Lidia Pérez Durán

Expediente 90/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
90/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Lidia Pérez Durán

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 90/2022, promovido por Lidia Pérez Duran, por propio derecho, contra actos de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el doce de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; Lidia Pérez Duran, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El tres de febrero de dos mil veintidós; previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 90/2022; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, así como de su escrito aclaratorio, se advierte que lo es: A la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, le reclama: - La fecha señalada (uno de marzo de dos mil veintidós) para llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 1171/2016/2-H. Al Actuario notificador adscrito a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, le reclama: - La omisión de emplazar y notificar a la parte demandada, dentro del juicio laboral 1171/2016/2-H. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Son ciertos los actos reclamados a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como a su Actuario Notificador adscrito. En relación al acto reclamado a la primera de las autoridades, manifiesta que es cierto el acto reclamado, en el cual establece que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, señaló como fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, las once horas del uno de marzo de dos mil veintidós, en el expediente 1171/2016/2-H; de ahí que está plenamente acreditado el acto reclamado. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado al Actuario adscrito a dicha Junta, debe decirse que este fue omiso en rendirlo, por lo que opera la presunción de certeza del acto. Certeza que se corrobora con las constancias anexas al informe con justificación, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. De ese modo, la confesión de la autoridad responsable surte prueba plena, como lo indica el arábigo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles34 aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, párrafo segundo, por tratarse de hechos propios de la parte que perjudica a quien la formula; por consiguiente, se tiene por acreditada su existencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro digital 394261, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese sentido, con relación acto reclamado consistente en fecha señalada (uno de marzo de dos mil veintidós) para llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 1171/2016/2-H; el suscrito estima se encuentra actualizada la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.). I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." El primer precepto citado prevé que el juicio de garantías es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Del segundo numeral, se obtiene que el juicio biinstancial constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Bajo esa óptica, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que se estima vulnerada. En efecto, se afirma que existe imposibilidad para concretar en su caso, los efectos de la protección constitucional toda vez que la parte quejosa reclama la fecha señalada (uno de marzo de dos mil veintidós) para llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 1171/2016/2-H; lo que deviene relevante, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a su favor, el eventual efecto de tal concesión se traduciría en que la autoridad celebrara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en fecha, la cual ya aconteció. Dicho de otro modo, si la sentencia de protección de derechos fundamentales que se emite hoy (ocho de marzo de dos mil veintidós), y considerando que la data que pretende se celebre ya transcurrió, esto es, el uno de marzo de dos mil veintidós; es inconcuso que no se podría materializar la concesión del amparo respecto de una fecha de desahogo que ya no existe y, además, en el supuesto caso. De ahí, que es claro que, de concederse el amparo, no se podría concretar los efectos del amparo, al haber transcurrido la data que pretende se celebre. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, Página 9, Registro 197245, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al diverso 77, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de protección de derechos fundamentales. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Además, ante el sobreseimiento decretado es innecesario realizar pronunciamiento respecto de las manifestaciones de la responsable en cuanto a los motivos que llevaron a programar la celebración fuera de los plazos establecidos en la ley. De ahí que lo debido sea sobreseer por los motivos antes precisados, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En igual ese sentido, en relación con el acto reclamado al Actuario notificador adscrito a la Junta de conocimiento, consistente en la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada, dentro del juicio laboral 1171/2016/2-H, quien resuelve advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia, esto es, la prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En efecto, la parte quejosa reclamó del Actuario Notificador adscrito a la Junta de conocimiento, la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada, dentro del juicio laboral 1171/2016/2-H, de su índice. Así, de las constancias exhibidas en copia certificada por la diversa autoridad responsable, relativas a las actuaciones llevadas a cabo dentro del expediente antes señalado, se advierte lo siguiente: > En auto de uno de marzo de dos mil veintidós, la Junta celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, con la asistencia de "Autobuses de la Piedad, sociedad anónima de capital variable" y Fuente de trabajo que resulto denominarse "Limpiezas y mantenimientos profesionales de Guanajuato, sociedad anónima de capital variable". De lo expuesto se advierte que han cesado los efectos de los actos omisivos reclamados y desaparecieron los motivos que, concreta y específicamente, originaron el ejercicio de la acción de amparo. