Lidia Marlet Pérez Peralta
Expediente 985/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/10/2018
Partes del expediente
- Lidia Marlet Pérez Peralta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada por dicho tribunal, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; asimismo, estese a lo resuelto por el Superior quedando al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja interpuesto contra el auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, de acuerdo a las consideraciones establecidas en el último considerando de la presente resolución." En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/ 2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos por la parte quejosa, el cual quedó registrado bajo el número 113/2018, de su índice...I
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa ******; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en esa virtud, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a, 98, 99, primer párrafo, 100 y 101, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto reclamado, más no las violaciones que aduce; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de queja, copia del mismo y las copias certificadas que son necesarias para la substanciación del recurso interpuesto...I
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales **************y por *** , por propio derecho, personalidad que acredita la primera, en términos de los artículos 6º y 10 de la Ley de la materia, con copia del acta de nacimiento de la citada menor, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, se tiene como representante común de la parte quejosa a *** , por así solicitarlo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 985/2018-I, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, el auto de doce de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente *** , de su índice, por el que no dio trámite a la jurisdicción voluntaria que promovió la parte aquí recurrente a efecto de solicitar el cambio de apellido paterno de la menor con iniciales *** Pues bien, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De lo anterior se concluye que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interpongan los quejosos, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes que integren el elenco procesal del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. Asimismo, debe decirse que en torno al principio de definitividad sólo algunos casos y bajo condiciones específicas se surte su excepción, las que prevé la Ley de Amparo, en el ya transcrito numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d); aunado a diversas hipótesis jurisprudenciales, tal como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la tesis publicada en la página 156, Tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; las cuales en el presenta caso no se actualizan. En efecto, el acto reclamado en la presente instancia es un acto susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, a través del recurso de revocación, establecido en el numeral 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ello toda vez que el Título Decimosexto de la Jurisdicción Voluntaria del citado ordenamiento, no dispone expresamente que las resoluciones dictadas en ese tipo de juicios, sean irrecurribles, por tanto, no veda la promoción de recurso alguno; en consecuencia, atendiendo a las reglas generales del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo precitado, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En tal virtud, la parte quejosa está obligada a agotar el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del presente juicio de amparo, al tener como efecto dicho recurso modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, el cual puede otorgar a la solicitante de amparo la enmienda jurídica que pretende y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el principio de definitividad, indispensable para la procedencia del juicio de amparo. Bajo esas premisas, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación que se encuentra previsto en la ley que rige la materia, y tampoco se ubica en algún supuesto de excepción para no hacerlo, pues destaca que los promoventes fueron quienes pretendieron la jurisdicción voluntaria que no fue admitida por la autoridad que señalan como responsable, resulta incuestionable que no cumplieran con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en agotar los medios ordinarios de defensa o recursos previstos por la ley que regula el acto reclamado, que tenga el alcance de revocarlo, nulificarlo o modificarlo, antes de acudir al juicio constitucional que, por naturaleza, es un medio extraordinario de defensa, torna improcedente el presente juicio biinstancial. No se inadvierte que uno de los quejosos es una menor de edad, pero sobre todo, que el acto reclamado es el auto en el que se determina no dar trámite a la jurisdicción voluntaria promovida por la parte quejosa con motivo de la solicitud de cambio de apellido paterno de la menor con iniciales ************., a fin de que se le asigne el apellido *** , que corresponde al promovente ******************; empero, la no admisión a trámite de la jurisdicción voluntaria de que se habla, no revela que la citada infante se encuentre en riesgo. Así es, existe la Jurisprudencia 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, del Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2004677, de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." De dicho criterio jurisprudencial, se observa que la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admite suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Sin embargo, se estima que esas hipótesis de excepción a la regla, es decir, a no agotar el principio de definitividad, no se surten en la especie dado que no se tiene noticia de que la menor involucrada se encuentre frente a un riesgo inminente con la no admisión de la jurisdicción voluntaria de que se trata, en principio, porque el auto que se pretende combatir en esta instancia constitucional, no trae aparejada ejecución alguna, es decir, la menor ********** ya tiene los apellidos *********. y esa circunstancia no se alterará con motivo del acto reclamado. Dicha situación, se advierte del acta de nacimiento emitida por el Registro Civil del Estado de Querétaro, la cual se anexó al escrito de demanda. Además, los ocursantes no revelan que la negativa a admitir la jurisdicción voluntaria que nos ocupa, genera un estado de peligro para la infante *************por lo que aunque el medio ordinario de defensa que se dice, los promoventes debían agotar previo a la promoción del presente juicio de amparo, (recurso de revocación), no prevea la suspensión del acto; queda de manifiesto que uno de los requisitos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se satisface, y por ende, no se actualiza la hipótesis de excepción para hacer procedente la demanda que se analiza en la especie, el riesgo para la menor en caso de ejecutarse el acto reclamado. Bajo tales premisas, se estima que en la especie debió agotarse el principio de definitividad previo a acudir a esta instancia constitucional, por no encontrarse la menor involucrada, en una situación de vulnerabilidad que amerite soslayar esa regla procesal del juicio de amparo. Robustece a lo planteado, la Jurisprudencia 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Finalmente, se toma en consideración que la presente determinación privilegia el interés superior de la menor *** , pues se observan los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el cambio de apellido que pretenden los aquí promoventes, guarda estrecha relación con obligaciones que en su caso David ***************** adquiriría al otorgar su apellido a la menor, las cuales son susceptibles de ser ponderadas en un procedimiento judicial en el que el Juez de instancia analice, con base en el interés superior de la infante, si ello es factible o no; esto es, esos aspectos desnaturalizan el objeto de una jurisdicción voluntaria, cuya característica es la ausencia de puntos de controversia. Ilustra a lo anterior, por identidad de razones, la Jurisprudencia 44/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2001155, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Así también, se invoca la tesis número XXI.1o.45 K, visible en página 307, tomo XIII, febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." Así como la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setecientos cincuenta y dos, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Si contra la resolución reclamada en amparo procedía un recurso ordinario, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso haya hecho valer ese recurso y el mismo le haya sido desechado, porque el consentimiento tácito de esta repulsa, no puede revestirla de legalidad". De manera destacada, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". En consecuencia, ante la actualización de la referida causa de inejercitabilidad de la vía de amparo prevista, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata en términos del artículo 113 de la citada ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12, en relación con el 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a las personas que se refieren. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda; lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.... NP
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