Lidia Patricia Martínez Gómez

Expediente 1817/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1817/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Lidia Patricia Martínez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Informa remitió recurso al tribunal auxiliar. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que mediante diverso de siete de noviembre del año en curso, remitió los autos del recurso de revisión 339/2022, interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio del que deriva este cuaderno, al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la emisión de la sentencia correspondiente..M-VII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Lidia Patricia Martínez Gómez por propio derecho, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Notario del Estado de Hidalgo; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1817/2023-2-B. Estudio de la demanda. A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura integral de la demanda de derechos, se advierte que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en lo siguiente: La notificación realizada vía whatsapp, el tres de octubre de dos mil veintitrés, respecto del aviso de dos del mismo mes y año; Minuta de sesión de trabajo de dos de octubre de dos mil veintitrés; y, Convocatoria de seis de octubre de dos mil veintitrés, a la Asamblea General de Asociados, que se verificará el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Conforme a esos lineamientos, se considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la citada legislación señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." Por su parte, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales II. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal." De la interpretación de estos numerales se deduce que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad, transgresores de la Constitución, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos fundamentales tutelados constitucionalmente a través de las garantías individuales. De ahí que, de una intelección de esos numerales, también se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente cuando en éste no se reclamen actos de autoridad, misma que para efectos de este juicio es la que teniendo las características de órgano público que le confieren las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cuándo se está ante un acto atribuible a una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Estudio de los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo Al respecto, es de indicarse que, tradicionalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del amparo, son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, quien no reúne esos atributos, no puede ser autoridad responsable; y el juicio de amparo contra los actos que emita resulta improcedente. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Atento a lo anterior, es de advertir que no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado, sostiene que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar si los actos reclamados son de aquellos que se encuentran considerados por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se debe precisar si quienes los realizan se encuentran actuando con el imperio de la ley, para lo cual se debe atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación que regulen dichos actos. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, sin embargo, en este supuesto también se pueden encuadrar algunas de las relaciones entre particulares con el estado, en las cuales, éste último no reviste su carácter de autoridad y está sujeto a una igualdad de planos con el particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, entre sujetos colocados en diferentes planos. Por tanto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Caso concreto Ahora bien, como se dijo, en el presente asunto se considera que los actos reclamados a la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo, Asociación Civil, y sus integrantes, no tienen la calidad de un acto emitido por autoridad, para efectos del juicio de amparo, en tanto no se ubica en los supuestos a que se contrae el dispositivo 5º, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. Los artículos 2661 y 2662 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, son del siguiente tenor: "Artículo. 2661. Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación." "Artículo 2662. El contrato por el que se constituya una asociación, debe constar por escrito." Conforme a lo anterior, la asociación se constituye mediante un acuerdo de voluntades de personas que buscan la consecución de un fin común, lícito y que no tenga carácter preponderantemente económico. Luego, la asociación es un contrato celebrado entre particulares. Debe aclararse, para efectos del problema jurídico que aquí se plantea, que la finalidad de la asociación civil de la que deriva el Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo, no puede considerarse como una autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que únicamente contribuye a que el ejercicio del notariado se desempeñe bajo los principios de legalidad, profesionalismo, honradez, ética, etcétera; y a que sus agremiados, quienes están obligados a pagar sus cuotas por membresía, se vean beneficiados con la colegiación, para el ejercicio óptimo y eficaz de la función notarial. Incluso, no debe perderse de vista que la titularidad de la función notarial recae en el Ejecutivo Local, conforme al artículo 1 de la Ley del Notariado del Estado de Hidalgo, quien vigila el cumplimiento de esa legislación, la eficaz prestación del servicio público notarial y la conducta de los notarios, a través de la Secretaría de Gobierno, por conducto de la Coordinación General Jurídica y esta a su vez por conducto de la Dirección del Archivo General de Notarias; autoridades que tienen a su cargo los procedimientos disciplinarios respecto de aquellos fedatarios, no así el Colegio de Notarios. De ahí que lo relativo a la vida interna de dicho colegio, por derivar de un contrato mediante el cual se constituye una asociación civil, se rige por las normas civiles establecidas sobre el particular y los estatutos de la asociación; lo que, sin duda, no puede ser considerado como un acto de autoridad, en tanto que, se insiste, la asociación es un acuerdo de voluntades de personas que buscan la consecución de un fin común, lícito y que no tenga carácter preponderantemente económico. Tan es así, que la impugnación de los acuerdos de la asamblea general debe realizarse ante la potestad común, mediante el juicio respectivo, por derivar de manifestaciones de la voluntad contractual que se plasma en un contrato. Al respecto, se invoca, con fines meramente ilustrativos, la tesis aislada I.11o.C.38 K (10a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2747, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado." Lo hasta aquí considerado, permite a este Juzgador Federal tener por actualizada la causa de improcedencia analizada, pues en el caso, el Consejo de Honor y Justicia del Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo, Asociación Civil, no está investido de facultades de imperio, que caracterizan a las autoridades, y por ende, la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas entre dicho colegio y sus agremiados, se da conforme a la relación entre ambos, es decir, en un plano de coordinación o de igualdad. Desechamiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en los diversos 61, fracción XXIII, y 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Justifica esta postura, la jurisprudencia PC.IV.A. J/45 K (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 1641, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En tanto que el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé un supuesto de excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo, al establecer que el Juez de Distrito puede desechar la demanda cuando encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es posible que el juzgador de amparo analice en el auto inicial del juicio el carácter de autoridad del particular que se señala como responsable. Por tanto, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para determinar que la asociación civil señalada como responsable, a quien se imputa la determinación de suspender en definitiva los derechos de asociado del quejoso, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, desechar la demanda. Lo anterior, cuando esa circunstancia pueda ser advertida a partir del escrito de demanda, su ampliación o aclaración y de los documentos que se anexen, de manera que la causa de improcedencia relativa, efectivamente, se advierta de manera manifiesta e indudable." Cabe precisar, que el criterio adoptado en la presente determinación, no implica que se violen los derechos de la parte quejosa consistente en contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Juzgados o Tribunales competentes, o de acceso a la justicia, pues tal acceso a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es perfectamente compatible con los requisitos de procedencia dispuestos por el legislador, que deben cumplirse para justificar la acción del aparato jurisdiccional, pues se trata de los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas para que el juzgador este en aptitud de conocer la cuestión de fondo que se le plantea. Pues así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), localizable en la página 213, Tomo I, Libro 48, Noviembre de 2017, de la Décima Época, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." Domicilio. Como la quejosa no señaló domicilio procesal, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le hagan por medio de lista que se fija diariamente en los estrados de este juzgado federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Esto, sin perjuicio de que con posterioridad se señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad. Consulta del expediente electrónico. Como lo solicita la quejosa, con fundamento en los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico, para su consulta por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre de usuario ******************** Autorizados. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** por lo que respecta a las demás personas que señala la parte quejosa en su proemio, al no estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, así como para que se impongan de los autos, y una vez que acrediten ese registro se les tendrá por autorizados en términos amplios. De igual forma se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones, así como para que se impongan de los autos ********************y********************, por así haberlo solicitado la quejosa. Correo electrónico y número telefónico. De conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se toma nota de los correos proporcionados por la parte quejosa, en ese mismo sentido, se requiere a las partes, a efecto de que proporciones un número telefónico; lo anterior, para que se entablen comunicaciones no procesales, en los casos que se considere necesario. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se faculta al actuario o actuaria Judicial adscritos a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, permítase a la parte quejosa, así como a sus autorizados, para que se impongan del contenido de los acuerdos mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que los mismos serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener...2

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano