Lidia Muñoz Aguilar
Expediente 1254/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1254/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Lidia Muñoz Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
R E S U E L V E: UNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada ...
- Principal
SE AGREGA(n) INFORME(s) JUSTIFICADO(s) CON QUE SE DA VISTA A LAS PARTES.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe previo de cuenta; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Lidia Muñoz Aguilar, por su propio derecho, contra actos del Juez 1 de Control y/o Juicio Oral, Sala Sede de la Primera Región Judicial en San Luis Potosí y de otras autoridades; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el número 1254/2019-V. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito, en principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que el quejoso les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia con registro 239099, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 18, Tercera Parte, página 159, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Sobre esas bases, de la lectura del escrito de demanda de cuenta se advierte que la quejosa reclama en este juicio constitucional, los siguientes actos: 1. De los Jueces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de Control y/o Juicio Oral, Sala Sede de la Primera Región Judicial en San Luis Potosí: a) La orden de citación. b) La orden de aprehensión, presentación o comparecencia dictada en su contra. Del Comisariado de la Dirección General de Métodos de Investigación y Jefe de Grupo de Aprehensiones adscrita a la Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí, la ejecución de dichas órdenes. Precisado lo anterior, es de señalarse que si la orden de citación reclamada de los Jueces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de Control y/o Juicio Oral, Sala Sede de la Primera Región Judicial en San Luis Potosí, tiene por objeto citar a la quejosa a la audiencia inicial a efecto de formular en su contra la imputación respectiva, en el caso, respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los dispositivos legales invocados, por su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" Al respecto, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, resolvió la contradicción de tesis 141/2018, y precisó que la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal y por lo tanto, en su contra no procede el juicio de amparo. Lo anterior, porque se trata de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de requerir la presencia de la persona investigada para el desarrollo de la audiencia en la que se formalizara la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; y en la que puede ser o no vinculado a proceso, y en su caso, ser sometido a una medida cautelar. Además, de que, en caso de no comparecer justificadamente, se podrá ordenar su comparecencia forzosa, siendo éste acto, futuro de realización incierta Motivos por los cuales, se estimó que la citación para la audiencia de formulación de la imputación, por sí sola no incide en la libertad personal del citado; y en consecuencia, el amparo promovido en su contra es improcedente. El anterior criterio dio origen a la jurisprudencia número 78/2018, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En efecto, de una interpretación conjunta de los artículos 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que previamente a que el Ministerio Público solicite al Juez de Control una orden de comparecencia, debe pedir se cite al imputado a la audiencia inicial, y solo en caso de que éste no atienda el citatorio y no exista justificación alguna, se podrá autorizar ésta. Por su parte, del artículo 211 de la legislación invocada, en relación con el numeral 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene que el proceso penal inicia con la audiencia inicial ante el Juez de Control. De lo hasta aquí expuesto se deduce que si en el caso la citación reclamada tiene por objeto citar al quejoso a la audiencia inicial a efecto de formular en su contra la imputación respectiva, el juicio de amparo que se intenta es improcedente, en tanto que dicho acto reclamado, no afecta su libertad personal, pues constituye una mera comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público; pues como lo estableció la Primera Sala del Máximo Tribunal, la comparecencia forzosa del quejoso constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que éste último no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo cual, el acto de comunicación reclamado no incide en la libertad personal del quejoso. En ese sentido, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida, tratándose de la citación del quejoso a la audiencia inicial en que se le formulará la imputación respectiva, no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertida la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE EL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA", toda vez que se estima no es aplicable al caso en concreto, al referirse ésta al supuesto genérico de que se aperciba con el arresto como medida de apremio, sin embargo, por lo que hace a la citación a audiencia inicial en la que por no asistir, se pueda emitir un acto restrictivo de libertad, como se expuso en párrafos precedentes, ya existe jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de la Nación, que trata específicamente dicha citación, señalando que constituye una mera comunicación y, un acto futuro de realización incierta, el uso de la fuerza pública para forzar al citado a comparecer. Por otra parte, respecto de los actos precisados en el inciso b), con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, IV, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de mérito, así como también respecto de la orden de citación del quejoso, siempre y cuando sea con un carácter diverso al de imputado. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita, y agréguese copia autorizada de este auto a los cuadernos incidentales, para los efectos legales a que haya lugar. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remitan las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que hayan tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Apercibidas de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Solicítese a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 64 de la Ley de la Materia; en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, y el 251 de la citada ley, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizado en términos amplios a Juan José Alonso Hernández, quien cuenta con su cédula profesional 3545266, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para efectos de oír notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que menciona toda vez que así lo solicitó expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto por los artículos 13 y 14 del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico.
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