Lidia Ochoa Ramos
Expediente 586/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lidia Ochoa Ramos
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto; téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Lidia Ochoa Ramos, a través del cual solicita la devolución de los documentos que cita en su ocurso de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele la documental que anexó la parte quejosa al escrito inicial de demanda, previa copia certificada que de la misma se deje en autos para constancia legal. Por lo tanto, para que pueda recoger el mismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, deberá de generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vistos; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de treinta de octubre del año que transcurre; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de la ley citada, se declara QUE DICHO ACUERDO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de octubre de dos mil veinte. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos el telegrama enviado por el Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, con sede en Chilpancingo y los oficios enviados vía correo institucional por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Segundad Pública del Estado de Guerrero, ambos con sede en Chilpancingo y el Coordinador Operativo de la Región Costa Grande, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Zihuatanejo, por medio de los cuales rinden sus informes justificados; con sus contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele señalando domicilio oficial para recibir notificaciones el que señaló el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Segundad Pública del Estado de Guerrero, y con apoyo en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, como sus delegados a las personas que designan para tales efectos. Notifíquese.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020, QUE DICE: Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 586/2020 y fórmese expediente. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 WordSISE ??????????????? "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que disponen los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley citada, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Lo anterior es así, toda vez que lo reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de autoridad, sino que es el resultado de la relación laboral entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente patronal y la quejosa, quien se ostenta como trabajadora de dicha dependencia. En el caso concreto, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (.) b).- ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (.) c).- JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (.) d).- DEPARTAMENTO DE PERSONAL DELEGACIONAL, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (.) e).- OFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (.) IV.- ACTO RECLAMADO: a.- Del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Reclamo su Negación en otorgar a la suscrita mi cambio de rama de auxiliar de limpieza e higiene a la rama de trabajo social, a pesar de contar y haberle entregado documentos de bachillerato de técnico en trabajo social cursado en el cetis 90, con cédula profesional 11710190, certificado de bachillerato y título digital otorgado por la escuela. b).- ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Reclamo su Negación en otorgar a la suscrita mi cambio de rama de auxiliar de limpieza e higiene a la rama de trabajo social, a pesar de contar y haberle entregado documentos de bachillerato de técnico en trabajo social cursado en el cetis 90, con cédula profesional 11710190, certificado de bachillerato y título digital otorgado por la escuela. c).- de la JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Reclamo su Negación en otorgar a la suscrita mi cambio de rama de auxiliar de limpieza e higiene a la rama de trabajo social, a pesar de contar y haberle entregado documentos de bachillerato de técnico en trabajo social cursado en el cetis 90, con cédula profesional 11710190, certificado de bachillerato y título digital otorgado por la escuela. d).- Del DEPARTAMENTO DE PERSONAL DELEGACIONAL, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Reclamo su Negación en otorgar a la suscrita mi cambio de rama de auxiliar de limpieza e higiene a la rama de trabajo social, a pesar de contar y haberle entregado documentos de bachillerato de técnico en trabajo social cursado en el cetis 90, con cédula profesional 11710190, certificado de bachillerato y título digital otorgado por la escuela. e).- De la OFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Reclamo su Negación en otorgar a la suscrita mi cambio de rama de auxiliar de limpieza e higiene a la rama de trabajo social, a pesar de contar y haberle entregado documentos de bachillerato de técnico en trabajo social cursado en el cetis 90, con cédula profesional 11710190, certificado de bachillerato y título digital otorgado por la escuela". Así también, del capítulo de antecedentes se aprecia que la quejosa en lo que aquí refiere: "A N T E C E D E N T E S 1.- La suscrita fui contratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el 16 de Noviembre del año 2015, para trabajar como empleada Auxiliar de Limpieza e Higiene adscrita a la ´Unidad Regional Vigente Guerrero´, Plaza 1214, con Matrícula 99127209, Turno Matutino. (.) 3.- En fecha 22 de Septiembre del 2000, acudí ante las Autoridades Responsables a través el Titular de la Jefatura de Desarrollo de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Acapulco, Guerrero, a solicitar mi cambio de rama de auxiliar de limpieza e higiene a la rama de trabajo social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde laboro (.)". De lo anterior se aprecia que la conducta de que se duele la quejosa no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de coordinación, con motivo de una relación laboral. En efecto, la autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es menester destacar que, para las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así pues, cualquier acción u omisión reclamada a las autoridades que señaló como responsables, en su carácter de patrón, como en el caso que nos ocupa, la negativa de realizar su cambio de la rama de auxiliar de limpieza e higiene a la de Trabajo Social dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde actualmente labora, contenida en el oficio 12D1l27100/DRH/BT/1403/2020, de dos de octubre del año en curso, que anexa, no constituyen actos de autoridad, sino un hecho derivado de la relación de trabajo que existe entre la quejosa como parte del centro trabajo en la referida dependencia, y como tal las controversias que se susciten entre éstos deben ser dirimidas ante la autoridad ordinaria correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral". Décima Época. Semanario Judicial de la Federación. Publicada el siete de agosto de dos mil veinte. Materia: Común. (Registro: 2021827). Así como la tesis con número de registro digital 202602, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES." (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001. Materia: Común. Consultable en la página: 126 (Registro: 189914). En ese orden de ideas, debe señalarse que los actos reclamados no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos de particulares, pues las señaladas como responsables no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como parte patronal, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Acorde a lo vertido con antelación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 Constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que, para que pueda ser ejercitado es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en el escrito inicial de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pascual Romero García y Jorge Battodano Sánchez, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Tomás García Olea y Eliazar Arzate Galeana, por no constar con dicho requisito. Finalmente, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.
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