Lidia Natalia Delgado Ubaldo
Expediente 178/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Lidia Natalia Delgado Ubaldo
Actuaciones
- Principal
Vista, la demanda de amparo promovida por LIDIA NATALIA DELGADO UBALDO, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Familiar, con residencia en Altamira, Tamaulipas; regístrese en el libro de gobierno con el número 178/2017-IV. INCOMPETENCIA Ahora bien, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia, y en ese orden, con la finalidad de verificar dicho aserto, resulta indispensable destacar que la parte quejosa señala como acto reclamado: El proveído veintitrés de enero del año en curso, por el que se desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de diecisiete de enero del año en curso, que decreta la caducidad de la instancia, dictado dentro del juicio sumario civil sobre cancelación de pensión alimenticia 495/2016, del índice del Juzgado responsable. En ese orden, del análisis integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 34, 170 y 176 de la Ley de Amparo, que en lo que aquí interesa, establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de las autoridades responsables, en la inteligencia que las sentencias definitivas son, entre otras, las que deciden el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En ese contexto, para comprender con mayor amplitud la postura que este órgano jurisdiccional adopta, es menester traer a contexto en resumen los siguientes antecedentes, mismos que la impetrante narró bajo protesta de decir verdad, a saber: ? FRANCISCO PABLO DELGADO RAMÍREZ, promovió juicio sumario civil sobre cancelación de pensión alimenticia en contra de la aquí quejosa LIDIA NATALIA DELGADO UBALDO, registrándose con la partida 495/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar, con residencia en Altamira, Tamaulipas. ? Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por admitida la contestación de demanda efectuada por la aquí quejosa. ? Y una vez hecho lo anterior a falta de impulso procesal por la parte actora, en fecha diecisiete de enero del año en curso, el Juzgado responsable decretó la caducidad de la instancia. ? Determinación en contra de la cual, la aquí quejosa interpuso recurso de revocación, mismo que fue desechado por acuerdo de veintitrés de enero siguiente, el cual constituye materialmente el acto que aquí se reclama. En ese sentido, si la impetrante de amparo hace consistir el acto reclamado en tal determinación de veintitrés de enero del año en curso, misma que conlleva a considerar que se trata de un auto que sin decidir el fondo de la instancia lo da por terminado al dejar firme la caducidad de la instancia en lo principal, sin posibilidad de que pueda ser revocada o modificada mediante algún medio de impugnación ordinario. Ello, pues es inconcuso que el Juez responsable al desechar el recurso de revocación interpuesto en contra del auto que decreta la caducidad de la instancia, constituye una determinación que pone fin al juicio, pues, sin decidirlo en lo principal lo da por concluido para todos los efectos legales, ya que impide su prosecución o continuación y, por ende, es reclamable en amparo directo. Entonces, es evidente que dicha determinación queda comprendida en el segundo párrafo de la fracción I, del normativo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, y por ende, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, por razón de la vía. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XII, Julio de 1993, página 147, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA LA RESOLUCION QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACION EN CONTRA DEL ACUERDO DE CADUCIDAD DE INSTANCIA. El fallo de la autoridad responsable, en cuanto al recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo declarativo de la caducidad de instancia, constituye una violación de tipo procesal no constitutiva de imposible reparación al no afectar en forma directa derechos sustantivos, sino de carácter intraprocesal, pues sólo los que vulneran los primeros, ya sean personales, reales o del estado civil y sus efectos, son irreparables en el juicio ordinario, aun cuando se obtenga sentencia favorable, porque el menoscabo o perjuicio de los particulares, a consecuencia de tales actuaciones, no serían restituibles en el procedimiento, sino en el juicio de amparo directo, promovido en contra de la sentencia definitiva, de acuerdo con lo establecido en los artículos 158 y 159 de la ley reglamentaria del juicio constitucional." Así también, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J.6/2015 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Y la tesis de jurisprudencia por contradicción 23/92, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 59, Noviembre de 1992, Octava Época, Materia Civil, Página 20, del rubro y texto que dicen: "AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, procede el amparo directo en contra de las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De lo anterior se sigue que la sentencia definitiva de segunda instancia en la que se confirma la de primer grado que declara improcedente la vía ejercitada, dejando a salvo los derechos del actor en el juicio natural, para que los haga valer en la vía que legalmente corresponda, goza de tal naturaleza y por lo mismo es a través del amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en que puede reclamarse, pues aun cuando no resuelvan el fondo de la cuestión principal ejercitada en el juicio, la sola circunstancia de que den por concluido o pongan fin al juicio, es suficiente para que proceda el amparo directo, de acuerdo con la interpretación de las reformas realizadas a los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigentes el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho". Asimismo, la jurisprudencia 139/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, Materia Administrativa, Página 236, del rubro y texto que dicen: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Y en lo conducente, la tesis por contradicción 17/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Materia Común, Página 15, del rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad" Consecuentemente: a) Este juzgado de Distrito declara su legal incompetencia por razón de la vía; por lo que, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte promovente del presente proveído, remítase de inmediato la demanda de amparo que nos ocupa al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en turno, con sede en Ciudad Victoria, para lo que a bien tenga ordenar. b) Solicítese de manera comedida al Tribunal Colegiado que, por turno, le corresponda conocer del presente asunto, se sirva informar si acepta o no conocer de la demanda de amparo, y c) Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y forme el cuaderno de antecedentes para constancia legal. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o por manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones aun las que tengan el carácter de personal, por lista de acuerdos; lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Epigmenio Lara Martínez, con cédula profesional 5755430, y como autorizados en términos del último párrafo del referido precepto, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a Griselda Eunice Laura Martínez, Eduardo Trinidad Flores y Miguel Ángel Herrera, en razón de no encontrarse registrados en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia de que se permita a los delegados de la citada autoridad responsable el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que el o los delegados de la autoridad utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente asunto 178/2017-IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY DE TRANSPARENCIA En otro entorno, se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y del diverso 8º, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la aplicación de la citada ley, las sentencias y resoluciones que causen estado o ejecutoria en este juicio se harán públicas, asimismo, podría oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su aceptación para que se publiquen con dichos datos. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente, y cúmplase.
- Principal
de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, a la parte quejosa Lidia Natalia Delgado Ubaldo, el auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, por lista de acuerdos que se fija en los tableros del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, así como en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (www.cjf.gob.mx), toda vez que la parte interesada no se presentó al Juzgado de mérito, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se dejó el citatorio relativo, en el horario de labores del mismo comprendido de las nueve a las quince horas a notificarse del acuerdo aludido
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