Lidia Jhazmin Aboytes Granados

Expediente 1136/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1136/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Lidia Jhazmin Aboytes Granados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de octubre del año actual, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que se hubiesen inconformado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes Se ordena archivo en mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser depurado en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el primer párrafo del citado numeral 18, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo y el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el análisis del cumplimiento de las sentencias concesorias de amparo es de orden público y, corresponde al órgano jurisdiccional, pronunciarse sobre si se acataron o no los efectos del fallo protector, con independencia de que se desahogue o no la vista. Vista con cumplimiento al fallo protector Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable oficial del registro Civil 01 -autoridad responsable- con residencia en esta ciudad, por lo que procede proveer oficiosamente al respecto, con base en que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Valoración. Con los antecedentes detallados procede valorar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, bajo los términos siguientes: El análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, por el cual se concedió el amparo a la parte quejosa, revela que la autoridad responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental previsto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a través del oficio 1510/2019 aplicó normas que establecen una distinción injustificada que equivale a una exclusión y restricción de sus derechos, lo que les impidió tener acceso a la institución del matrimonio y consecuentemente a la formación de una familia, en contravención a los principios de igualdad, libertad, dignidad y no discriminación. Por lo anterior, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, cuyos efectos de la concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable oficial del registro Civil 01, con sede en esta ciudad, hiciera lo siguiente: Deje insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en el oficio 1510/2019, de quince de noviembre de dos mil diecinueve; y, Emita un nuevo oficio, en el que no deberá aplicar los preceptos reclamados en la parte que establecen que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer y que el mismo tiene como finalidad la perpetuación de la especie y, por ende, deberá acordar favorablemente la solicitud de matrimonio presentada por las quejosas. Ahora, las constancias aportadas en vía de cumplimiento revelan que el oficial del registro Civil 01 en esta ciudad, en esta ciudad, en lo que aquí interesa, emitió un nuevo acto en los términos siguientes: ".Con fecha 28 de febrero de 2020, se dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el Oficio 1510/2019 de fecha 15 de noviembre de dos mil diecinueve, asimismo se emitió un nuevo oficio, número 174/2020, mismo que consta en autos, acatando los lineamientos del fallo constitucional." Así pues, la transcripción precedente revela que la autoridad responsable emitió un nuevo oficio en el que autorizó la celebración del matrimonio de las aquí quejosas; lo que además, es acorde al señalamiento de conformidad manifestado por la parte quejosa. Decisión. En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos los efectos del mismo. En ese contexto, al haberse dado respuesta a la petición de la parte quejosa y haberle notificado la misma, lo cual era en lo que se centraba el otorgamiento de la protección constitucional, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento, ya que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo -acordar favorablemente la solicitud de matrimonio presentada por las quejosas-, por lo cual, se insiste, el fallo protector fue cumplido sin excesos ni defectos. En el entendido de que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dese vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifieste si es su deseo interponer recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el cuarto párrafo del precepto legal 196 de la ley de la materia, esto es, una vez que transcurra el término aludido, sin que se haya interpuesto el medio de defensa indicado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se proveerá respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que aún no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Coordinadora General Jurídica y representante del Gobernador del Estado de Guanajuato, lo cual es necesario para la debida integración del presente asunto; por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Es aplicable por analogía la tesis visible en la página 409 del tomo VII, marzo de 1998, novena época, Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso, y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de alegatos signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en atención a su contenido, téngasele formulando alegatos, en términos de lo indicado en el artículo 124 de la Ley de Amparo. En cuanto a la petición que formula en el sentido de que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, dígasele que en su momento procesal oportuno se resolverá lo que en derecho proceda. Ahora bien, una vez que se dicte sentencia en el presente asunto, expídanse al representante social de esa adscripción copias de la misma, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo.

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