Lidia Fernández Morales

Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Lidia Fernández Morales

Actuaciones

  1. Principal

    "... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que las partes promoventes interpusieran recurso de queja contra el proveído de once de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE PROMOVENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Agréguense a los autos los oficios firmados electrónicamente por los Secretarios del Juzgado Decimoprimero de Distrito el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, en atención al auto de veintiocho de enero del año en curso, informan que la demanda que dio origen al presente asunto es la misma que dio origen a los diversos juicios 3/2021 y 8/20121 de su índice, sin embargo, en proveídos de ocho de enero de dos mil veintiuno, ese órgano jurisdiccional las desechó de plano, por ser manifiesta e indudablemente improcedentes; asimismo, informan que dichos acuerdos quedaron firmes por autos de veinticinco de enero del año en curso. Expuesto lo anterior, se advierte que no se actualiza lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Amparo, dado que se requiere la existencia de dos o más juicios de amparo, pendientes de resolución, en donde exista la misma causa; esto es, identidad completa de quejosos, actos reclamados y autoridades responsables. Por tanto, si se desechó la demanda de amparo y éste causó estado, se sigue que el juicio no está en trámite y mucho menos pendiente de resolución, de ahí que, con independencia de que se trate de los mismos quejosos, acto reclamado y autoridades responsables, no se actualice el presupuesto del numeral en cita, por lo cual el homologo federal no está en aptitud de conocer del presente asunto. En ese sentido, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo presentada por... por tanto, se procede a proveer sobre su admisibilidad: DESECHAMIENTO Ahora, previo a proveer lo pertinente respecto de la admisión o no de la demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ". IV. ACTO RECLAMADO: Se precisan como tales, los actos siguientes: 1. El ilegal, infundado, inmotivado ACUERDO SUPUESTAMENTE EMITIDO POR LAS RESPONSABLES ORDENADORAS EN FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020, QUE SE NOS HICIERA DE CONOCIMIENTO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020, por el cual ORDENAN ELIMINAR LA JORNADA ESPECIAL (llamada acumulada) QUE DESEMPEÑAMOS LAS SUSCRITAS QUEJOSAS en horarios de las 08:00 o las 20:00 horas, los días SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, acuerdo que supuestamente tendrá aplicación a partir del día 09 de enero del 2021; así como la ejecución del acto reclamado. 2. La ineficaz, infundada, inmotivada e ilegal notificación a las suscritas quejosas por vía de "WhatsApp" realizada a las 17:32 horas del día de la fecha 29 de diciembre del 2020, por la responsable JEFA DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA DIRECTOR DE ATENCION MEDICA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ respecto del ACUERDO SUPUESTAMENTE EMITIDO POR LAS RESPONSABLES EN FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020, por el cual LAS RESPONSABLES ORDENAN ELIMINAR LA JORNADA ESPECIAL QUE DESEMPEÑAMOS LAS SUSCRITAS QUEJOSAS en horarios de las 08:00 a las 20:00 horas, los días SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS cuya aplicación iniciará el día 09 de enero del 2021." (Lo subrayado no es de origen) De lo transcrito anteriormente se desprende que sustancialmente las quejosas se duelen de la orden de eliminar la Jornada Especial (también llamada Acumulada) que desempeñan en horarios de las 08:00 a las 20:00 horas, los días sábados, domingos y festivos, de las autoridades señaladas como ordenadoras esto es: Titular de la Secretaría de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz. Director de Atención Medica de Servicios de Salud de Veracruz. Director del Hospital de la Comunidad de Gutiérrez Zamora. Jefa de Enfermeras del Hospital de la Comunidad de Gutiérrez Zamora. En ese contexto, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Del precepto transcrito se desprende que debe reputarse como autoridad al ente que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; esto es, que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Esto es así, pues no basta estimar que los actos reclamados violentan los derechos fundamentales de la parte quejosa, para considerar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ya ha sostenido el criterio de que para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio a que se alude se encuentra inmerso en la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil ochenta y nueve, del Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Materia Común, con número de registro 161133, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En la misma línea interpretativa se orienta la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, con número de registro 199459, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, Materia Común, visible en la página ciento dieciocho, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Además, cabe