Lidia Nieves Campos

Expediente 1005/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1005/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Lidia Nieves Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo... Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, lo procedente es que se determine si está o no cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto. I. Así, por sentencia terminada de engrosar el veintiséis de abril dos mil veintitrés, se concedió el amparo solicitado a ************, contra el acto reclamado del Director de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso Comisario GN. Los efectos de la concesión fueron para que la autoridad en cita realizara lo siguiente: (...). V. De modo que, al advertirse que la autoridad responsable indicada acató los lineamientos establecidos en la sentencia dictada por el titular de este juzgado, la ejecutoria de amparo debe declararse plenamente cumplida. Cabe precisar que la Secretaria Encargada del Despacho está facultada para pronunciarse en cuanto al cumplimiento de las sentencias de amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1891, Libro 1, Mayo 2021, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Resérvese el envío del expediente al archivo de este juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral. Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la presente determinación. Notifíquese y cúmplase

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitidos por el Director de Amparos Penales de la Guardia Nacional, mediante los cuales manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a las partes, a efecto de que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido que, transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgador resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, y por causas atribuibles a la parte a notificar, expuestas en razón actuarial de veinte de junio pasado, se notifica a la parte quejosa el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés: "Ciudad de México, a diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitidos por el Director de Amparos Penales de la Guardia Nacional, mediante los cuales manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a las partes, a efecto de que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido que, transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgador resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente. Notifíquese y cúmplase.".

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