Lidia Rodríguez Mendoza
Expediente 483/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Lidia Rodríguez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese al expediente en que se actúa, el oficio que remite el el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, mediante el cual acusa recibo del oficio en que este Juzgado Federal se declaró incompetente. Consecuentemente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Se advierte que la incompetencia planteada por este Tribunal Federal, le tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León; por tanto se solicita al titular de dicho juzgado el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que la petición de amparo registrada ante éste órgano jurisdiccional, bajo el número de amparo 483/2020-III, está pendiente de conocer el similar de grado, que en su caso asumió el conocimiento declinado por esta autoridad; en consecuencia, se requiere a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de que se encuentre notificado del presente proveído informe que Juzgado de Distrito conoce de dicha demanda de amparo presentada por los quejosos, contra actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN Y OTRA AUTORIDAD. Notifíquese.
- Principal
V I S T O; el escrito de demanda presentada por la quejosa, se ordena formar el expediente físico y electrónico y anotar en el libro de registro de juicios de amparo bajo el número 483/2020-III. No pasa desapercibido que presento otra petición de amparo que se pronunció respecto de ella el día de ayer.Por otra parte, no pasa inadvertido que en el manuscrito que se atiende, se manifiesta que los actos reclamados son de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, no ha lugar a decretar medida suspensional de oficio, con efectos de plano, en razón de que previo el análisis integral de la demanda es evidente que no encuadran en ninguno de los supuestos previstos, pues dada la excepcionalidad de la medida mencionada, para decretarla no basta con afirmar esta circunstancia para su procedencia, sino que es preciso examinar si, efectivamente, el caso se encuentra comprendido en tal precepto, es decir, sólo procede cuando: 1) se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2) se trate de algún acto que de llegar a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, y no a enfoques subjetivos de las partes, ya que es una atribución exclusiva del Juez de Distrito en Materia de Amparo, quien es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio, aunado a que respecto a las multas fiscales o administrativas que se califiquen de excesivas, no ponen en peligro la vida, la libertad personal, la integridad física y la dignidad de las personas, por lo que, no ameritan la misma tutela jurídica que los demás que sí afectan aquellos derechos fundamentales. En otra óptica del asunto, cabe significar que la promovente en su demanda señaló como autoridad responsable al PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN Y OTRA AUTORIDAD y como acto reclamado la determinación de aplicarle diversos medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, entre los que destaca la sanción económica. Se procede a analizar si este tribunal es competente legalmente para conocer por lo que hace al acto precisado y autoridad responsable, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Conforme a tal criterio, es pertinente precisar, que la competencia en materia judicial es la facultad que la ley otorga a un juzgador de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia en el sentido de que si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir. En ese tenor, en virtud de que las cuestiones de competencia de los Jueces de Distrito están elevadas a norma de rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia, independientemente de que se constituyen en presupuestos procesales y naturalmente de orden público, previo a determinar si es o no procedente admitir la demanda que nos ocupa, se procede al análisis de la competencia. Así las cosas, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el vocablo competencia proviene del latín competencia, sustantivo femenino que se refiere a la disputa o contienda entre dos o más sujetos sobre alguna cosa. Rivalidad, en su primera acepción. Incumbencia. Aptitud, idoneidad. Atribución legítima a un Juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. El Diccionario Espasa Jurídico define la competencia como presupuesto del proceso consistente en la "cualidad de un órgano jurisdiccional que le permite o le exige conocer válidamente de un tipo de asuntos y tener preferencia legal respecto de otros órganos jurisdiccionales, para conocer de un litigio o causa determinados". Esa cualidad se posee como consecuencia de la aplicación de un conjunto de criterios que deben constar en una norma positiva de rango legal. En un sentido jurídico general, se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. O bien, en un sentido más preciso, dentro de la teoría general del proceso, la competencia obedece a razones prácticas de distribución de la actividad juzgadora entre los distintos organismos judiciales. La competencia es una condición presupuestal sine qua non, para que la actuación del juzgador en el desarrollo de la función que genéricamente le corresponde, sea válida y eficaz. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, se le ha considerado como un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla. Por este motivo, como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. Por ello, el órgano para poder conocer de una litis, debe tener jurisdicción, pues ante un hecho concreto, el derecho que tiene el tribunal, sea cual fuere, para conocerlo y dilucidar los intereses en él controvertidos es lo que se llama competencia. Ahora, tomando en consideración que las cuestiones de competencia revisten importancia en virtud de que son de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 de la Carta Magna, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 47 de la legislación de la materia, al establecer como obligación de todo Juzgador Federal, la de declararse legalmente incompetente (solo por lo que hace a dicho acto de molestia), lo cual a su vez está regulado por el artículo 107, fracción V, de la Constitución General de la República, que establece la competencia de los órgano federales, cuando actúan como Juzgadores de amparo. Atento a lo anterior, la peticionario de amparo señaló como acto reclamado la determinación de aplicarle diversos medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, entre los que destaca la sanción económica, misma que es su opinión se realizó de manera ilegal e inconstitucional. Acorde a lo anterior, es necesario establecer que el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo indicado, este órgano jurisdiccional estima que se surte la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, toda vez que se considera que se encuentran satisfechos los supuestos jurídicos previstos en el artículo 52 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respecto del cual, se reitera, no se desprende que haya sido dictado en un juicio del orden penal o emane del dictado de leyes o disposiciones de observancia general en la materia. Consecuentemente, debido a que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, la competencia para conocer de este asunto se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, porque, todas las consecuencias legales que deriven de sus actos y se reclamen ante una autoridad judicial se deberá hacer al juzgador de la materia citada, y atendiendo a los criterios indicados es de concluir que el acto materia de la demanda de amparo no se encuentra dentro de la esfera competencial de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado. En esas condiciones, con fundamento, en lo preceptuado por los dispositivos legales 52 de la legislación de la materia; 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase mediante oficio la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, a efecto de que la turne a quien corresponda; de igual forma, solicítese acuse de recibo. En consecuencia, realícese las anotaciones correspondientes. Se tiene como domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones el que se cita en el escrito de mérito. Este órgano de control constitucional no tiene inconveniente que el referido sujeto procesal y sus autorizados, a quienes confió la defensa de sus intereses litigiosos en el presente juicio, obtengan la reproducción de las actuaciones judiciales que obren en este expediente, mediante el uso de cámaras, escáner, grabadoras, lectores ópticos u otros dispositivos semejantes para la reproducción electrónica, en la inteligencia, cuando se requiera la toma de imágenes, el expediente se facilitará por el tiempo necesario para ello, bajo supervisión del personal adscrito a este órgano jurisdiccional, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto; asimismo, las reproducciones obtenidas en la forma mencionada, sólo serán útiles como fuente de consulta y es su responsabilidad el uso de tales archivos, en términos de lo preceptuado en el artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 3o. de la Ley de Amparo, y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con fundamento en el artículo 2°, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus "COVID-19", se exhorta a las partes, a efecto de que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias y a fin de evitar traslados innecesarios al lugar donde reside este órgano de control jurisdiccional, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de un usuario creado en la página web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que se autorice que consulten el expediente, envíen promociones y reciban las notificaciones vía electrónica del presente sumario. Hágase del conocimiento que el presente asunto se encausará en modo que se les pueda brindar atención vía telefónica, por comunicación instantánea, dispositivos móviles y/o correo electrónico. Se les solicita proporcionen un número de teléfono y/o correo electrónico donde puedan ser localizados y mediante los cuales se pueda realizar su notificación; al mismo tiempo, se hace de su conocimiento que para cualquier duda, se dejan a su disposición el número telefónico del juzgado siendo el siguiente: 81- 80-47-01-00 extensiones 1201 a 1208, en horario de atención de 13:45 a 18:45 horas, de lunes a viernes, lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veintiocho de julio del año en curso, se advierte en el artículo 15, el turno y horarios escalonados para el trabajo presencial de todos los órganos jurisdiccionales, y en el anexo 1, se asignó a este juzgado de Distrito el turno vespertino. Omítanse el nombre y datos personales de las partes en las resoluciones públicas y demás publicaciones que se difundan por medios electrónicos, aún y cuando no hayan manifestado por escrito su oposición, en la inteligencia que dicha supresión no debe impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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