Lidia Olivares Cuaxilotl

Expediente 199/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
199/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Director del Centro de Reinserción Social con sede en Apizaquito, Municipio de Apizaco, Tlaxcala.
  • Lidia Olivares Cuaxilotl

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el presente auto y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de trece de marzo de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Agréguense a los autos el oficio y anexo remitido por la Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras; a través de los cuales da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en auto de ocho de los actuales; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Sin que pase inadvertido que en la certificación correspondiente a la documental remitida por la autoridad oficiante, se haya asentado catorce fojas útiles, siendo que dicha documental consta de siete fojas (lo que se corrobora del contenido del oficio de cuenta), además que del contenido de la misma se desprende que cuenta con catorce páginas. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Lidia Olivares Cuaxilotl, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de ocho de marzo de dos mil diecisiete, y al respecto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el auto de formal prisión reclamado, le fue notificado el ocho de junio de dos mil dieciséis, con lo que da cumplimiento a lo solicitado en dicho auto. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: ... En ese orden de ideas, la quejosa en su escrito aclaratorio, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el ocho de junio de dos mil dieciséis, le fue notificado el auto de formal prisión dictado en esa misma fecha, dentro del proceso penal 90/2016, por lo que en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra disponen: ... De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. En tal virtud, cabe formular la siguiente interrogante ¿A partir del tres de abril de dos mil trece en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, qué plazo tiene la parte quejosa para impugnar un auto de formal prisión o una orden de aprehensión -como actos dictados en un proceso o procedimiento penal que afectan la libertad de la parte quejosa-, o bien, si se conservó el criterio de que se podía hacer en cualquier tiempo? Para dar respuesta a lo anterior, en principio, debe ponderarse que la actual Ley de Amparo establece en el párrafo primero del artículo 17 una regla general de quince días para la presentación de la demanda y una sola excepción donde puede promoverse el juicio en cualquier tiempo prevista en su fracción IV. Por tanto, para mayor claridad procede hacer un estudio comparativo entre la derogada y la actual Ley de Amparo, en ese sentido: ... Como puede apreciarse, anteriormente contra cualquier acto que afectara la libertad personal del quejoso, podía promoverse el juicio de amparo en cualquier tiempo, siendo que actualmente tal presupuesto se acotó sólo a los actos restrictivos de la libertad dictados fuera de un procedimiento, es decir, los actos que tengan esa calidad pero que se emitieron en un procedimiento, sea jurisdiccional o administrativo ya no gozan de la temporalidad indefinida para combatirlos, sino que al ya no estar expresamente incluidos en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, debe aplicarse la regla general prevista en el párrafo primero de ese numeral -quince días-. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia temática ha establecido casos en que sin ordenarse propiamente una detención material de la parte quejosa, se afecta su libertad personal dentro de un procedimiento penal, como ahora se plasmó en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la actual Ley de Amparo, en el que la sentencia definitiva dictada en un procedimiento penal es la que sin duda podría restringir mayormente la libertad de una persona, y que a propósito también cuenta con un plazo fijo de ocho años para que se impugne en el amparo directo, no en cualquier tiempo, siendo pertinente destacar, desde este momento, que no deben hermanarse los supuestos en que no es necesario agotar un recurso en contra del acto restrictivo de la libertad dentro de un procedimiento penal con los plazos previstos actualmente, dado que sólo se excluye a la parte quejosa de la carga de agotar el medio de defensa relativo, pero queda sujeto a la temporalidad de quince días para controvertirlo a través del juicio de amparo. Se insiste, si el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo señala que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, el juicio de amparo relativo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años, siendo este acto el que mayormente afecta la libertad personal de la parte quejosa, no hay razón para interpretar tal precepto en el sentido de que tratándose de una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, pueden reclamarse en el juicio de amparo en cualquier tiempo, al tratarse de actos restrictivos de la libertad de manera provisional dentro del procedimiento penal, es decir, la mayor afectación la actual Ley de Amparo prevé un plazo de ocho años respecto de la sentencia definitiva, mientras que los demás actos intermedios como la orden de aprehensión o el auto de formal prisión, siguiendo esa misma lógica, deben impugnarse en el plazo de quince días, dado que no sería posible considerar que atinente a tales actos no existe un plazo para combatirlos y respecto de la sentencia, que se reitera, es la máxima restricción a la libertad personal, sí tuviera una temporalidad perentoria. ... Si bien inicialmente en la exposición de motivos se pretendió ampliar los plazos para la promoción del juicio de amparo, en la Cámara de Senadores no se siguió ese mismo patrón, de modo que, por motivos de seguridad jurídica y que el proceso penal no quedara paralizado, se fijaron nuevos plazos para tal efecto, que por cierto antes no existían, por lo que tocante a la sentencia definitiva condenatoria penal se fijó en un plazo máximo de ocho años y respecto la orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión, vinculación a proceso o una resolución relativa al incidente de desvanecimiento de datos, entre otros, dicho plazo se consideró de quince días, en el entendido de que los actos privativos de la libertad personal dentro de un procedimiento, sea penal o de cualquier otra materia, ya no pervivió la posibilidad de controvertirse en cualquier tiempo. Ahora, conviene recordar que la quejosa Lidia Olivares Cuaxilotl, reclama el auto de formal prisión dictado en su contra el ocho de junio de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 90/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, que refiere le fue notificado en la misma fecha -ocho de junio de dos mil dieciséis-. Lo anterior, se corrobora con las documentales que en copia certificada remitió el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras (fojas 55 a 62), entre las que se encuentran la constancia de notificación practicada (foja 61 vuelta). En ese orden, si bien de conformidad con la ley abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la presentación de la demanda de amparo en contra del auto de formal prisión reclamado podía realizarse en cualquier tiempo, lo cierto es que al entrar en vigor la Ley de Amparo vigente, dicha temporalidad se limitó al plazo de quince días; por tanto, si el acto reclamado fue notificado el ocho de junio de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente, esto es, del nueve siguiente y feneció el veintinueve de junio de la anualidad antes citada, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio de esa anualidad, dado que fueron inhábiles, tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: ... Consecuentemente, sí el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del nueve al veintinueve de junio de dos mil dieciséis, y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala el seis de marzo de dos mil diecisiete, tal como lo revela el sello que consta en el escrito en comento, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama consistente en el auto de formal prisión de ocho de junio de dos mil dieciséis, en el proceso penal 90/2016 del índice del juzgado señalado como responsable. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por Lidia Olivares Cuaxilotl, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 199/2017-I. A efecto de acordar el escrito de demanda de amparo, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentra el previsto en la fracción V, que a la letra señala: ... En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, fracción II y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, señale bajo protesta de decir verdad la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento del auto de formal prisión que reclama dictado el ocho de junio de dos mil dieciséis en la causa penal 90/2016, instruida en su contra del índice del juzgado responsable; pues es un requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda. En virtud de lo anterior, se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado dentro del término indicado para ello, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. De igual modo, se apercibe a la promovente que en caso de incurrir en la conducta a que alude el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a la sanción dispuesta en dicho ordenamiento: ...

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