Lidia Osorio Guadarrama
Expediente 1839/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1839/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/02/2023
Partes del expediente
- Lidia Osorio Guadarrama
- Comisión Federal de Electricidad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1, numeral 2, 8.1.2, numeral 1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental, en tanto que es depurable el original del incidente, pues se concedió la suspensión definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno, por lo que una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Devuélvanse a la Jueza de Distrito Especializada en Materia Laboral adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el anexo consistente en copia certificada del expediente 838/2022-III-C, sin que haya necesidad de que se acuse recibo del mismo, en virtud de que el oficio con acuse, hace las veces de acuse de recibo.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Jueza de Distrito Especializada en Materia del Trabajo, adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual en cumplimiento al proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, informa que la quejosa no promovió recurso de reconsideración; circunstancia de la que se toma conocimiento, sin efectuar mayor pronunciamiento al respecto toda vez que el veinticuatro de enero de la presente anualidad se resolvió en definitiva el este juicio de amparo, mismo que se encuentra pendiente de causar ejecutoria. Asimismo, por lo que hace a las manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la suspensión otorgada en el cuaderno incidental, no se realiza mayor pronunciamiento, toda vez que el juicio de amparo se tramita por cuerda separada del cuaderno incidental; de ahí que todo lo relativo a la suspensión del acto reclamado, debe de ser dirigido al cuaderno incidental. ***
- Principal
SENTENCIA Mediante la cual se resuelven el juicio de amparo número 1839/2022-III-A; promovido por********************por conducto de su apoderado legal********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito depositado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México;********************por conducto de su apoderado legal********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTOS RECLAMADOS: Lo constituye el acuerdo dictado de fecha 27 de Octubre de 2022 por el Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, donde ADMITE la competencia declinada de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el Procedimiento Laboral ********************-II-C. Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Toluca, rindió su informe justificado mediante oficio 3552/2022, en el que aceptó la existencia del acto que se le reclama. El tercero interesado********************, fue emplazado al presente sumario constitucional el treinta de diciembre de dos mil veintidós (fojas 42 y 43). Previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo 49 y Primero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto se reclama es una actuación a una autoridad jurisdiccional laboral, con residencia en el ámbito territorial en el que este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para los cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo anterior, este Juzgador considera que la parte quejosa reclama del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad: El proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria Instructora en el juicio laboral ********************, a través del cual aceptó la competencia declinada por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la titular del tribunal responsable al rendir su correspondiente informe justificado. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó la Jueza responsable a dicho informe, consistente en copia certificada del expediente ********************; de cuyo contenido se advierten el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós; documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del presente asunto resulta importante señalar los siguientes antecedentes: ********************por conducto de su apoderado legal********************, demandó de la******************** y del ********************, diversas prestaciones, entre la cuales se encuentra el otorgamiento de la carta de antigüedad, así como el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (fojas 5 a 7 del anexo de pruebas). El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, radicó la demanda laboral bajo el número ********************y admitió a trámite la demanda, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, ordenó el emplazamiento de la parte demandada (foja 9 del anexo de pruebas). El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la trabajadora amplió y modificó su demanda laboral, en la que asentó que laboraba en la Zona de Valle de Bravo, División Centro Sur (foja 65 del anexo de pruebas). El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la continuación de la audiencia de demanda y excepciones, en la que la demandada******************** planteó incidente de competencia, por razón de territorio, manifestando que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, debía conocer las acciones laborales ejercitadas, en virtud de que la parte trabajadora, prestaba sus servicios para la Zona de Valle de Bravo (foja 113 del anexo de pruebas). El diecisiete de junio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia incidental de competencia, por lo que una vez desahogada la misma, señaló las trece horas con treinta minutos de cinco de julio de dos mil veintidós, para que las partes escucharan la resolución incidental respectiva (fojas 129 a 131 del anexo de pruebas). El cinco de julio de la anualidad pasada, la Junta Laboral de la Ciudad de México, declaró improcedente el incidente de competencia planteado (fojas 132 y 133 del anexo de pruebas). Inconforme con la anterior resolución, la********************, promovió amparo indirecto del cual tocó conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que lo registró con el número 2527/2022, y mediante resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, otorgó el amparo solicitado (fojas 172 a 176 del anexo de pruebas). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Junta de la Ciudad de México, declaró procedente el incidente de competencia que nos ocupa y ordenó remitir el expediente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con residencia en Toluca (fojas 177 a 179 del anexo de pruebas). El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria Instructora aceptó la competencia declinada por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (fojas 183 a 187 del anexo de pruebas). La anterior determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, las hayan hecho valer o no las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que las causales de improcedencia son de estudio oficioso, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto. Sustenta lo anterior en la parte conducente la jurisprudencia 2a./J. 76/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XIX, página 262, junio de 2004, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento." En el caso, la Juez responsable aduce que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues debió de interponer el recurso de reconsideración, que prevé el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Es fundada la causa de improcedencia antes aludida, de acuerdo a las consideraciones jurídicas que se expondrán a continuación: En principio, es menester citar el contenido de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, misma que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la porción normativa transcrita, se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) A través de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación o revocación. Cabe señalar que el principio de definitividad exige que, previamente a la instauración del juicio de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que en contra de ese acto procedan, como anteriormente quedó expuesto. Dicho de otra forma, el citado precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en libertad de interponer dicho recurso o acudir de manera directa al juicio de amparo. Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. En el caso, del contenido integral de la demanda que motivó el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el acto que en esta vía constitucional se combate es el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral ********************, en el cual se aceptó la competencia declinada por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México; sin embargo, dicho acto de autoridad es susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración, previsto en el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que este juzgador insista en la actualización de la hipótesis prevista en la parte inicial de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. A efecto de sostener la procedencia del recurso ordinario a que se ha hecho referencia en el párrafo que precede, es menester citar el contenido literal del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, que es del tenor siguiente: "Artículo 871.- El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora del Tribunal competente. En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar, el Tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos: a) Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la presente Ley; b) Ordenar la notificación al demandado; c) Ordenar las vistas, traslados y notificaciones; d) Admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias; e) Dictar las providencias cautelares, y f) Las demás que el juez le ordene. Contra los actos u omisiones del secretario instructor, procederá el recurso de reconsideración, que deberá promoverse de forma oral en la audiencia preliminar el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez del conocimiento en dicha audiencia. De resultar fundado el recurso, el juez modificará en lo que proceda el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido". De las porciones normativas transcritas, se advierte que el recurso de reconsideración es un medio ordinario de defensa, que procede contra actos u omisiones del secretario instructor, el cual debe interponerse de forma oral en la audiencia preliminar a que hace referencia el numeral 873-E, de la Ley Federal del Trabajo, la cual será resulta de plano por el juez del conocimiento; en ese tenor, de resultar fundado el recurso de mérito, el propio juzgador proveerá lo conducente a efecto de subsanar la actuación u omisión recurrida. Por lo anterior, resulta inconcuso que en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido por la secretaria instructora del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, debió interponerse recurso de reconsideración en la audiencia preliminar correspondiente, tal como lo dispone el numeral 871 de la Ley Federal del Trabajo, ya que dicho medio de impugnación -de resultar fundado- tiene el alcance de modificar la actuación recurrida, subsanándola o modificándola. Lo anterior se afirma en la medida que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre ellos el de definitividad, que encuentra su fundamento en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclama, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional; empero, de no respetar este principio, el juicio de amparo será improcedente. En ese tenor, debe insistirse que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, la quejosa debió interponer en contra de la determinación reclamada, el medio de defensa ordinario, en el caso, el recurso de reconsideración contemplado en el numeral 871 de la Ley Federal del Trabajo, ya que el mismo -de resultar fundado- tiene el alcance de que el juez del conocimiento subsane o modifique ese acto motivo de agravio en la audiencia preliminar. Máxime que la solicitante del amparo no se encuentra en alguna de las excepciones al principio de definitividad, en virtud de que el acto que se reclama no guarda relación con alguno de los enunciados en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y que han quedado transcritos en párrafos anteriores. Por resultar aplicable se cita la jurisprudencia con número de registro 2017117, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Tomo I, Pagina 8, junio de 2018, materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En suma de lo antes expuesto, se evidencia que también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción, permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse, en el caso el recurso de reconsideración y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el presente asunto, hasta que sea resuelto el recurso de reconsideración por el Juez laboral y es en ese momento, en que emerge la afectación personal y directa a la esfera jurídica de derechos de la parte interesada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En consecuencia, al estar actualizada de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el diverso 107, fracción VIII,, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de derechos, en términos del artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Por lo expuesto, fundado y con sustento además en los artículos 73, 74, 75, y 124, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************contra el acto reclamado consistente en el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral ********************, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de enero de dos mil veintitrés. USUARIO Téngase por recibido el escrito de apoderada legal de la tercera interesada Comisión Federal de Electricidad, por el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de doce de enero pasado, señala usuario "Patyvillap", para oír y recibir notificaciones por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Con fundamento en los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario "Patyvillap"; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Librado Quintana Ortega878/2017
- Librado Rubio Sánchez630/2021
- Lidia Carrillo De la Cruz1531/2022
- Lidia Corral López1611/2023
- Lidia Gómez Martínez397/2015
- Lidia González Pérez412/2018
- Lidia Patoni Fonseca1173/2023
- Lidia Patoni Fonseca1483/2022
- Lidia Vilchis Juarez1116/2022
- Lilia Araceli Castañeda Chavez220/2016
- Lilia Ayala Abarca484/2020
- Lilia Carbajal Fabela187/2023