia, en específico, en sus disposiciones generales y en las relativas a la etapa de ejecución de sentencia, es posible dilucidar esos cuestionamientos. Así, los primeros dos requisitos pueden verificarse, si se tiene como base la tesis aislada 2a. XV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROCEDENCIA DE SU DENUNCIA ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DE AQUEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA.", de la que se deduce que: 1) El momento procesal para que la parte interesada pueda realizar la denuncia de repetición del acto reclamado, es posterior al dictado de la resolución que declara por cumplido el fallo del otorgamiento del amparo, mas no antes; y, 2) El acto de autoridad contra el que procede realizar la denuncia respectiva -por tildarlo de repetitivo en violaciones-, tiene que ser uno distinto a aquel que fue emitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y que constituyó la materia de análisis en la resolución en la que ésta se declaró por cumplida. Ello guarda lógica, en virtud de que la intención de la autoridad responsable en los casos en los que acontece la repetición del acto reclamado, es burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que fue declarada cumplida, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional, lográndolo al ya no estar bajo el radio de control o jurisdicción del órgano de amparo en la que le es exigible que cumpla, en sus términos, la sentencia que otorgó la protección federal, es decir, sometido al requerimiento y escrutinio que exige la Ley de Amparo para el cumplimiento irrestricto de las ejecutorias protectoras de derechos fundamentales (artículos 192, primer párrafo y 214) pues, en caso contrario, o sea, en el supuesto de que en el juicio de amparo aún no existiera la resolución en la que se declarara por cumplida la ejecutoria respectiva, la ley de la materia prevé los procedimientos que están confeccionados especialmente para que el tribunal de amparo consiga ese fin, esto es, eliminar la contumacia y que sean reparados los excesos o defectos en los que pudiera estar viciado el nuevo acto de autoridad (emitido por ésta en cumplimiento a la sentencia protectora), con el objeto de que se acaten en sus términos los efectos por los que se concedió el amparo al quejoso (artículos 193 y 196). Y es que si la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria, emitiera un acto repetitivo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, sería lógico y necesario que el órgano jurisdiccional no tuviera por cumplida la sentencia respectiva, hasta en tanto las irregularidades detectadas fueran enmendadas por la responsable. Luego, tocante al requisito 3), éste se verifica al acudir al título I de la Ley de Amparo, denominado "Reglas generales", en el que se fijan lineamientos que son comunes tanto para el trámite como para la sustanciación de todos los procedimientos previstos en esa legislación especial en materia de amparo; de esa manera, el artículo 18 de la ley invocada -que dispone las reglas generales en que se computan los plazos en el juicio de control constitucional-, permite tener un parámetro objetivo sobre momentos particulares y concretos en los que puede deducirse que la parte interesada tuvo conocimiento del acto o resolución que le afecta, concluyéndose que los instantes a partir de los cuales puede realizarse la denuncia respectiva, son a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución en la que aduce la existencia de repetición del acto reclamado, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de éste. Sin que el parámetro del cómputo pueda ser la resolución en que se califica por cumplida la ejecutoria de amparo, porque la determinación en que se califica el cumplimiento al fallo protector no es objeto de estudio en la incidencia de referencia; ni tampoco el acto con el que la autoridad responsable da cumplimiento a tal ejecutoria, ya que ese "nuevo acto" es precisamente la materia de análisis en la resolución donde se evalúa si los efectos del fallo protector fueron colmados, o si hubo exceso o defecto en su acatamiento, siendo que en el supuesto de que se halle el "nuevo acto" como repetitivo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, como se dijo, sería necesario que el órgano jurisdiccional no tuviera por cumplida la sentencia de amparo. No soslayando que contra la resolución en la que se declara cumplida la sentencia, procede el recurso de inconformidad, en términos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo; en tanto que, contra la determinación en la que se declara sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, también procede dicho medio de impugnación conforme a la fracción III de ese mismo dispositivo, de lo que se concluye que se trata de vías distintas y excluyentes entre sí, pues la materia en la que versan parten de premisas ajenas. De lo contrario, se correría el riesgo de que un mismo acto o resolución pudiera ser dos veces materia de estudio del mismo medio de impugnación -ya sea simultánea o aleatoriamente-, lo cual no generaría certeza jurídica en las determinaciones emitidas dentro de la etapa de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues ignoraría la naturaleza jurídica de lo que es impugnable, respectivamente, en cada uno de ellos." No obstante a todo lo anterior, de autos se desprende el veintitrés de mayo pasado, se tuvo por recibido el oficio 8484/2022 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, donde adjunto copia certificada del laudo emitido el diecisiete de aludido mes y año, dentro del expediente laboral ******************** de su estadística; por ende, dese vista al quejoso con dichas documentales, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las DOCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese personalmente.
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