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En las circunstancias relatadas y materializada la causa de improcedencia en cita, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, atento a lo previsto en el artículo 63, fracción V, correlacionado con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia que se identifica con el número 2a./J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, con número de registro electrónico 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, resulta aplicable el criterio de la tesis aislada P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Novena Época, con número de registro electrónico 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. " Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lidia Pérez Duran, contra los actos reclamados a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y su Actuario notificador adscrito, que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito del apoderado general de la tercera interesada Inmobiliaria el Tepalo, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y, de conformidad con lo que solicita, se le tiene por señalado nuevo domicilio, siendo el ubicado en avenida Hidalgo 3301, entre calles Heródoto y Homero, colonia Vallarta San Jorge, en Guadalajara, Jalisco. De lo anterior, se toma nota para los efectos legales conducentes. Certificación. Ahora, como de la certificación secretarial, se tiene que el veinticinco de enero de dos mil veintidós, se tuvo por apersonada a la moral tercera interesada Inmobiliaria el Tepalo, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, a través de su gerente especial y, entre otras determinaciones, se le tuvo por señalado como domicilio procesal el ubicado la avenida Vallarta San Jorge 3301, Guadalajara, Jalisco. Asimismo, el catorce de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la tercera interesada Inmobiliaria el Tepalo, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, para que señalara día y hora en para dar acceso al perito oficial Mauricio Enrique Monroy Flores al predio de su propiedad, con el fin de recabar las pruebas pertinentes y así estar en aptitud de rendir el dictamen correspondiente en relación a la prueba pericial en materia de urbanización ofertada en autos. Por lo anterior, el veintidós de febrero de la presente anualidad, la tercero interesada señaló las once horas veintiocho de febrero de dos mil veintidós, como data en la que el perito oficial Mauricio Enrique Monroy Flores, pudiera apersonarse a su domicilio, con el fin de diligenciar la prueba en materia de urbanización que le fue conferida en este asunto y se ordenó enterar al perito oficial de manera personal; sin que a la fecha obre en autos tal notificación. Tercera se manifiesta en relación con pericial. En ese orden, del ocurso que se atiende, se tiene a la tercera interesada Inmobiliaria el Tepalo, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, informando que el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, a las once horas, esperó al perito oficial en el predio de su propiedad con la intención de diligenciar la probanza ya referida, sin que éste se apersonara. Se requiere por fecha para desahogo de pericial. En ese orden, con el fin de agilizar la integración del presente asunto, de conformidad con el principio de celeridad reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, se requiere a Inmobiliaria el Tepalo, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable para que en el plazo de tres días, computado legalmente, informe la hora y fecha para dar acceso al experto en mención al predio materia del dictamen pericial, a efecto de hacer el estudio de campo correspondiente, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. En el entendido que deberá informar con la debida anticipación la hora y fecha fijada, para estar en aptitud de notificar al experto, y con ello dar celeridad a la integración de la pericial ofertada en autos. Se apercibe al tercero interesado que de no cumplir con lo ordenado, se hará acreedor a una multa de cincuenta días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese; y personalmente a la tercera interesada Inmobiliaria el Tepalo, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable.

  3. Principal

    . Vista la certificación que antecede, se advierte que no obra en el expediente electrónico constancia de notificación al Delegado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la ampliación de demanda hecha valer por la parte quejosa. Por ello, se comisiona al Actuario de la Adscripción notifique dicha determinación a la citada autoridad o en su caso, integre el expediente electrónico. En tales condiciones, con la finalidad de que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación al perito oficial BLANCA ADRIANA RAZO RAMÍREZ, el contenido del auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento al auto de quince de enero de dos mil veintidós, el cual dice: se designa como perita oficial a Blanca Adriana Razo Rodríguez en materia ambiental de recursos hidráulicos e hidrológicos, cuyo nombre aparece en la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintiuno. VI. Requerimiento a la perita designada. Por tanto, por conducto del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, de conformidad con el arábigo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se presenten a las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito a manifestar si acepta o no el cargo conferido.Apercibida que de no cumplir en el término concedido, se designara otro diestro para desempeñarse como perito oficial en la probanza en cita. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y, en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

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