señalar que conforme a la teoría general del derecho, las relaciones jurídicas pueden ser de coordinación, subordinación y de supraordinación; las primeras son aquellas entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; las segundas, son entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución; y las últimas, se entablan entre órganos del Estado. Bajo esa tesitura, es evidente que la relación establecida entre la quejosa y las autoridades que señaló como responsables en la especie, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado lo constituye, en esencia, eliminar la Jornada Laboral Especial, también llamada Acumulada que desempeñan en horarios de las 08:00 a las 20:00 horas, los días sábados, domingos y festivos, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad; considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. De ahí que resulte claro que los actos atribuidos a las autoridades que denominó como responsables: Titular de la Secretaría de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz. Director de Atención Medica de Servicios de Salud de Veracruz. Director del Hospital de la Comunidad de Gutiérrez Zamora. Jefa de Enfermeras del Hospital de la Comunidad de Gutiérrez Zamora. No son equiparables a uno de autoridad para efectos del amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular; y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dichos entes, por lo que se insiste, es evidente que las autoridades de mérito, no actúan en un plano superior al de las peticionarias de amparo, ni las consideraron como gobernadas, sino que ese acto lo emiten en su calidad de patrón; siendo evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajadoras; por lo que no se está en el caso de tener a aquéllas como responsables para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe ser ventilada conforme a las reglas de la Ley Federal del Trabajo y no conforme a la Ley de Amparo, por lo que debe exigirse ante la Junta Federal correspondiente. Es aplicable a lo anterior la Tesis I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito consultable en la página 1956, del T Tomo III, abril de 2016, Materia Común, Laboral, con número de registro 2011343, correspondiente a la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Es decir, el acto reclamado, en el caso, solo conlleva una actuación propia de la relación privada que une a las quejosas y la Jefa de Enfermeras del Hospital de la Comunidad de Gutiérrez Zamora, señalada como autoridad ejecutora. En tales términos, sobre los actos reclamados por las quejosas a las autoridades responsables se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, aplicado en sentido contrario; por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Finalmente, no pasa inadvertida para este órgano jusrisdiccional la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 829, libro 31, junio de dos mil dieciséis, tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, que expresa: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Hipótesis que no se actualiza en la especie, pues el hecho de que las autoridades señaladas como responsables no sean consideradas como autoridad para efectos del juicio de amparo, se desprende del solo análisis de la demanda, por las razones que se expusieron a lo largo del presente estudio; por tanto, de admitirse ésta respecto de los mismos, este juzgador no llegaría a un convencimiento distinto a partir de su informe justificado ni de las pruebas aportadas. Por lo anterior, se considera que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se debe desechar la demanda de amparo promovida, por no tener el carácter de autoridades responsables, sino de parte patronal. Además de lo expuesto con antelación, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender la tutela del derecho en el amparo excepcionalmente, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones y entonces, se debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento formalmente, ya que la jurisdicción común está restablecida. En otro orden, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna..."

  3. Principal

    "...Agréguense a los autos los oficios del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, en atención a lo solicitado en auto de trece de enero del año en curso, remite copia certificada de los escritos que dieron origen a los juicios de amparo 3/2021 y 8/2021 de su índice. Ahora bien, antes de resolver sobre la admisión del presente juicio, es necesario citar el contenido del artículo 49 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio." Por tanto, toda vez que, de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se advierte que los quejosos... son los mismos promoventes de los diversos juicios en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; remítasele copia certificada de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, así como del auto de radicación al Homologo Federal, para que si ella lo tiene a bien determinar si estima procedente conocer del presente juicio, en términos del artículo 49 de la Ley de Amparo..."

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