Lidia Noguez Torres

Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
66/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Lidia Noguez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, VÍA ELECTRÓNICA, DE LA DETERMINACIÓN DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de ley para interponer recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa hiciera valer dicho medio de impugnación. En consecuencia, se declara que ha causado estado el citado auto. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo promovida por **************, quien se ostenta como defensor de la quejosa **************, contra actos del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República, *************; fórmese expediente físico y electrónico bajo el número de registro 66/2023-I. Previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o incompetencia de la demanda de amparo, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el escrito de amparo debe considerarse un todo. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese orden, es menester precisar que el acto y autoridad señalados por el quejoso en el capítulo correspondiente consiste esencialmente en: - El acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós, dictado en la averiguación previa ******************, en el que la autoridad responsable dejó sin efectos el término dado para rendir la prueba de la defensa ya admitida consistente en el metaperitaje a cargo del maestro en derecho administrativo **************, a efecto de que la parte interesada la presente cuando esté concluido. Por tanto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Del artículo que se transcribe, se advierte que la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto con un sistema peculiar de autoridades responsables. Así, el juicio de amparo es procedente, de manera general, contra actos de cualquier autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sin embargo, el hecho de que el representante social investigador no haya fijado un plazo para la realización del dictamen y, que menciona el aquí promovente, se decretó en el acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós, propiamente no es el desechamiento del medio probatorio, si no se trata de actos tendentes a que se complete la presentación de la misma, lo cual no le irroga perjuicio alguno, por el contrario, le permite que se realice correcta y completa la pericial admitida, sin tener un plazo fijo para su presentación. Además, de ningún modo puede considerarse violatorio de algún derecho sustantivo de la quejosa, lo resuelto en el proveído combatido, pues los actos que ocurren dentro de una averiguación previa, por regla general, no son de imposible reparación porque están sujetos a control judicial posterior, para el caso de que se ejerza acción penal y se libre una orden de aprehensión. De ahí, que en el caso que nos ocupa no se trata de una negativa de otorgar un término mayor al establecido para qué se verifique en su totalidad, por el contrario, se concede un plazo sin límites, a fin de que el oferente de la prueba pueda tener el tiempo necesario para su desahogo y presentación; por lo que, en su caso, dichas circunstancias tendrán que ser valoradas por la autoridad jurisdiccional en el momento procesal oportuno. Por tanto, se itera, el acuerdo impugnado no genera una violación en los derechos fundamentales del promovente de amparo, que sean de imposible reparación y por ende, no resulta reclamable a través del juicio biinstancial, puesto que no le irroga perjuicio alguno. Así, los argumentos que expone el quejoso no resultan eficientes para arribar a una conclusión diversa, pues contrario a lo que sostiene, en el caso, el acto reclamado no es una omisión del Ministerio Público, en la que no acordó de conformidad llevar a cabo determinadas diligencias el cual, por las razones ya expuestas, no es un acto del Ministerio Público que pueda ser impugnado en amparo indirecto, en términos del artículo 107 invocado. Se reitera, los actos que ocurren dentro de una averiguación previa, por regla general, no son de imposible reparación porque están sujetos a control judicial posterior, para el caso de que se ejerciera acción penal y se librara una orden de aprehensión. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acto reclamado por el amparista.

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